Las medidas que podría tomar la JEP por desaparecidos en Hidroituango

Las medidas que podría tomar la JEP por desaparecidos en Hidroituango

Este martes y miércoles habrá audiencia pública en Medellín. EPM, Fiscalía y Farc están citados.

Hidroituango

La zona alrededor del proyecto Hidroituango fue y sigue siendo impactada por actores armados.

Foto:

Cortesía EPM

Por: Juan David López Morales
08 de octubre 2019 , 09:06 a.m.

Bajarán los cadáveres por el río Cauca. Como lo hicieron durante años, pescadores y barequeros los rescatarán de las aguas, los llevarán a tierra firme y los enterrarán, porque si fueran ellos quienes flotan sobre el cauce, les gustaría que hicieran lo mismo con sus cuerpos.

Con esta representación del movimiento Ríos Vivos de cómo salvaban a los desaparecidos del agua en la zona de influencia del proyecto Hidroituango comenzará este martes la audiencia pública en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará los argumentos para decidir si decreta medidas cautelares sobre las zonas donde se presume que permanecen cientos de desaparecidos.

Una de las preguntas que surgen sobre la diligencia es si la JEP podría tomar medidas que afecten al megaproyecto. Pero esa no necesariamente es la pregunta más importante. ¿Hay un riesgo inminente sobre espacios donde habría cuerpos inhumados? Esa es, en realidad, la pregunta que busca responderse en la audiencia.

Desde agosto del 2018, organizaciones lideradas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó a la JEP una solicitud de medidas cautelares sobre 16 lugares donde se presume que hay personas desaparecidas, en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.

En particular, sobre Hidroituango, pidieron “realizar las gestiones necesarias para que se suspendan los procesos de explotación minero energéticas y otras que ponen en riesgo la conservación de las personas dadas por desaparecidas”. Además, pidieron medidas de protección de los cementerios municipales donde hay restos de personas no identificadas.

En septiembre del mismo año, la JEP decidió estudiar estas medidas. La de esta semana es la segunda audiencia, después de la que hizo, también en Medellín, por el caso de los desaparecidos en la Comuna 13, caso que también está incluido en las 16 zonas.

¿Qué podría decidir la JEP?

Las medidas cautelares buscan garantizar “la protección de la verdad de las víctimas de desaparición forzada”, lo que incluye saber qué sucedió con las personas y el lugar de ubicación de los cuerpos, explica el magistrado Gustavo Salazar, de la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, encargada del estudio de las medidas. Estas se toman “cuando hay algo que amenaza esa información, por acción humana o natural”, agrega.

Por eso, antes de decidir si toma o no medidas cautelares, la JEP tendrá que establecer cuáles son los riesgos existentes en estos municipios y su gravedad, bien sea por el deterioro de los lugares a causa del represamiento del río Cauca, por la construcción de otras obras relacionadas con el proyecto o por irregularidades en los manejos de cuerpos en cementerios y sitios de inhumación.

Hasta ahora han podido establecer “con una aproximación bastante alta” los lugares donde posiblemente permanecerían enterradas personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado. Si determinan que sí existen riesgos, entrarían a evaluar “qué medida es necesaria para evitar que el riesgo se consume”, explica el magistrado.

Queremos que nos digan cuántos son, que se rescaten esos cuerpos, que haya identificación y entrega digna a los familiares

Otra preocupación adicional del movimiento Ríos Vivos son los más de 100 derrumbes en las zonas de ladera de la represa, que podrían afectar terrenos donde, según la información precisa que tienen, hay cuerpos enterrados. También, la erosión que puede causar aguas abajo que el nivel del río Cauca suba y baje intermitentemente.

Las medidas de la JEP podrían ir desde el encerramiento de las zonas hasta pedirles a las Alcaldías municipales que no muevan los cuerpos de los cementerios sin orden judicial. Pero un punto particularmente álgido de esta solicitud tiene que ver con la represa misma, pues las organizaciones piden “que se disminuya el nivel de inundación del río hasta que se llegue a esos sitios” donde habría personas enterradas.

El magistrado Salazar asegura que la posibilidad de ordenar que se vacíe la represa “ni siquiera está sobre la mesa en este momento” y que han asumido el proyecto hidroeléctrico como un hecho que ya está dado. 

En todo caso, el magistrado considera que tras esta audiencia es posible que todavía no tengan información suficiente para decidir las medidas cautelares. Frente a lo que surja en ese espacio, la JEP entraría a pedir más información a los intervinientes, entre los que están no solo la Fiscalía General y EPM, sino también la fundación de gestión social Socya y las alcaldías de los municipios.

Por otro lado, hay riesgos asociados a la persistencia del conflicto en la región. En la zona delinquen tanto el Eln, como el clan del Golfo y grupos residuales del frente 36 de las Farc. Desde 2013, cuatro líderes y seis familiares de los integrantes de Ríos Vivos han sido asesinados, a otros dos intentaron asesinarlos, además han sufrido distintos tipos de ataques, explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento, quien también menciona las amenazas colectivas a más de 30 personas.

Después de la audiencia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que también estará en la audiencia, dará a la JEP su concepto sobre los posibles riesgos en la zona para buscar personas desaparecidas. También es posible que venga otra audiencia pública, ya no sobre la zona de Hidroituango, sino sobre San Onofre, Sucre, donde han detectado que de los cementerios fueron sacados cuerpos e incluso quemadas algunas de sus partes, explica Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

Hidroituango es apenas uno de los 16 lugares sobre los cuales se solicitaron medidas cautelares, por lo que

Cuántos son los desaparecidos

“Queremos que nos digan cuántos son, que se rescaten esos cuerpos, que haya identificación y entrega digna a los familiares y que se nos den garantías de seguridad a nosotros y a los testigos que saben dónde hay fosas”, explica Isabel Zuleta.

La JEP busca determinar si las exhumaciones hechas antes del inundado del proyecto Hidroituango fueron suficientes respecto a la totalidad de víctimas en la zona. Así lo explica el magistrado Salazar.

Los datos de referencia son los del Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, que registra en su base de datos 894 casos de desaparición en los 12 municipios de influencia de la represa: Yarumal, Santa Fe de Antioquia, San Andrés de Cuerquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Valdivia, Briceño, Toledo, Sabanalarga, Peque e Ituango.

La JEP ha priorizado el estudio de los últimos seis, que son los de mayor cercanía a la represa, pero Salazar explica que la situación de Valdivia, al estar aguas abajo, es un poco distinta, por lo que se priorizó el estudio de los cinco más inmediatos. Las bases de datos indican que, con Valdivia, los casos de desaparición ascienden a 596, y sin Valdivia a 397.

Pero las organizaciones de víctimas, y en particular Ríos Vivos, consideran que hay subregistro y que pueden ser más las personas desaparecidas. En su petición a la JEP señalaron que, aunque la UARIV registra 629 casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016 en esa zona, solo a la estructura paramilitar Bloque Mineros, que actuó en el Norte y bajo Cauca de Antioquia, se le imputaron 1.150 desapariciones en el proceso de Justicia y Paz.

El año pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía aseguró que investigaba 502 casos de desaparición forzada y que había exhumado 159 cuerpos como resultado de diligencias de Justicia y Paz e identificado a 85. Un esfuerzo “mínimo”, para Ríos Vivos.

“Necesitamos que nos digan realmente cuál es el consolidado como Estado, no como instituciones aisladas”, dice Zuleta, pues cada entidad maneja números distintos. Además, piden que se consoliden las cifras con la información que tengan los miembros de la antigua guerrilla de las Farc, a quienes este lunes la JEP les reiteró su solicitud de información que tengan sobre personas desaparecidas en los seis municipios.

El magistrado Salazar asegura que su labor como JEP no es decantar el universo de víctimas, pero que los datos les sirven como referente “para tratar de determinar si el universo de personas exhumadas es suficiente”. De acuerdo con un informe de la ONG Human Rights Everywhere, “dependiendo de la fuente, se puede asegurar que en la zona quedan entre 500 y 900 personas desaparecidas sin localizar ni exhumar”.

Luz Marina Monzón lo resume así: “para la sociedad civil hay sitios de disposición de cuerpos que están en riesgo, para las instituciones locales y la Fiscalía, esos cuerpos ya fueron sacados, entonces no hay ningún riesgo. Ahí es donde está el debate.”

Encuentro Ríos Vivos

El movimiento Ríos Vivos defiende, desde el 2009, los intereses de las comunidades en la zona de Hidroituango.

Foto:

Prensa Ríos Vivos

No se trata solo de hallar cuerpos

El reto en Hidroituango va más allá de establecer cuántas personas siguen inhumadas en la zona. También se trata de saber si los cuerpos de las personas sin identificar en los cementerios de la zona se han manejado correctamente o se han mezclado con otros. Por ejemplo, la Fiscalía tendrá que rendir informe del proceso de traslado de los cementerios del corregimiento de Orobajo, en Sabanalarga, y Barbacoas, en Peque, que fueron movidos antes de que fueran inundados por la represa. “Necesitamos saber si allí pueden estar personas desaparecidas”, pide Zuleta.

El año pasado, los indígenas del Cabildo Nutabe, en Orobajo, denunciaron que sus tumbas habían sido profanadas. EPM respondió que había consultado a las comunidades y que el traslado de cementerios había sido a petición de estas, aunque los indígenas aseguran que a ellos no se les consultó. Este tipo de denuncias también son de interés de los magistrados que adelantarán la audiencia, pues no se trata solo de la recuperación de cuerpos de personas desaparecidas, sino del respeto de las necesidades simbólicas de las comunidades y las víctimas.

Otro ejemplo de esto son los puentes La Garrucha y Pescadero, que fueron destruidos en la inundación y eran importantes para las comunidades porque desde allí los grupos armados lanzaban al río los cuerpos de las personas que desaparecían. “Es como si se borrara la memoria de las personas desaparecidas. Ahí hay unas afectaciones de tipo simbólico que la gente también reclama. ¿EPM entró en consideración de esos elementos simbólicos? Es parte de lo que tiene que responder en la audiencia”, explica.

Y si no lo tuvo en consideración, la JEP podría tomar decisiones frente a cualquier institución que haya fallado frente a estas peticiones. “Nosotros somos una justicia restaurativa”, concluye Salazar.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redacción Justicia
En Twitter: @LopezJuanDa

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