Las claves de la Corte para resolver el caso de Jesús Santrich

Las claves de la Corte para resolver el caso de Jesús Santrich

Alto tribunal publicó la decisión que definió quién tiene la competencia en trámite de extradición.

Jesús Santrich

‘Jesús Santrich’, líder de las Farc.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

17 de julio 2018 , 03:09 p.m.

Hace tres semanas la Corte Constitucional resolvió un conflicto de competencias frente a la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por narcotráfico.  

Esta semana el alto tribunal hizo público el auto de esa decisión, que tiene varios mensajes para la Fiscalía General, y para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre lo que puede y no puede hacer al evaluar las solicitudes de extradición de guerrilleros que se sometieron a esa justicia.

1. Confictos de competencia los resuelve la Corte Constitucional

El alto tribunal aseguró que la corporación habilitada para resolver los conflictos de competencia entre la JEP y la jurisdicción ordinaria es la Corte Constitucional.

Esto porque la Corte ya había tumbado un artículo de la ley que creó la JEP y que decretaba que los conflictos los definía una nueva Sala Incidental en la que tenían participación tres magistrados de la misma JEP, y tres de la Corte. 

La Corte tomó esa decisión considerando que el esquema de resolución de conflictos de competencias que traía la ley que creó la JEP "anula el principio de separación de poderes, ya que se hace radicar en la propia JEP el poder decisorio en estos conflictos, en su propio beneficio". ​

2. La JEP es la competente para conocer solicitudes de extradición de guerrilleros en esa justicia

La Corte aseguró que si se argumenta la comisión de delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final con el fin de solicitar la extradición, "la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz deberá precisar la fecha en la cual se cometió la conducta punible"

Para esto, dice la Corte, la JEP tiene un plazo no superior a 120 días “salvo en casos justificados que dependan de la colaboración con otras instituciones” .

La Corte dice, entonces, que no se puede autorizar la extradiciónde un miembro acreditado de pertenecer a las Farc que se sometió al sistema acordado con el gobierno, "sin la previa verificación de la JEP en relación con la fecha de ocurrencia de la conducta, aun cuando los hechos que se imputan sean posteriores al marco de competencia temporal que esta jurisdicción, para efectos de hacer efectiva la competencia atribuida a su Sala de Revisión, en los precisos términos de la disposición citada". 

3. Escenarios frente a una solicitud de extradición

La Corte Constitucional aseguró que como el Acto Legislativo 01 del 2017 que creó la JEP estableció la garantía de no extradición para los guerrilleros que hicieron parte del acuerdo de paz con el gobierno, esa esa instancia la que debe evaluar si se le puede o no dar esa garantía a una persona que es requerida por otro país. 

Si un exguerrillero es requerido por hechos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 (es decir, antes de la firma del acuerdo de paz), la extradición no es procedente, ni tampoco las medidas de aseguramiento con esos fines. 

En el caso de que un exguerrillero sea requerido por hechos que sucedieron antes de firmar el acuerdo de paz, pero cuyos efectos jurídicos se prolongaron hasta después de la fecha de la firma. La Corte dice que esos hechos serán conocidos por la justicia ordinaria sólo en el caso en el que se trate de bienes de las Farc que no fueron incluidos por la exguerrilla en el inventario definitivo de activos. 

Otro caso se da cuando las conductas son posteriores a la firma del acuerdo pero tienen una relación estrecha con el proceso de dejación de armas, situaciones en las que también se aplicará la garantía de no extradición. 

Y el último caso es el de conductas cometidas después de firmar el acuerdo de paz, caso en el que el procedimiento lo debe llevar la jurisdicción ordinaria, pero permitiendo que la Sección de Revisión de la JEP se pronuncie sobre si se debe o no aplicar la garantía de no extradición. 

4.¿Quiénes no pueden ser extraditados? 

Las personas que fueron integrantes de las Farc, acusados de delitos anteriores a la firma del Acuerdo Final. 

El Acto Legislativo 01 del 2017 también extendió ese beneficio para los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los integrantes de las Farc a los que se les acuse de participar de esa organización. 

"Es menester señalar que esta garantía solo es aplicable para aquellos integrantes de las Farc que se hayan sometido al Sistema de Verdad, Reparación y Justicia que creó el acuerdo de paz, y que acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, hayan dejado las armas y firmado las respectivas actas de compromiso, por lo que no basta con invocar las hipótesis anteriormente señaladas, sino que se requiere demostrar su compromiso con todo el SIVJRNR", dice la Corte. 

La segunda exigencia para no ser extraditado es que el delito haya sido cometido "con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado". 

Y la tercera exigencia es la temporalidad, es decir, que la conducta haya sido anterior al 1 de diciembre del 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz, "salvo las excepciones relacionadas con los delitos cometidos con posterioridad a esta fecha que encuentren un vínculo estrecho con el proceso de dejación de armas o de aquellos de ejecución permanente". 

5. Competencia para capturar a exguerrilleros pedidos en extradición es de la Fiscalía

La Corte aseguró que la norma que creó la JEP "no alteró la competencia del Fiscal General de la Nación en materia de captura con fines de extradición". 

En ese sentido, es la Fiscalía la autoridad competente para disponer las capturas de los exguerrilleros que son requeridos por otros países. Así, cuando en la Circular Roja de Interpol se pueda establecer "en principio, que los mismos fueron cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, resulta viable la captura de quien es solicitado en extradición, como un mecanismo que garantice la comparecencia de esta persona al proceso". 

La Corte asegura que "la Fiscalía General de la Nación no ha perdido competencia para emitir las órdenes de captura con fines de extradición, simplemente existe una presunción de temporalidad de la fecha alegada en los documentos que requieren en extradición a una persona y por lo tanto se debe asumir un estudio preliminar por parte de este órgano". 

La Corte también asegura que la libertad solo procede cuando la solicitud de extradición es rechazada, o cuando se vencen los términos para que el país que requiere al exguerrillero formalice su solicitud. 

Y si la JEP, tras "evaluar la conducta y precisar con exactitud la fecha de realización de la misma", decide que el hecho es de su competencia por ser anterior a la firma del acuerdo, le comunicará esa decisión al Fiscal General para que adopte la decisió´n correspondiente y deje al exguerrillero en libertad. 

6. Qué debe hacer la JEP al evaluar una solicitud de extradición

La Corte asegura que si la JEP, tras hacer la evaluación correspondiente de la fecha de la conducta por la que un exguerrillero es requerido, determina que el presunto delito sucedió antes de la firma del acuerdo de paz, el caso será remitido a la Sala de Reconocimiento de esa justicia para que se lleve el proceso en la misma JEP, excluyendo la extradición. 

Pero si el delito es posterior  y la conducta no está ligada a la dejación de armas, la Sección de Revisión "deberá dejar a la persona a órdenes de la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. 

La Corte dice que la JEP tiene 120 días para
evaluar "la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado". 

Para esto, la Corte dice que la JEP "podrá decretar todas las pruebas necesarias de conformidad con las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política". Esta determinación de la Corte implica que el artículo que se incluyó en la ley estatutaria que impide practicar pruebas frente a las solicitudes de extradición de exguerrilleros podría ser declarado inconstitucional más adelante, cuando la Corte haga su revisión. 

La JEP podrá decretar todas las pruebas necesarias de conformidad con las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política

JEP no puede suspender solicitudes de extradición

La Corte Constitucional tumbó un artículo del reglamento general de la JEP que establecía que una vez la Sección de Revisión declare que tiene el conocimiento de una solicitud de extradición, "el trámite de extradición se suspenderá y pondrá esta situación en conocimiento de las autoridades competentes". 

La Corte tumbó esa norma considerando que esa parte de su reglamento es "inaplicable por desconocer los principios consagrados en el artículo 133 de la Constitución, norma que prevé la separación entre las Ramas del Poder Público y la colaboración armónica entre las mismas". 

Así, la Corte dice que esa parte de su reglamento no tuvo en cuenta que la Constitución impone el deber en cada órgano del Estado de "actuar en su función constitucional, pero en armonía con las demás instituciones, para el logro de los fines del Estado". 

JUSTICIA

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