Medidas urgentes para reorientar la JEP

Medidas urgentes para reorientar la JEP

Experto afirma que se requiere revisar sistema de incentivos, porque resulta desbalanceado.

Medidas urgentes para reorientar la JEP

El politólogo y abogado Juan Gabriel Gómez afirmó que todas las audiencias en la JEP deberían ser públicas.

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Joaquín Sarmiento/ AFP

Por: Juan Gabriel Gómez
12 de septiembre 2019 , 08:23 p.m.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los pilares del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las Farc, acuerdo ratificado por el Congreso de la República.

La JEP encarna una novedosa solución al problema de la justicia después de un conflicto armado.
No es de extrañar que esta institución haya sido reconocida en muchos lugares del mundo como ejemplar.

Sin embargo, su actual funcionamiento deja mucho que desear. La JEP requiere de medidas urgentes para reorientar su funcionamiento. De otro modo, corremos el riesgo de que esta institución, en vez de contribuir a la reconciliación de los colombianos, agudice la dinámica de polarización e incivilidad que pervierte actualmente la vida política.

También corremos el riesgo de perder la oportunidad de adquirir valiosa información sobre el funcionamiento de redes criminales y, por último, aunque por ello no menos importante, corremos el riesgo de darle continuidad a una gestión clientelista de los recursos públicos.

Hay tres problemas que ameritan una revisión inmediata de la forma como está funcionando la JEP. El primero es el sistema de incentivos desbalanceado para que unos y otros revelen la verdad de su responsabilidad en el conflicto armado.

El segundo es la ausencia de una línea de investigación y juzgamiento a los miembros de las Farc que se involucraron con el narcotráfico. El tercero es la falta de transparencia acerca de muchas decisiones que toman los magistrados de la JEP, que impide una adecuada demanda de rendición de cuentas de la ciudadanía.

Audiencia Farc JEP

En julio del año pasado se realizó la primera diligencia en la que un grupo de exguerrilleros de las Farc, comparecieron ante la JEP para responder por secuestros.

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Leonardo Muñoz / Archivo EFE

De partida, es preciso llamar la atención al hecho de que las condiciones bajo las cuales los miembros de la Fuerza Pública y los miembros de las Farc se presentan ante la JEP no son las mismas.

Para acogerse a los beneficios de la justicia transicional y quedar libres, los miembros de la Fuerza Pública que llevan menos de 5 años detenidos tienen que contribuir al esclarecimiento de la verdad y deben asumir su responsabilidad. Este incentivo está ausente en el caso de las Farc por la simple razón de que sus integrantes ya están libres.

Así las cosas, es muy probable que ocurra que los casos que involucran a los miembros de la Fuerza Pública avancen con celeridad y produzcan resultados contundentes, mientras que los de las Farc no avancen al mismo ritmo y no esclarezcan adecuadamente su responsabilidad individual en el conflicto.

Este problema está agravado por la decisión de ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’, el ‘Paisa’ y otros líderes de las Farc de incumplir las obligaciones que contrajeron con la firma de los acuerdos de paz. Estos líderes fueron los responsables de muchísimos crímenes, que dejaron una profunda herida en muchas familias colombianas.

Peor aún, el mensaje que han enviado ‘Márquez’ y compañía a aquellos miembros de las Farc que sí han decidido seguir en el proceso de paz ha sido que se abstengan de contar la verdad del conflicto a la JEP y a la Comisión de la Verdad.

En este contexto, no es de extrañar que los miembros de las Farc continúen con su discurso de la responsabilidad colectiva y no digan la verdad acerca de su responsabilidad individual.

La probable conclusión de todo esto es extremandamente preocupante. Corremos el riesgo de terminar con una narrativa del conflicto que destaque los crímenes de un lado y soslaye los del otro. De este modo, con su funcionamiento, la JEP materializaría toda la aprensión y ansiedad que provoca en varios sectores de la sociedad colombiana.

Captura nuevo video Iván Márquez

Los exjefes guerrilleros de las Farc que anunciaron su rearme.

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Captura video

Según tales sectores, su misión sería, supuestamente, permitir a las Farc ganar en el espacio político y judicial lo que nunca pudieron obtener en la lucha contra la Fuerza Pública colombiana.

Semejante resultado, ahora probable, nos alejaría de la paz y la reconciliación, pues introduciría mayores niveles de desconfianza en las instituciones y mantendría abiertas las profundas heridas que hay en la sociedad colombiana.

Si a todo esto le agregamos las filtraciones selectivas y sesgadas que han hecho miembros de la JEP de audiencias con militares, nunca podremos salir de la sospecha de conspiraciones de un grupo contra otro y del faccionalismo propio de verdades sesgadas y reglas que se doblan a favor de unos y en contra de otros.

Hay un remedio que podría servir para ponerle freno a la dinámica anteriomente mencionada: hacer públicas todas las audiencias ante la JEP. Esta propuesta no es ni exótica ni novedosa. Antes bien, era el modo ordinario de funcionamiento de la Jurisdicción de Justicia y Paz, encargada de investigar y juzgar los crímenes cometidos por miembros de grupos paramilitares.

Las audiencias públicas les permitieron a las víctimas confrontar a los victimarios e, incluso, obtener de estos admisiones de responsabilidad y pedidos de perdón, que han contribuido a cerrar muchas heridas.

Gracias al mismo sistema de audiencias públicas se creó un portal de información con el muy acertado nombre de Verdad Abierta. En la actualidad, lo que tenemos es un sistema de Verdad Cerrada, que corre el grave peligro de convertirse en el oxímoron de una Verdad Sesgada.

Patricia Linares, presidente de la JEP; Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, y Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Patricia Linares, presidente de la JEP y Luz Marina Monzón, directora de la UNBD.

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JEP

No sobra agregar que con audiencias públicas la ciudadanía podría hacerle un seguimiento al esclarecimiento de muchas violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario que causaron una profunda conmoción.

De ese modo, tendríamos herramientas para pedirles a todos los actores que participaron en el conflicto el cabal cumplimiento de su obligación de revelar la verdad acerca de su responsabilidad individual. Solo entonces la conclusión de este proceso podría ser que la justicia transicional sí contribuya a la reconciliación de todos los colombianos.

Esta medida debería necesariamente ir acompañada de otra: un detallado plan para proteger a los miembros de las Farc que siguen en el proceso de paz, adecuadamente financiado e implementado. Los colombianos no deberíamos tener duda alguna acerca de la importancia de asumir el costo de este esfuerzo, incluso con impuestos adicionales.

Corremos el riesgo de terminar
con una narrativa del conflicto que destaque los crímenes de un lado y soslaye los del otro

La misma consideración cabe, a propósito, a la protección de otros grupos vulnerables como los líderes sociales que en muchas regiones del país promueven la sustitución de cultivos y la protección del medioambiente.

El punto, en lo que a las Farc se refiere, es que tenemos la obligación política, jurídica y moral de evitar que se repita un proceso de violencia como el que sufrió Esperanza, Paz y Libertad.

Para quienes no tienen en mente lo sucedido, bastaría recordar que quienes de buena fe se vincularon a un proceso de paz durante el gobierno del entonces presidente César Gaviria fueron objeto del ataque sistemático de sus antiguos compañeros de armas. Ese destino sería el que pueden llegar a tener los integrantes de las Farc a manos de las disidencias y de quienes se rearmaron.

El plan de protección a los miembros de las Farc tiene que contemplar, pues, los riesgos de que revelen la verdad a la JEP acerca de su involucramiento individual en crímenes contra muchas personas y también en el crimen del narcotráfico.

Esto último, como lo enuncié al principio, demanda la apertura de una línea de investigación en la JEP expresamente dedicada al asunto. En la actualidad, con el argumento de que este fue un delito amnistiado, la JEP ha dejado de lado este tema. Esto es un error garrafal.

Corte Constitucional entierra las objeciones de Duque a ley estatutaria de la JEP

Corte Constitucional enterró las objeciones de Duque a ley estatutaria de la JEP.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Proporcionar información de primera mano acerca del funcionamiento de las redes del narcotráfico no es solo una de las obligaciones que contrajeron las Farc al suscribir los acuerdos de paz. Es también un asunto de seguridad nacional.

Esa información puede ser vital para comprender el funcionamiento actual de las nuevas redes criminales y para desactivarlas. No sobra reiterar, sin embargo, que la apertura de esta línea de investigación debería ir de la mano de un sólido esquema de seguridad para los miembros de las Farc.

Finalmente, es necesario exigirle a la JEP la más absoluta transparencia en su proceso de selección de personal. El escándalo de las ‘puertas giratorias’ en la rama judicial ha puesto en evidencia la existencia de redes de intercambios de favores que operan con una lógica claramente clientelista.

‘Yo te nombro a fulana aquí y tú me colaboras con esto allá, etc.’ es, desafortudamante, un fenómeno bastante común en muchas áreas del Estado. Con una lógica así no se puede trabajar en procura de un país nuevo.

Por tanto, la JEP debe permitir el continuo escrutinio de la vinculación de quienes se desempeñan como magistrados auxiliares y asesores permanentes, publicando en su sitio web las respectivas hojas de vida de esas personas.

Solo así podrá inmunizarse contra las críticas y, lo más importante, contra la tentación de usar los recursos públicos para distribuir favores y construir clientelas particulares.

JUAN GABRIEL GÓMEZ

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