Los argumentos de la JEP para ir a buscar al 'paisa' a Caquetá

Los argumentos de la JEP para ir a buscar al 'paisa' a Caquetá

Investigadores avanzan en Miravalle para dar con su paradero. Esa justicia suma apoyos diplomáticos.

Paisa

Hernán Darío Velásquez, alias 'Paisa'.

Foto:

Cortesía oficina del Comisionado

Por: JUSTICIA
06 de febrero 2019 , 10:30 a.m.

Si bien la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consistente en buscar a Hernán Dario Velásquez, conocido como el 'paisa', ha sido considerada como 'laxa' por los críticos de esa justicia dado que el exjefe guerrillero de las Farc no ha respondido los requerimientos que se le han hecho, los magistrados en esta decisión argumentaron tener un sustento legal atendiendo el carácter transicional de este modelo judicial nuevo para el país.

Así lo dejaron claro en las decisiones, conocidas por EL TIEMPO, de la Sala de Reconocimiento de Verdad del 6 de diciembre y del 22 de enero que confirma la orden sobre este tema.

En cumplimiento de esos autos una comisión de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, conocida como la Fiscalía de ese modelo transicional, dispuso esta semana un equipo de investigadores para que dé con el paradero del exjefe guerrillero del que no se tiene noticias desde agosto pasado.

Los magistrados de esa Sala de Reconocimiento, instancia de este esquema de justicia transicional que tramita en contra del 'paisa' un incidente para verificar si está cumpliendo sus compromisos derivados del acuerdo de paz- hablan de que esta prueba es “pertinente, útil y necesaria con el objeto de verificar de manera rigurosa el cumplimiento del Régimen de Condicionalidad”, que contempla las obligaciones de debe observar el 'paisa' por haber hecho parte del proceso de paz. 

Se sabe que el exjefe guerrillero estuvo hasta agosto en Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí lideraba la reincorporación de unos 90 excombatientes, pero en distintas cartas que ha enviado desde la clandestinidad, junto con Iván Márquez, argumentó que debió salir de esa zona porque temía por su seguridad y alegando también falta de garantías en cuanto a su seguridad jurídica. 

En razón a ello, el equipo de investigadores de la Fiscalía de la JEP tendrá que ir hasta esa zona ubicada a unas tres horas del casco urbano de San Vicente para recoger evidencia de cuales fueron las últimas labores del 'paisa' y que se sabe de su paradero.

Lo que encuentre esa comisión se deberá anexar formalmente al proceso en contra del exjefe guerrillero y en el cual se expone a perder los beneficios de esta justicia especial. En los próximas días deberá hacerlo.

"El juez transicional tiene la potestad y el deber de recabar todas las pruebas que sean necesarias para esclarecer la verdad de lo sucedido", se lee en la decisión de la JEP.


Entre las tareas encomendadas por el director de la Unidad de Investigación y Acusación están las de hablar con el batallón del Ejército y la Unidad de Policía para la Paz que prestan seguridad en el sitio, también con los verificadores internacionales de la ONU y coordinadores en terreno de la Agencia de Reincorporación y Normalización.  

La JEP enfatiza que tiene "la competencia para verificar el cumplimiento de todas las condiciones para acceder y mantener los beneficios propios del sistema, incluyendo y para el caso concreto en particular, las garantías de no repetición como condiciones esenciales de acceso. Es la JEP la encargada de administrar los tratamientos especiales de justicia y la competente para verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso y mantenimiento de los mismos".

La Sala de Reconocimiento además ordenó al ministerio de Defensa "allegar información sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando del señor Hernán Darío Velásquez".

Un argumento central de la decisión es que la justicia transicional, entendida como tal, se debe preocupar por maximizar los objetivos de garantizar una transición hacia la paz, garantizando los derechos en su funcionamiento, "de lo contrario, podría correrse el riesgo de mantener o eliminar beneficios a ciertos comparecientes en detrimento del cumplimiento de los fines". 

Embajadores apoyan recientes decisiones de la justicia especial

Tras esta decisión y la de Jesús Santrich -en la que extendió 20 días más el plazo para que recibir pruebas que tiene EE. UU. en contra del exjefe guerrillero y que fundamentan su pedido de extradición después de las demoras del Ministerio de Justicia para tramitar la solicitud-, la JEP ha recibido apoyos de distintos embajadores en Colombia.

El embajador francés Gautier Mignot señaló: "Total apoyo. Como cualquier tribunal, en un país democrático, la JEP necesita respeto por su independencia y sus decisiones. Especialmente ahora que se va a enfrentar con casos particularmente difíciles".

Esa declaración la hizo después de que la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, pidió a la justicia especial "facilitar la extradición de Santrich". "Colombia no puede tener una actitud ambigua frente a lo que ha sido siempre una determinación del Estado colombiano, extraditar a todos los narcotraficantes que sabemos cuánto daño le han hecho a este país", dijo Ramírez.

Además del embajador francés, el enviado especial de la Unión Europea en Colombia para el proceso de paz, el irlandés Eamon Gilmore, dijo: "la Unión Europea considera que el trabajo de la JEP es de gran importancia para implementar el Acuerdo de Paz y garantizar justicia a las víctimas. Apoyamos su independencia".

"La Jep no tiene nada que ver con la impunidad, no tiene nada que ver con la venganza. La Jurisdicción Especial se trata de la paz", señaló por su parte el embajador canadiense Marcel Lebleu.  


REDACCIÓN PAZ
@PazyJusticiaET

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