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Los alegatos de Santrich y su defensa para que no lo extraditen
Eduardo Matyas

Eduardo Matyas (centro), uno de los abogados de Jesús Santrich en el trámite de la garantía de no extradición que solicitó el exjefe guerrillero.

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@Sandino Victoria

Los alegatos de Santrich y su defensa para que no lo extraditen

En su argumentación final aseguran que en ningún audio o video él aparece hablando de narcotráfico.

Dentro del trámite que se adelanta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de definir si Jesús Santrich no debe ser extraditado o si esa extradición le corresponde decidirla a la Corte Suprema de Justicia, el exjefe guerrillero y su defensa presentaron los últimos alegatos en los que argumentan que "no hay pruebas de que haya cometido una conducta ilícita" y, en consecuencia, piden que se decrete su "libertad inmediata". 

El propio Santrich, en un memorial de conclusiones que dirigió a los magistrados de la sección de Revisión que llevan este caso, insistió en que las acusaciones de conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína
por el cual es requerido por Estados Unidos son "un burdo montaje de la DEA y del fiscal Néstor Humberto Martínez".

Habla de un acto de "entrampamiento" por agentes estadounidenses y dice que en ningún audio y video dentro de su proceso hay constancia de que él haya pronunciado palabras relacionadas con conductas de narcotráfico. 

El exjefe guerrillero afirmó ante la JEP en sus alegatos  finales que Estados Unidos está interesado en su extradición por lo que contempló el acuerdo de paz,
suscrito en 2016, en materia de lucha contra las drogas: la proscripción del glifosato y la política de sustitución de cultivos ilícitos. Según Santrich, esto era el sello que calificaba la guerra contra las drogas, de la política estadounidense, como un "fracaso".

Agregó que desde las negociaciones de La Habana, los entonces jefes de las Farc fueron "conscientes de que la herramienta de la extradición sería usada contra la antigua comandancia guerrillera para someterla y traicionarla una vez obtenido su desarme, en continuidad de la política de guerra jurídica basada en el derecho penal del enemigo que ha consumido la conciencia jurídica del país".

Por eso, añadió, se le debe aplicar la garantía de no extradición solicitada y contemplada en el mismo acuerdo de paz.

Para Santrich, su eventual extradición " en definitiva no apunta solo al doblegamiento de la comandancia y actual dirigencia del partido Farc, sino que pesa como una espada de Damocles contra la existencia misma de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Proceso de Paz en su conjunto".

"Es absolutamente claro que, para el caso de la extradición, para que la Jurisdicción Especial establezca si los hechos que dieron causa a la solicitud son posteriores a la firma del Acuerdo Final suscrito entre las Farc-Ep y el Estado Colombiano en noviembre de 2016, lo primero que hay que establecer – y lo debe hacer la JEP- es si el hecho se cometió o no se cometió, partiendo obviamente de la presunción de inocencia y del principio de favorabilidad que rige todas las actuaciones de la JEP, y no de una presunción de culpabilidad", señaló.

Desde luego para Santrich, esto se contempló de esta manera, un trámite distinto de aquel de la justicia ordinaria, en el cual, considera, ha habido "laxitud" para la extradición de colombianos frente a cualquier requerimiento. También, aseguró, por "la inexistencia misma tratado vigente al respecto".

Múltiples veces he retado al Fiscal a que haga pública dicha grabación. Tengo la certeza de que los contenidos en audio del video dejan absolutamente claro que allí no se habló de narcotráfico

'Mi relación con Marlon Marín': explicación de Santrich sobre los hechos

Frente a los hechos que se le atribuyen, dice que su relación con Marlon Marín - primo de Iván Márquez y quien fue capturado por presuntamente estar involucrado en este caso, y quien hoy está colaborando con la justicia estadounidense-, se dio en un contexto de "atender a amistades, personalidades del ámbito social y político, estudiantes, empresarios interesados en apoyar de algún modo y por distintos intereses iniciativas en el campo de la Paz, que estaban en efervescencia en los primeros meses posteriores a la firma del Acuerdo Final".

Santrich agrega que en la casa donde fue capturado el 9 de abril del 2018, y y en las otras que habitó anteriormente en Bogotá donde se habrían hecho esas supuestas reuniones para planear el envío de cocaína a Estados Unidos, "atendía desde asuntos cotidianos o de trámite, hasta encuentros sociales, políticos, periodistas e incluso ministros del Gobierno y funcionarios de todo nivel".

"En las residencias siempre hubo a la entrada guardia policial las 24 horas. En las casas había guardia policial, cámaras de vigilancia y en su interior permanecía de personal designado por la Unidad Nacional de Protección", anotó.

El exjefe guerrillero aseguró también que "Marín era simplemente otro promotor de proyectos productivos en medio de decenas de particulares que se nos acercaban en aquellos días en medio de amigos de la paz, empresarios, dirigentes políticos y sociales, o a veces simples oportunistas, que orbitaban alrededor de los organismos de la implementación".

El exjefe guerrillero también señaló ante la JEP que no recuerda personalmente a los empresarios Armando Gómez España y Fabio Younes
, capturados por supuestamente estar relacionados con su caso. Esa justicia se declaró no competente para analizar su pedido de extradición por no estar acreditados como miembros de la exguerrilla. 

Sobre el afiche que firmó en una reunión del 2 de noviembre de 2017 dirigido a Rafael Caro, narcotraficante mexicano, Santrich alegó que solo tenía conocimiento de que era el jefe de una empresa familiar que estaba apoyando la implementación del acuerdo de paz. 

Aunque ese día, afirmó Santrich, quien le pidió la firma de ese afiche fue alguien que aseguró ser el hijo de Rafael Caro, para él "hoy es claro que quien lo pidió fue un agente de la DEA y no un empresario, pero de manera absoluta, con este sujeto y sus acompañantes hablamos breve y exclusivamente de proyectos productivos, como de manera indudable constaría en cualquier grabación que se hubiese hecho de aquella reunión".

Y se refiere a este episodio en sus alegatos porque, según él, "el famoso afiche fue presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez como una prueba fehaciente e incontrovertible de mi amistad y relacionamiento con los capos de los carteles mexicanos".

Santrich también relató sobre otro encuentro en el que supuestamente, de acuerdo de lo señalado en el indictment de una Corte del Sur de Nueva York, fraguó el envío de la carga de droga: "El día 9 de febrero de 2018 sobre las 5:30 a. m. llegó Marlon Marín a mi residencia acompañado de los dos extranjeros qué me había presentado en la reunión pasada del 2 de noviembre. En esta reunión hablaron ellos de las inversiones que se harían en las Granjas Econativas, proyecto en el que venía trabajando Marlon Marín".

"En dicha reunión no hubo entrega de ningún material, dinero, instrumentos o documentos. La DEA y el Fiscal General han dicho que ellos poseen una grabación de esta conversación. Múltiples veces he retado al Fiscal General a que haga pública dicha grabación. Tengo la plena certeza y conciencia de que los contenidos en audio del video dejan absolutamente claro y sin lugar a equívocos, que allí no se habló de ningún tipo de transacción licita o ilícita, mucho menos de negocios de narcotráfico, como falsamente los argumentan los determinadores del montaje en mi contra".

Santrich concluyó ante los magistrados de la JEP, tras reafirmar su compromiso con las víctimas del conflicto, que: "No soy un traqueto, soy un revolucionario". 

En este caso, la Procuraduría, en sus alegatos de conclusión pidió que no se le aplique a Santrich la garantía de no extradición, pues la presunta conducta ocurrió luego del primero de diciembre del 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo de paz y por lo tanto la JEP no es competente sobre esas conductas atribuidas a exguerrilleros luego de esa fecha. 

En consecuencia, el Ministerio Público, a través de su delegada Mónica Cifuentes, solicitó que este requerimiento de Estados Unidos sea analizado por la Corte Suprema de Justicia, como a cualquier ciudadano. 

La sección de Revisión de la JEP se tomará unos días para analizar los alegatos de las partes. Un magistrado ponente elaborará la ponencia y luego se discutirá en sala, para tomar una decisión. 

REDACCIÓN PAZ@PazyJusticiaET

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