Las plegarias por verdad y justicia de las Madres de Soacha a la JEP

“Padre nuestro que estás en el cielo…” Se reúnen en un círculo, se abrazan. Visten camisetas que las identifican como las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo). “Santificado sea tu nombre…” Cierran los ojos mientras elevan su plegaria, minutos antes de comenzar una audiencia de cerca de seis horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo…” En el auditorio, controvierten las versiones de 31 militares sobre los asesinatos de sus hijos, esposos y hermanos.

“Danos hoy nuestro pan de cada día…” Hablan de cómo las pérdidas de sus familiares, jóvenes humildes que vivían en Soacha y el sur de Bogotá, les rompieron la vida, la salud, y la familia. “Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden…” Insisten, un relato tras otro, en que ellos no eran guerrilleros, como los hicieron pasar. No fueron bajas en combate. “No nos dejes caer en tentación…” Han pasado más de 10 años en todos los casos, y siguen pidiendo la verdad, ahora, ante la JEP, la justicia para la paz en la que ahora depositan su confianza.

De 155 versiones que ha recibido la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, 31 cuentan los hechos relacionados con los jóvenes de Soacha y el sur de Bogotá que fueron pasados por guerrilleros en Santander y Norte de Santander. Todas son de militares que integraban la Brigada Móvil 15 y el batallón de infantería Francisco de Paula Santander.

Este jueves, por primera vez, las madres, hermanas y esposas de esos jóvenes fueron escuchadas -todas juntas- por una instancia judicial para hacer sus comentarios a las versiones que dieron los militares que buscan que la JEP los cobije con beneficios judiciales. Esa justicia abrió el caso 003 para investigar los ‘falsos positivos’. Allí, 314 víctimas han sido acreditadas y seis regiones priorizadas: Antioquia, Meta, Cesar, Casanare, Huila y el Catatumbo, en Norte de Santander, donde aparecieron en 2008 los cuerpos sin vida de los hijos de las mujeres que se han convertido en la cara más visible y emblemática de las víctimas de estos delitos.

"Tras 11 años de lucha por encontrar la verdad y la justicia, he encontrado que los asesinatos de nuestros hermanos, esposos, hijos, hacían parte de una política de Estado criminal que era general y sistemática. Yo siempre me he preguntado: ¿quiénes se beneficiaron por los casos de miles de jóvenes asesinados en este país?”, increpó Kelly Jhoana Ruiz.

A su esposo, Andrés Pesca, se lo llevaron a los 27 años, el 27 de febrero del 2008. Seis meses tardó en encontrarlo. A los militares les dijeron que les quitaran los documentos, para que fuera más difícil que los encontraran. El 28 de agosto de ese año la llamaron para decirle que el cadáver de Andrés estaba en Cimitarra, Santander.
Según Medicina Legal, su esposo, padre de dos hijos, murió el 5 de marzo de ese año.

A Kelly Jhoana le cuesta creer en las versiones de los militares. “No creo en lo que están diciendo”, dice. Todavía no sabe cómo es que su esposo, un taxista calmado, temeroso, “comprometido con su familia, excelente hijo, buen hermano”, terminó en el Magdalena Medio señalado de ser guerrillero. No sabe quién ni cómo lo engañó para que se fuera, si es que eso sucedió, o si se lo llevaron por la fuerza. “Para mí ha sido muy difícil explicarle a mi hijo de 13 años qué le pasó a su papá”, contó ante una audiencia que se conmovió con su llanto.

Los 20 minutos que tuvo cada una fueron pocos comparados con las horas que tuvieron los militares para dar sus versiones, y así se lo hicieron sentir a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Aun así, cumpliendo con la rigidez del tiempo, contaron quiénes eran sus familiares y cuestionaron la verdad que todavía sienten que les falta.

“Nosotros queremos que llamen también a los que han llamado a dar indagatoria, en el caso mío ninguno lo ha hecho ni lo han nombrado. No veo verdades, no veo sinceridad, no veo ese amor de ellos para decir la verdad y que nos pidan perdón público. Queremos que ellos nos pidan perdón público”.

Así habló Soraida Isabel Muñoz, madre de Jony Duván Soto Muñoz, el sexto de siete hijos. “Fue un niño hiperactivo, le gustaba el fútbol. Su meta era el Ejército, amaba al Ejército y prestó servicio en San José del Guaviare”, contó.

Soraida se detuvo en hacer explícita la ironía. Sabe quién lo mató el 12 de septiembre del 2008, pero no sabe por qué. Tenía 21 años y soñaba con ser militar. Su sueño lo llevó a contactarse con Alexander Carretero, uno de los reclutadores de ‘falsos positivos’, quien le prometió ayudarlo a seguir su carrera como soldado. Ella nunca estuvo de acuerdo con ese camino. “Yo no estoy hablando de que todos en el Ejército son criminales, pero sí que dentro del Ejército hay muchas manzanas podridas y dentro de esos están los que mataron a nuestros hijos”.

Entre las 31 versiones recibidas hasta ahora por la JEP hay desde soldados rasos hasta generales. Pero las víctimas creen que faltan más.

Así lo hizo saber Anderson Rodríguez Valencia, hermano del joven Jaime Estiben Valencia, de 16 años, a quien encontraron asesinado en Ocaña, Norte de Santander. “¿Por qué no son sinceros y claros con la verdad? ¿Por qué no nombran a los más altos mandos? Dicen que la presión venía de arriba, ¿de arriba de quiénes?”, preguntó Anderson y cuestionó si han aportado suficiente como para conseguir los beneficios jurídicos que podrían llegar a obtener en la JEP.

“He visto a una sola persona que ha aportado harto y eso es bonito, ahí es donde uno dice, bueno, hay personas que sí aceptan y están hablando de corazón. Eso es bonito porque lo que queremos es la verdad”, concluyó Rodríguez.

A fuerza de decepciones, la esperanza trastabilló por momentos. “¿Qué lleguemos a saber la verdad? Yo lo dudo”, dijo Luz Ángela Garzón. Su hermano se llamaba Eduardo Garzón Páez, tenía 33 años y tres hijos. ¿Tenía errores? “Sí, claro”. ¿Malgeniado? “Sí, claro”. Pero era la base de la familia.

Ella siente que perdió a su consejero, que desde que lo asesinaron le toca estrellarse sola contra el mundo y sola se levanta. Él, que hizo su educación básica en un colegio militar, también terminó en el cementerio de Cimitarra pasado por guerrillero, junto a Andrés Pesca, el esposo de Kelly Jhoana. “Él no era guerrillero, tenía errores, pero no era guerrillero. Si me preguntan quién se los llevó y cómo fue, no lo sé. Dios y los que los mataron son los únicos que saben la verdad de lo que pasó”.

Los relatos de los familiares retratan el particularísimo dolor de cada uno, pero también dibujan líneas en común que sugieren patrones.

“Su único pecado era ser humildes y vivir en el sur. Eso les da a ciertas personas vernos como posibles candidatos para que cometan crímenes, nos hace vulnerables”, dijo Beatriz Méndez Piñeros, quien dio cuenta de dos de los casos de los que más tiempo ha pasado: a su hijo Weimar Armando Castro Méndez, y su sobrino Edward Rincón Méndez los mataron el 21 de junio del 2004, cuatro años antes de que, desde Soacha, se comenzara a hablar de un fenómeno de alcance nacional.

“A ellos no los uniformaron, los disfrazaron. Y la Fiscalía tiene esos ‘chiros’ hace 15 años. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha investigado? ¿Por qué el proceso de nosotros fue a dar a Neiva? ¿Por qué tocó cambiar de fiscal? Dan reportes de 30 impactos en cada cuerpo ¿Por qué tanta sevicia? ¿Por qué se encarnizaron tanto con esos dos jóvenes?”. Las preguntas de Beatriz quedaron suspendidas en el recinto a la espera de unas respuestas que no sabe si encontrará.

La JEP sabe que hay patrones en estos casos, pero también advierte que los son distintos en cada región. Así lo explicó la magistrada Catalina Díaz al final de la audiencia: mientras que Soacha ilustra una operación de reclutamiento de jóvenes en zonas vulnerables, similar a lo que ocurrió en Medellín con personas captadas en el Parque Berrio que fueron asesinadas después en el oriente antioqueño, en regiones como el Catatumbo operó más la modalidad de ‘lista negra’ contra quienes eran señalados de ser “colaboradores” de criminales.

“¿Con quién tengo yo que reconciliarme? ¿A quién tengo yo que perdonar? ¿Al que disparó? ¿Al que se lo llevó? ¿Al que pudo haber detenido las muertes de todos nuestros hijos? ¿A las instituciones que no nos quisieron atender”, preguntó Luz Marina Bernal.

Luz Marina no olvida que cuando empezó a denunciar la desaparición de su hijo, Fair Leonardo Porras, de 26 años, con discapacidades cognitivas y limitaciones de movimiento en el lado derecho de su cuerpo, algunos funcionarios le decían que “seguro estaba en Girardot pasando bueno con la novia”. Desapareció el 8 de enero del 2008, lo asesinaron el 12 de enero siguiente, pero ella no recibió la llamada que le pedía que fuera a identificarlo hasta Ocaña sino hasta septiembre de ese año. “Ah, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista?”, cuenta ella que le preguntó el fiscal.

Para las Madres de Soacha –que son también esposas, hermanas, hermanos, hijos– es claro que la verdad sobre lo que pasó con sus hijos no se acaba en el brazo que sostuvo el arma que los asesinó. Ni siquiera en el uniforme de quien haya dado la orden. Consideran que hubo irregularidades que deben ser investigadas.

“Un juez militar pudo haber tenido toda la inteligencia para darse cuenta de que algo estaba pasando. Me disculpan, pero esos jueces, o son cómplices, o son brutos. Igual debió hacerlo el CTI. Era muy fácil darse cuenta de que algo estaba pasando”.

A Jaqueline Castillo Peña, quien hizo estos cuestionamientos, todavía le faltan piezas en lo que pasó con su hermano Jaime Castillo Peña, desaparecido el 10 de agosto del 2008 de Soacha, cuando tenía 42 años.

Sus preguntas no se agotan allí: “¿Por qué razón, si Jaime es muerto el 12 de agosto, las fotos del levantamiento tienen fecha del 14 de agosto? No entiendo qué pasó en esos dos días. Es muy raro que la misma médica forense haya firmado la gran mayoría de actas de levantamiento de los familiares y no es coherente que diga que recibió el cuerpo con flacidez, cuando después de 24 horas un cuerpo está totalmente tieso”.

La magistrada Díaz y la sala de la JEP recogieron estas preguntas y todas las demás que hicieron los 15 familiares que hablaron. Algunas de estas solicitudes fueron llamar a otros implicados que no han comparecido todavía, y lo pueden hacer con los militares como sus jueces naturales, pero es más difícil frente a los civiles, cuya comparecencia es voluntaria, pero tienen verdad para aportar sobre todo el proceso judicial y forense posterior a las ejecuciones; también sobre la verdad de los reclutadores, así como sobre las ambigüedades, verdades a medias o contradicciones en que hubieran incurrido los militares que ya hablaron.

“Pero también nos han dicho que hay algunos que han mostrado humildad y contrición de corazón y eso nos permite reconocer la humanidad en el otro”, dijo la magistrada Díaz, quien prometió rigurosidad en el proceso de contrastación que se viene con cada versión para determinar si los militares merecen o no las penas alternativas de la JEP.

Pero allí no se agotan las peticiones y necesidades de las Madres de Soacha. La exención del servicio militar a los hijos y sobrinos de los hombres que fueron asesinados por miembros del Ejército fue una exigencia sentida y común. Algunos de ellos, según contaron, ya lo están prestando, contra su voluntad y con todo lo que significa emocionalmente portar el mismo uniforme que portaban los perpetradores de los crímenes contra sus familiares.

“Yo tengo cinco nietos. Nunca han tenido libreta militar porque cuando los cogen en el camión yo voy y me les presento. Con el dolor que tengo les digo que mi hijo prestó el servicio militar y me lo mató el Ejército. Yo creo que nadie de mi familia debe ser obligado a prestar servicio militar y exigimos las libretas de estos jóvenes”, les dijo Soraida Isabel a los magistrados, quienes le respondieron que ese es un derecho de todas las víctimas del conflicto y que buscarán que se les respete.

La familia es lo que buscan proteger ahora, pero también es lo que perdieron con los asesinatos de sus hijos.

“Nosotros ya no tenemos vida, ¿por qué ellos (los militares), sí? Hoy pueden levantarse con sus hijos, con sus esposas, libres. ¿Y nosotros?”, se cuestionó Luz Ángela. Con la fuerza que contenía el llanto, dijo que le mataron a su mamá en vida cuando mataron a Eduardo. Algunos de ellos incluso han visto rotos sus lazos familiares.

Mientras los familiares siguen buscando verdad, otros sienten temor de que les pueda pasar algo. Así le sucede a Anderson: “Si buscando la verdad tengo que perder mi vida, no me importa”, dijo, no sin pedir protección “por lo que está pasando y por lo que va a pasar más adelante”.

Ante las amenazas, todos –y todas, sobre todo todas– se pegan de sus convicciones religiosas. Ante las amenazas, piden protección a la JEP, pero también se pegan de Dios, que es su “mejor abogado”, como dice Gloria Astrid Martínez, la madre de Daniel Alexander Martínez, desaparecido el 6 de febrero del 2008 de Soacha, cuando tenía 22 años, y hallado en Ocaña en octubre de ese año. “Yo también he perdonado, porque perdonar es sanar”, dijo ella.

Ahora, los familiares también están en manos de la JEP, les dijo a los magistrados Luz Edilma Palacio, madre de dos hijos asesinados: uno por paramilitares y otro, Jader Andrés Palacio Bustamante, cuatro años después, por militares. Es la única instancia judicial en la que les queda confianza hoy.

“Y líbranos del mal. Amén”.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @LopezJuanDa