En manos de la Corte Constitucional está resolver el más reciente choque entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación por la competencia sobre los bienes no reportados por las Farc, luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le enviara una dura carta a esa corte pidiéndole que dirima el conflicto de competencias sobre ese asunto.
Frente al tema, la JEP se pronunció diciendo que espera que la Corte aclare el conflicto y que le de la razón sobre los bienes de la exguerrilla. Mientras que desde Popayán el Fiscal reiteró que los bienes incautados a las Farc deben seguir el camino de la extinción de dominio y que la JEP no puede cambiar eso y que la Corte le va a dar la razón.
La Fiscalía aseguró que no le puede entregar esa información a la JEP porque es reservada, y porque hace parte de las propiedades que están en procesos de extinción de dominio y que, según el ente acusador, no fueron entregadas por las Farc en el inventario que hicieron para reparar a las víctimas del conflicto armado.
Según el documento que la Fiscalía le envió a la Corte Constitucional, conocido por EL TIEMPO, “los bienes identificados por la Fiscalía General” escapan de la competencia de la JEP.
Sin embargo, este no es el único 'encontrón' que han tenido las dos entidades.
El pasado 4 de octubre la JEP alertó sobre la indebida intromisión de la Fiscalía en el caso 001 que abrió esa jurisdicción, que es sobre secuestro.
Ese día un agente de policía judicial fue a la JEP con una orden judicial para practicar una inspección judicial al caso y se llevó el expediente de forma digital. Además, notificó a la presidenta de la Sala que lleva el caso que debería responder a una entrevista para que informara sobre el trámite adelantado.
Unas horas después el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ordenó revocar la decisión del fiscal que investiga las supuestas irregularidades en la JEP y que buscaba obtener información de ese proceso así como entrevistar a una magistrada de esa jurisdicción.
El fiscal aseguró además que el expediente, que fue solicitado sin su autorización, no alcanzó a entrar a la entidad y que se había regresado a la JEP.
Poco después de este caso se realizó una cumbre interinstitucional entre la Fiscalía, la JEP, el Ministerio de Justicia y otras entidades para 'limar asperezas' y en la que se acordó crear una mesa técnica para buscar soluciones a los asuntos que distanciaban a las dos jurisdicciones.
Otro de los casos en los que la JEP y la Fiscalía han tenido diferencias es el de la extradición de alias Jesús Santrich, quien fue pedido por Estados Unidos que lo investiga por un caso de narcotráfico.
Aunque la Fiscalía lo capturó debido a esa solicitud, la extradición del exguerrillero no es segura puesto que la JEP es la que debe determinar si los hechos por los que es acusado Santrich ocurrieron antes o después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz (primero de diciembre del 2016), para finalmente decidir si se le aplica la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo o si pasa a la jurisdicción ordinaria.
En ese proceso, la JEP le solicitó a la Fiscalía las pruebas en audio y video que tuviera en contra del exjefe guerrillero, a lo que el ente acusador dijo que no las tenía porque estaban en poder de Estados Unidos pero le envío audios audios de las investigaciones en Colombia que demostrarían la cercanía de Marlon Marín, quien hoy está en EE. UU. enfrentando a la justicia de ese país, con Santrich.
De acuerdo con la JEP, el plazo para decidir sobre la extradicción o no de Santrich vence en los primeros 15 días de noviembre.
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