El anonimato con el que se debe guardar el nombre de las víctimas, en especial las de violencia sexual; la manera de contrastar sus testimonios; la forma en que se recaudarán otro tipo de pruebas y el subregistro de denuncias son solo algunos de los retos con los que arranca en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el capítulo atroz del uso de menores durante el conflicto.
Iván González Amado, magistrado que abrió este caso en la justicia transicional y que se concentrará en investigar el reclutamiento y otros delitos contra menores, es consciente de esos desafíos para esclarecer este fenómeno, del cual no ha sido capaz de ocuparse la justicia ordinaria. De 4.219 investigaciones que se han adelantado en la Fiscalía, apenas se reportan 10 sentencias condenatorias.
El magistrado González, en diálogo con EL TIEMPO, explica lo que los colombianos pueden esperar sobre el futuro de este caso.
¿Qué delitos se van a investigar en particular?
No solo el reclutamiento, como acto de incorporar a las filas, sino que también se van a averiguar presuntos hechos que lesionaron los derechos de los niños y niñas reclutados: planificación forzada, abortos forzados, violencia sexual, imposición de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso la desaparición forzada y, eventualmente, la trata de seres humanos.
¿Por qué es el séptimo caso en priorizarse?
Porque instrumentos de derecho internacional, las decisiones de la Corte Constitucional, el propio acuerdo final establecen que el reclutamiento de niños y niñas debe ser prioritario. Además, por su protección especial, por la necesidad de amparar a los más jóvenes de los efectos nocivos de la guerra y para buscar medidas prontas de restablecimiento.
La verdad, consideramos que hay una gran cifra oscura de casos no denunciados, que elevaría las víctimas a unas 10.000
¿Solo se va a vincular a los exjefes de las Farc?
No, también se va a investigar si hay alguna responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública que hayan utilizado niños y niñas en labores propias de la guerra, por ejemplo, como señuelos o gente que acompañó a las tropas al combate para indicar el paradero del enemigo.
Las Fuerzas Armadas han respetado las normas nacionales e internacionales sobre la edad mínima de reclutamiento, pero las Farc, por evidencias que hemos conocido, han violado esas reglas.
¿En qué consistió la política de reclutamiento de la exguerrilla?
Desde la séptima conferencia, en 1982, las Farc establecieron que solo reclutarían personas entre los 15 y los 30 años. Sin embargo, después se elevó la edad mínima de reclutamiento a los 18 años. No hemos encontrado evidencia de que las Farc modificaron esa política en relación con la edad, y sí tenemos relatos de algunos casos en los que personas de 12 y 14 años fueron reclutadas.
A diferencia de los otros casos, ¿qué dificultades tiene este?
La ausencia de información o cruzar información respecto de distintos delitos. Una de las hipótesis será buscar información que nos permita establecer en qué casos los menores reclutados también fueron víctimas de otros delitos, incluso de fusilamientos. Hay relatos que dicen que los menores podían ser ejecutados cuando cometían faltas graves dentro de las Farc.
¿Cuántas víctimas hay?
Un poco más de 5.000. La verdad, consideramos que hay una gran cifra oscura de casos no denunciados, que elevaría las víctimas a unas 10.000.
¿Qué sigue en el caso?
Que las organizaciones de víctimas se acerquen a la JEP a presentar informes. La Sala los contrastará con lo que tiene para determinar cuáles son los posibles responsables, que serán citados y quienes a su turno podrán presentar pruebas o explicaciones. Finalmente, se tomará una decisión.
JUAN CAMILO PEDRAZA
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
EL TIEMPO@JCamiloPedrazaM
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