Condenado por masacre de Punta Coquitos rindió versión en la JEP

Condenado por masacre de Punta Coquitos rindió versión en la JEP

Fue vinculado al caso de Urabá. Se le dio prelación debido a que sufre un cáncer terminal.

Pueblo Bello, Turbo

Los paramilitares al mando de Fidel Castaño Gil cometieron varias masacres en Turbo desde los años 80.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
15 de julio 2020 , 12:19 p.m.

Mario Zuluaga Espinal fue capturado en 2009 en Anserma, Caldas, 21 años después de la masacre por la que fue condenado: la de ‘Punta Coquitos’, ocurrida el 11 de abril de 1988 en el corregimiento Currulao, del municipio de Turbo, Antioquia.

Más de 32 años después, este 13 y 14 de julio, Espinal estaba citado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que rindiera su versión voluntaria sobre estos y otros hechos graves del conflicto de los que conociera. La JEP lo citó después de vincularlo formalmente al caso 04, sobre la situación territorial de Urabá.

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Zuluaga Espinal, conocido con el alias de Francisco Javier, fue condenado en 1991 a 30 años de prisión. En segunda instancia se mantuvo su condena por homicidio con fines terroristas, aunque se le absolvió de los cargos de concierto para delinquir y terrorismo, al comprobarse que él no hacía parte del grupo paramilitar.

De hecho, el hombre, que ahora tiene 68 años y padece un cáncer en fase terminal, fue admitido por la JEP como tercero civil en el conflicto, en marzo de 2019. Se consideró que fue “determinante en un hecho que se consideró grave y representativo” cuando era empresario bananero en esa región del país.

El 11 de abril de 1988, más de 20 hombres armados, al mando de Fidel Castaño, ingresaron a la hacienda San Jorge, propiedad de Mario Zuluaga. En esos predios habían decenas de familias ocupantes. Los paramilitares raptaron a 30 personas, con lo cual causaron también el desplazamiento de las demás.

Luego, de estas, fueron asesinadas 17 personas en Punta Coquitos, a la orilla del mar. Inicialmente encontraron nueve cadáveres con heridas de arma de fuego, pero “al correr los días aparecieron los otros cadáveres en la playa con signos de ahogamiento y algunos inclusive empacados en costales”, según recoge la sentencia de la justicia ordinaria.

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Según la investigación, Zuluaga “concertó con el administrador del predio”, Ricardo Rayo, alias Antonio Carvajal, desmovilizado de las Farc para entonces, “para que con el apoyo de un grupo armado ilegal, con dominio territorial en la región del Magdalena Medio y que extendía su actuar en la región del Urabá antioqueño asesinara a los 17 labriegos ocupantes del predio”, describe la JEP en la decisión que lo vincula al caso 04.

Debido a su situación de salud, Zuluaga Espinal está pagando su condena en casa por cárcel. De hecho, esta situación hizo que la JEP considerara la urgencia y prelación para llamarlo a versión libre, de forma virtual, incluso por solicitud de organizaciones defensoras de derechos humanos que esperan que este aporte verdad ante la justicia especial.

A Zuluaga Espinal le fueron trasladados dos informes que lo mencionan para que los revisara antes de su versión libre. En estos, además de señalar la masacre de Punta Coquitos, se dice que está comprometido con otras graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de las haciendas La Honduras y La Negra, en marzo de 1988.

Los informes también señalan “su papel determinante en el ingreso del grupo de las Autodefensas en la región de Urabá”, por lo que las versiones de Zuluaga resultan de particular interés para la investigación del caso 04.

En el auto en que hace el llamado a versión voluntaria de Zuluaga, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP también crea un cuaderno especial dentro del expediente del caso de Urabá para lo respectivo a los terceros civiles y agentes del Estado diferentes a miembros de la Fuerza Pública.

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