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Los cuestionamientos por 'falsos positivos' del general Marcos Pinto
General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo

El mayor general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Segunda División del Ejército.

Foto:

Ejército Nacional

Los cuestionamientos por 'falsos positivos' del general Marcos Pinto

Aparece en mural ‘¿Quién dio la orden?’. Fue citado a rendir versión ante JEP el 25 y el 26 de mayo.

En noviembre de 2019, un mes después de que saliera a la luz el mural ‘¿Quién dio la orden?’ –que mostraba los rostros de varios altos oficiales del Ejército cuestionados por ejecuciones extrajudiciales– un mayor general, con más 34 años de servicio, interpuso una tutela para que se borrara esa obra y sus reproducciones en redes sociales

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Se trata de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, un curtido oficial de arma de infantería que, actualmente, comanda la Segunda División del Ejército.

El pasado 7 de abril, el mayor general fue notificado de un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que rinda su versión en el caso 03, precisamente, sobre los mal llamados ‘falsos positivos’, como se le conoce en Colombia a la execrable práctica de algunos miembros de las Fuerzas Militares que asesinaron civiles para presentarlos como guerrilleros o delincuentes muertos en combate, para así obtener beneficios.

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La imagen del mural '¿Quién dio la orden?' ha sido reproducida por varias organizaciones sociales y de victimas.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Entre 2002 y 2008, según cifras de la JEP, se habrían presentado al menos 6.402 ejecuciones de este tipo.

Entre otros cargos, Pinto ha sido director del Centro de Educación Militar y comandante de dos Brigadas territoriales, cuatro batallones y un Gaula Militar.

La diligencia a la que lo citó el tribunal transicional está relacionada con su comandancia del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, que opera en Huila, entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009.

La JEP tiene conocimiento de que durante dicho periodo fueron reportadas por lo menos 28 muertes de esa unidad militar que corresponderían a casos de 'falsos positivos’.

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Y en declaraciones de soldados de menor rango sobre estas ejecuciones, al menos ocho han mencionado al mayor Pinto. A eso se suma su aparición en informes de la Fiscalía, entidad que en diciembre de 2015 lo interrogó por su presunta participación en estos crímenes.

Hasta el momento, una decena de altos oficiales han sido llamados por la JEP en el marco del caso 03. Incluso, algunos de primera línea de mando, como el general en retiro Mario Montoya, ya se sometieron a la jurisdicción.

Sin embargo, este no es el caso del mayor Marcos Evangelista Pinto, pues él no ha suscrito ningún acta con el tribunal transicional, lo que no es impedimento para la diligencia de aporte de verdad plena a la que fue citado.

Las advertencia de Human Rights Watch

Desde finales de 2016, cuando el por esa época coronel Pinto iba a ser ascendido al rango de brigadier general, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) prendió las alertas y sugirió frenar su nombramiento y el de otros cuatro miembros del Ejército relacionados con casos de ‘falsos positivos’.

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En ese momento, HWR aseguró que “la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

Foto:

Nolan Rada Galindo

Para febrero de 2019, cuando el ya general Pinto era comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá, la organización internacional volvió a pronunciarse.

HRW denunció que entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con jurisdicción en Antioquia. De hecho, esta unidad militar ha sido identificada por la JEP como una de las que más reportó ejecuciones extrajudiciales.

Según el tribunal, la situación en Antioquia fue de tal magnitud que allí se registraron el 25 por ciento del total nacional de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008.

En ese departamento operaron cuatro de los 10 batallones que más casos registraron, y uno de esos es el Atanasio Girardot, durante la comandancia del general Pinto.

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De acuerdo con Human Rights Watch, en 2011 un tribunal condenó a cuatro soldados de esa unidad por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las Farc.

La organización también pone de relieve casos que se registraron cuando el general Pinto pasó a comandar el batallón Magdalena, a finales de 2007.

Apenas un mes después de asumir, el 18 de enero de 2008, soldados de esa unidad militar mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate.

“El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima”.

Según un documento al que tuvo HRW, el general Pinto Lizarazo “certificó un pago de 1’500.000 pesos a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no ‘ofreció’ ninguna información con relación al occiso”.

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En su momento, a propósito del ascenso del general Pinto y otros mandos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.

justicia@eltiempo.com

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