'Enfoque de JEP en máximos responsables sí evita que CPI intervenga'

'Enfoque de JEP en máximos responsables sí evita que CPI intervenga'

Moreno-Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, contradice una de las objeciones de Duque.

Luis Moreno-Ocampo

El exfiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, dio su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Foto:

Yomaira Grandett. EL TIEMPO

Por: JUAN CAMILO PEDRAZA
29 de abril 2019 , 11:38 a.m.

El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, al ser consultado por EL TIEMPO, se pronunció en contravía de una de las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

Entre las seis objeciones a esa ley, la última norma que falta por entrar en vigencia para que la JEP opere a plenitud, está una que ha llamado la atención.

Según el presidente Duque, si no se acepta su reparo a que la JEP se concentre en procesar a los máximos responsables, en esta justicia transicional podría generarse impunidad y la CPI podría intervenir en el caso colombiano para investigar, juzgar y sancionar graves crímenes de guerra o de lesa humanidad que cometieron los mandos medios o rasos.

“Buscar que todos los responsables de graves delitos contra la humanidad sean investigados y juzgados, en lugar de debilitar la paz, la fortalece”, afirmó Miguel Ceballos, comisionado para la Paz.

Sin embargo, de acuerdo con Moreno-Ocampo, quien fue el primer fiscal ante el máximo tribunal de justicia transicional en el mundo, Colombia no estaría en la mira de la CPI por el hecho de que solo sean juzgados en la JEP los máximos comandantes de la extinta de la guerrilla de las Farc.

Sobre esta objeción, al contrario de lo que sostiene el gobierno Duque, el exfiscal Moreno-Ocampo es claro: “El Estatuto de Roma (tratado que creo la CPI y que fue ratificado por Colombia) define que la existencia de procedimientos nacionales genuinos impide la intervención de la CPI”. Y en todo caso, este jurista argentino enfatiza que “la política de la CPI es juzgar a los máximos responsables”.

La objeción del presidente Duque sobre este punto es concretamente contra el artículo 19 de la mencionada ley estatutaria, que regula el denominado 'principio de selección' de la justicia transicional.

Según este principio, es posible que la JEP, en particular la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pueda concentrarse en los casos de los máximos responsables de los delitos atroces (ver abajo Este es el artículo completo).

Cabe recordar que la Sala de Reconocimiento, en aplicación de ese principio de selección, es la instancia que ha abierto los casos más importantes para esa justicia. En este momento van siete, el primero fue el de secuestro contra la antigua cúpula de las Farc.

Sin embargo, para Duque, y en esto lo ha apoyado el fiscal general Néstor Humberto Martínez, la norma que introduce el principio de selección en la ley estatutaria no es conveniente. Argumentan que esta implicaría que el Estado renuncie a la persecución penal de mandos medios o rasos, que también cometieron delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, unos delitos que el Estado siempre debería investigar y juzgar.

El reparo de Duque es contra el Parágrafo 2 del artículo 19. En la objeción presidencial, recalca que este “trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables” y que “esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”.

'Juzgar a máximos responsables no es solo aplicable a la exguerrilla'

En su momento, el fiscal Martínez argumento en ese mismo sentido que con esa norma “los autores materiales podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal” y que “eso es inaceptable a la luz de los derechos humanos”. Para él no se puede renunciar a perseguir a los autores materiales con el pretexto de solo juzgar a los máximos responsables.

En todo caso, el exfiscal Moreno-Ocampo es claro en decir que esta política de juzgar a los máximos responsables de la CPI, y que se ha recogido para la JEP, es aplicable no solo para los exjefes guerrilleros, sino también para los comandantes de las Fuerzas Militares.

De hecho, así lo ha pedido la CPI para el caso colombiano. En concreto hablamos del expediente que tiene abierto Colombia en la CPI desde el 2004 por los denominados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales atribuidas a militares y que conoce muy bien Moreno-Ocampo, pues fue el jefe de la Fiscalía ante ese tribunal entre el 2003 y el 2012.

Este jurista dice sobre este caso que ha puesto a Colombia en la mira del tribunal internacional “la CPI sugirió que se investigue la responsabilidad de los mandos superiores en el tema de los ‘falsos positivos’, es decir, investigar a los máximos responsables”.

Esto quiere decir que por el contrario, si en la JEP no se atiende este tipo de advertencias, sí podría llamar la atención de la CPI, esta vez de su actual fiscal Fatou Bensouda, quien hasta el momento ha respaldado las labores de esta justicia transicional derivada del acuerdo de paz con las Farc.

Moreno-Ocampo también es proclive de que se le permita a la JEP funcionar primero, que trate de alcanzar, a través de procedimientos como estos, enfocados en los máximos responsables como es la política de la CPI, una justicia y verdad de manera “genuina”. “La Jurisdicción Especial para la Paz es la que tiene que actuar y donde se van a dirimir los diferentes conflictos del pasado”, afirma Moreno-Ocampo.

Según la Corte Constitucional, lo cierto es que, “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de máximos responsables de delitos que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Esta disposición objetada ya fue avalada por la Corte Constitucional

Si bien es cierto que el Estado no puede renunciar a la investigación, judicialización y sanción de los crímenes de lesa humanidad, sí es posible que se concentre sus esfuerzos en los máximos responsables. De lo contrario, no seleccionar casos para priorizar, generaría de cierto modo un colapso de esa justicia (lo que ha pasado con la justicia ordinaria con los casos del conflicto) y con esta, no se le daría satisfacción a los derechos de las víctimas.

“Se trata de un mandato de maximización de la justicia, dentro de un plazo razonable”, dijo la Corte Constitucional sobre esta disposición que, aunque la critica el presidente Duque y el fiscal Martínez, ya fue avalada, es decir, acorde a la Carta Política.

Para la Corte, es claro que el enfoque “caso a caso es deseable en condiciones óptimas, en que no se hayan presentado hechos masivos y sistemáticos durante largos periodos del conflicto armado”, pero que “en un contexto de justicia transicional, como el colombiano, dicho enfoque puede traer como consecuencia la impunidad de facto”.

El alto tribunal finalmente dijo que esta disposición se ajusta a la Carta Política pues está en consonancia con las obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Además, recalcó la Corte, ya existe jurisprudencia desde el 2013 en el mismo sentido que permite que la justicia transicional se concentre en los máximos responsables. Lo mismo dijo la Corte cuando examinó el acto legislativo 01 de 2012 que introdujo en la justicia transicional el principio de selección en la Constitución bajo el nombre del Marco Jurídico para la Paz.

Este principio que permite juzgar a los máximos responsables, señaló la Corte, “no implica ubicar la selección por encima del derecho de las víctimas y de la sociedad a la justicia pues, por el contrario, en situaciones de violencia masiva la selección es un mecanismo necesario para hacer efectivo dicho derecho que permite, a su vez, superar la tensión entre los derechos a la paz y a la justicia con los derechos de las víctimas”.

Ahora bien, para seleccionar y priorizar, la JEP debe obrar con la debida diligencia, advirtió la Corte. Esto significa que sus magistrados deben hacer una análisis de todas las conductas, ponderarlas, para “centrar sus esfuerzos en los máximos responsables y en quienes tuvieron una participación activa o determinante en los hechos más graves y representativos”.

La Corte ya dejó claro que la renuncia de la acción penal, en este caso aplicable para mandos medios o rasos como consecuencia de la no selección de sus casos, “no es incondicional”
y está sujeta, entre otras cosas y de manera previa, al reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

Moreno-Ocampo concluye sobre esta polémica: “Si no se cumple lo pactado, no va haber chances de hacer acuerdos de paz con ningún otro grupo. Espero que lo de las Farc no vuelva para atrás pues hacia el futuro el presidente Duque debe enfrentar problemas muy serios como el accionar del Eln y el de las Bacrim”.

En la Cámara de Representantes, todas las objeciones presidenciales a la JEP ya fueron derrotadas. Falta su votación, prevista para este lunes en el Senado.


JUAN CAMILO PEDRAZA
En Twitter @JCamiloPedrazaM
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
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