Los argumentos a favor y en contra de objetar la ley de la JEP

Los argumentos a favor y en contra de objetar la ley de la JEP

Opiniones dividas sobre la conveniencia de que Duque decida no firmar lo ya avalado por la Corte.

Fiscal Néstor Humberto y presidente electo Iván Duque

El fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente Iván Duque.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

Por: Paz
24 de febrero 2019 , 09:55 a.m.

La posibilidad de que el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene caliente la polémica sobre la legalidad y la conveniencia de una decisión en ese sentido.

El Gobierno abrió esa puerta luego de que recibió una carta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con varios reparos a esa ley, y el debate ha sido tan álgido que esta semana hubo dos tendencias en Twitter con posiciones contrarias. Una que le pedía a Duque que no objetara la ley (#DuqueFirmeLaLeyJep) y otra que le pedía que sí lo hiciera (#DuqueObjeteLaJep).

El Fiscal General cuestiona, en primer lugar, que la JEP tenga competencia sobre delitos cuya ejecución haya continuado después del primero de diciembre del 2016 –día en el que entró en vigencia el acuerdo de paz con las Farc–, como el narcotráfico. El caso más notorio es el de Jesús Santrich.

“No es un conflicto de competencias, es que si queda en cabeza de la JEP la perpetuación del narcotráfico, los reinsertados quedan con beneficios. Eso es contrario a la razón y altamente inconveniente”, dijo Martínez.

En su carta a Duque, también manifiesta preocupación por la posibilidad de que desmovilizados que reincidan en el delito no pierdan “todos los beneficios” que da el sometimiento a la JEP. El mayor beneficio es una pena restrictiva de la libertad de entre 5 y 8 años.

Si bien la Fiscalía puede seguir investigando delitos graves del conflicto armado hasta que la JEP –creada para juzgarlos– resuelva sobre ellos, no puede citar a diligencias judiciales a los investigados.

En este sentido, el Fiscal se pregunta: “¿cómo vamos a continuar con las investigaciones si no podemos citar a interrogatorios, a diligencias ante jueces de garantías? La investigación quedaría prácticamente eunuca”, puntualizó Martínez.
Por último, expuso que tal como quedó la ley, graves delitos que cometieron guerrilleros rasos podrían quedar en la impunidad. Esto, porque la JEP puede concentrarse en castigar a los máximos responsables.

El debate jurídico y político

En términos jurídicos, la polémica sobre la eventual objeción presidencial de la ley estatutaria de la JEP se ha centrado en la legalidad de reparar sobre una norma ya revisada por la Corte Constitucional, última instancia judicial en Colombia.
Y en términos políticos, el debate ha sido por los efectos que eso puede tener en los avances de la JEP y en la consolidación de la paz con las Farc.

Juristas y constitucionalistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que Duque no puede objetar la Ley Estatutaria por temas jurídicos, pero que sí puede hacerlo alegando razones de inconveniencia para el país.

“Que la ley sea constitucional no quiere decir que sea conveniente. Objetarla es legítimo”, afirma el experto en derecho constitucional Jaime Castro.

Incluso, sostiene que el Gobierno no puede pasar por alto las reservas que presentó el Fiscal, independientemente de que considere que tiene o no razón, por ser la primera autoridad judicial en materia de política criminal del país.

En todo caso, Castro afirma que “las objeciones del Presidente no obligan al Congreso, que puede considerar que la ley estatutaria es conveniente, y en ese caso el Gobierno tiene que sancionarla”.

También el constitucionalista Juan Manuel Charry afirma que Duque puede objetar la ley por inconveniencia, pero, a su juicio, debería ser una objeción a la totalidad de la ley, y no parcial. Cree que en este caso no puede ser de solo unos artículos por la manera en que quedó tras el fallo de la Corte Constitucional.

El abogado Iván Cancino, quien también defiende la posibilidad de objetar de Duque,  dice que lo puede hacer "por inconveniencia porque no le conviene al país que la ley mantenga lo que ha dicho el Fiscal en sus reparos" o, agrega, "porque insiste en que no puede haber derechos políticos para delincuentes de lesa humanidad". 

Y el exmagistrado de la Corte José Gregorio Hernández piensa que el camino del Gobierno para objetar la ley es “solo la inconveniencia”, aunque dice que es difícil que prospere y por eso agrega que “si se requieren reformas, podría presentar un proyecto de reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó la JEP".

En otra orilla está, por ejemplo, el procurador general, Fernando Carrillo, quien afirma que la ley estatutaria de la JEP no puede objetarse ni con el argumento de la inconveniencia porque durante su trámite, vía fast-track, “el Gobierno tenía potestad para definir los criterios normativos e incorporar modificaciones, precisamente para garantizar la celeridad en el trámite y sustituir el expediente ordinario de las objeciones por inconveniencia”.

En el mismo sentido, uno de los autores de la JEP –contribuyó en su diseño–, Juan Carlos Henao, actual rector del Externado, afirma que “aceptar la objeción por la dudosa vía de la vía de la inconveniencia sería una burda forma de desconocer el control de constitucionalidad ya realizado”.

Henao cree que la objeción no serviría para nada porque la Corte tendría que volver a estudiar la conformidad con la Constitución de cualquier nueva palabra que se introduzca al texto de la ley, y llegaría “inexorablemente” a la misma conclusión que llegó y expresó en la sentencia en la que avaló la ley.

De igual forma, el exministro de Justicia Yesid Reyes anota que “ya la Corte dijo que las normas que menciona el Fiscal son contrarias a la Constitución”.

Y agrega que objetar
la ley estatutaria de la JEP “no solo es contrario a la Constitución, sino al compromiso internacional que adquirió Colombia de respetar el acuerdo de paz”.

Partidos, a la expectativa

Más allá del debate jurídico, se ha generado toda una discusión política entre los sectores conservadores y liberales y de centro e izquierda con asiento en el Congreso.
Por ejemplo, mientras el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, afirma que aunque hay que evaluar la conveniencia de objetar la ley, una vez el presidente Duque tome su decisión hay que “respetarla”.

Y el senador de Cambio Radical Antonio Luis Zabaraín dice que ese partido espera la decisión del Presidente para adoptar una posición de bancada.

Mientras tanto, el senador por la Alianza Verde Antanas Mockus afirma que “lo que tiene que hacer el Presidente es seguir adelante, porque la Corte ya se pronunció”.

Finalmente, la posición del director del partido Farc, Rodrigo Londoño, es que “el presidente (Duque) ha planteado que va a hacer un Gobierno dentro de la legalidad, y objetar la ley de la JEP es salirse de la legalidad”.

REDACCIÓN PAZ
@PazyJusticiaET

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