Los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que también se inhibió para conocer la solicitud de su madre, María Eugenia Rojas de Moreno.
Así lo señaló la Sección de Apelación del alto tribunal al resolver el recurso interpuesto por ellos después de que Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó, en junio de 2020, su solicitud de sometimiento a la JEP.
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Para el órgano de cierre de la JEP, el conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados y por los que se encuentran privados de la libertad, en relación con el llamado carrusel de la contratación de Bogotá, uno de los principales casos de corrupción del país.
Según la JEP, el conflicto tampoco les dio capacidades para incurrir en las conductas ilegales, ya que estas estaban dadas por su trayectoria política, lo que les permitió acceder a cargos del Estado.
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Además, no hay evidencia de que los dineros apropiados fueran para favorecer a alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado o para obtener una ventaja militar.
"Aunque es claro que los Moreno quieren comparecer ante la JEP y recibir beneficios, su argumento es ser víctimas de un complot de carácter político que, según ellos, se hace evidente en circunstancias que se relacionan con la confrontación armada que por más de 50 años ha vivido Colombia. En ese sentido, advierte la Sección de Apelación, los solicitantes no plantean hipótesis de relación de las conductas que se les atribuyen y el conflicto armado", informó el tribunal transicional.
El 8 de marzo de 2016, casi cuatro años y medio después de la captura de Samuel Moreno Rojas, la justicia emitió la primera condena en contra del exalcalde de Bogotá.
Mauricio Dueñas / EFE
Los desfalcos en la contratación en Bogotá “son una realidad que no es puesta en duda por los solicitantes, además de haber sido comprobada, entre otras, porque quienes se beneficiaron con dichos dineros se sometieron a la justicia y algunos de ellos aún se encuentran privados de su libertad", advierten los magistrados de la Sección de Apelación.
Y agregan: "Al margen de que los solicitantes manifiesten no haber participado en esos desfalcos, se tiene que esos recursos fueron desviados para engrosar el patrimonio de varias personas de manera injustificada, siendo este su móvil determinante”.
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Entre los argumentos expuestos por los solicitantes se habla de la existencia de la operación Amazonas, o que el entonces Presidente de la República señaló a uno de ellos como el candidato de las Farc o que existe una animadversión de múltiples sectores políticos respecto a lo que representó en un momento histórico uno de sus parientes.
Sin embargo, para la JEP, ninguno de ellos puede cambiar el juicio sobre la ausencia del factor material de competencia que realizó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y que validó la Sección de Apelación.
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En el caso particular de su madre, María Eugenia Rojas de Moreno, la JEP concluyó que no se le endilga la comisión de ningún delito que pueda comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Y ella tampoco menciona un crimen en el que esté involucrada, por el cual haya sido vinculada a un proceso penal o del que no tengan noticia las autoridades ordinarias.
En ese sentido, la Sección revocó la decisión de rechazo y en su lugar se inhibió de conocer respecto de su solicitud.
La decisión fue aprobada por 4 magistrados. Hubo un salvamento de voto.
Frente al interés de los postulados de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado a través de su conocimiento y experiencia, la JEP le notificará a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que también hace parte del Sistema Integral para la Paz, para que determine si considera pertinente recibir la declaración de esas personas.
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Precisamente, en agosto de 2019 cuando presentaron por primera vez su caso a la JEP, los Moreno adujeron que querían aportar al esclarecimiento del conflicto armado, presentando unas “líneas de contexto" como herederos del expresidente militar Gustavo Rojas Pinilla, quien otorgó beneficios jurídicos para las guerrillas liberales.
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