La noticia de que el Tribunal Superior de Bogotá no avaló la petición de la Fiscalía para imputarle cargos al general (r) Mario Montoya no causó sorpresa en la mayoría de sectores.
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Montoya pasó cuatro décadas en el Ejército y fue su comandante durante parte del gobierno de Álvaro Uribe. Hasta noviembre de 2008, cuando renunció en medio de las denuncias que señalaban a militares de asesinar a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate y así 'inflar' sus cifras de éxito y recibir incentivos, entramado criminal conocido como 'falsos positivos'.
Por esos hechos —que, se estima, habrían dejado al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008—, la Fiscalía puso la lupa sobre el general (r) Montoya, a tal punto que a comienzos de 2019 el ente acusador aseguró que estaba listo para imputarle cargos por su responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, pero el proceso se frenó por la entrada del alto oficial a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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El general (r) Mario Montoya fue el comandante del Ejército hasta noviembre del 2008.
Claudia Rubio
Por eso llamó la atención que, después de que se sometió a la justicia transicional y de que participó de dos diligencias allí, la Fiscalía anunciara a finales de julio de 2021 que iba a imputarlo, argumentando que Montoya desobedeció órdenes, destruyó prueba e instauró “una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades”.
Ese proceso se cayó el pasado lunes 30 de agosto, cuando el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la Fiscalía tiene un poder limitado en ese tipo de casos, que puede seguir investigando y acompañando a las víctimas, pero no imputar cargos, y que los resultados de esas investigaciones se deben entregar a la JEP.
Ahora, el proceso seguirá en la jurisdicción transicional, pero las implicaciones de la decisión de frenar la imputación tienen otras consecuencias.
Para Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas del caso 03, la decisión de suspender la imputación de la Fiscalía lleva a que se pierda "la oportunidad de aclarar algunos vacíos y contradicciones que veíamos en las decisiones de la Corte Constitucional sobre el traspaso de competencias de la Fiscalía a la JEP".
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Precisamente, la directiva expedida este año por el fiscal general, Francisco Barbosa, a través de la cual se ordenó seguir los procesos hasta la formulación de imputación buscaba aclarar el alcance de esta entidad en los procesos en manos de la JEP. Según la Fiscalía, la imputación no era una decisión de fondo.
El excomandante del Ejército general Mario Montoya Uribe seguirá en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Carlos Ortega. EL TIEMPO
"De continuar la Fiscalía con estas investigaciones y llegar por lo menos con la imputación de cargos de algunos de estos hechos, se contribuye a que los comparecientes puedan llegar a un escenario de reconocimiento. En el caso de Montoya, aunque hubo un sometimiento voluntario, por no tener un proceso en una fase judicial ulterior, ha llegado a la jurisdicción con una actitud de negar su participación en la política que promovió estos hechos y no reconocer desde ningún punto de vista su responsabilidad", dice el abogado del Cajar.
Aunque la Fiscalía en principio insistió en que tenía competencia para participar en estos casos y formular imputaciones de cargos, no presentó recursos para revertir la decisión del Tribunal Superior que le negó la oportunidad de imputar a Montoya, solicitud que sí fue elevada por los representantes de víctimas.
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En su momento, algunas voces señalaron que la solicitud del ente acusador para imputarle cargos al general Montoya podía representar una garantía futura, en caso de acciones contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o, incluso, contra particulares ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin embargo, para el profesor y abogado internacionalista Santiago Vargas Niño, "un intento de imputación tardía contra el señor Montoya no demostraría que el Estado actuó con diligencia y no violó su deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, según la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
No obstante, a esas instancias solo se llegaría en caso de que no diera frutos el trabajo de la JEP sobre el macrocaso 03, que investiga los 'falsos positivos' y al cual está vinculado el alto oficial.
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El experto resaltó que desde 2012 la Fiscalía de la CPI seleccionó cinco áreas de interés para Colombia —entre ellas los 'falsos positivos'—, que indagan en personas que serían de interés para dicha corte internacional.
"Es un proceso largo y solamente si la Fiscalía de la CPI concluyera que esos procedimientos no satisfacen lo previsto en el artículo 17 del Estatuto de Roma podría solicitar que se abra la investigación formal en Colombia, pero es muy difícil aventurar nombres", dijo el profesor Vargas.
justicia@eltiempo.com
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