La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ordenó a los altos funcionarios del Gobierno encargados de los temas de protección a excombatientes de las Farc tomar medidas para que no se sigan presentando asesinatos y otras amenazas contra las personas que firmaron la paz con el Estado colombiano.
Según ha informado el partido Farc, a la fecha 222 excombatientes han sido asesinados desde la firma del proceso de paz, en 2016.
Las órdenes, dictadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP tras dos audiencias con los excombatientes e instituciones estatales, van dirigidas al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
En primer lugar, le ordena al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que en máximo 10 días convoque a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) para que en máximo 60 días reglamente y ponga en funcionamiento el programa de protección integral para quienes pertenecen al movimiento político Farc, como ordenó el decreto 895 de 2017, pues su ausencia “contribuye a la fragmentación y desarticulación de las garantías de seguridad”.
También le ordena a esa entidad, que ejerce la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que en 60 días remita los lineamientos y el Plan de Acción de la política pública y criminal para el desmantelamiento de organizaciones o conductas criminales.
Según el análisis de la JEP, “la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, aunque se ha reunido 16 veces como lo presentó en su informe el Alto Comisionado para la Paz, no cumple con los parámetros de periodicidad de las reuniones conforme el decreto respectivo”.
El Alto Comisionado debe realizar las gestiones para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes de Farc, según el decreto 895 de 2017, y convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
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Por otro lado, ordenó a la Consejería para la Consolidación Estabilización, a cargo de Emilio Archila, que convoque a la Mesa Técnica de Protección para resolver en 20 días las solicitudes de análisis de riesgo pendientes, identificar y gestionar los recursos para formular e implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección en 60 días, y diseñar y aprobar en máximo 90 días un plan para completar la plata de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, de acuerdo con lo aprobado en el decreto 301 de 2017.
Archila también debe remitir en cinco días los diagnósticos de la Consejería sobre los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las Nuevas Áreas de Reincorporación.
Entre tanto, la Unidad Nacional de Protección tiene que impulsar la adopción e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, además de implementar, en no más de 20 días, las medidas de protección aprobadas que estén pendientes de entrega total o parcial.
Ese mismo plazo tiene para evalúar el riesgo e implementar medidas que respondan a la solicitud de Farc de proteger a los miembros de la cooperativa Daincoop, en Uribe, Meta, de donde tuvieron que desplazarse.
La UNP deberá enviar informes sobre el cumplimiento de estas órdenes a la JEP cada 10 días. Finalmente, la JEP vinculó al Ministerio de Hacienda para que informe sobre los rubros de estos programas.
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Estas órdenes se dan en el proceso del estudio de medidas cautelares de oficio que la JEP inició el pasado 29 de abril, no solo por los riesgos que corren los excombatientes de las Farc, sino también los miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante esa justicia transicional.
A la fecha no se conoce un borrador de política pública para el desmantelamiento, ni propuestas alternativas que tengan por objetivo fortalecer la capacidad del Estado...
En el proceso fueron vinculadas varias entidades. Por ejemplo, la Procuraduría le respondió a la JEP que pese a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad venía sesionando, "a la fecha no se conoce un borrador de política pública para el desmantelamiento, ni propuestas alternativas que tengan por objetivo fortalecer la capacidad del Estado para desarticular y desmantelar el accionar de las organizaciones criminales y sus redes que, como lo indican las cifras, vienen incrementándose en presencia y número en los territorios del país".
La Procuraduría también señaló que la planta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger a las Farc no está completa y que les preocupa "la escasez de personal para realizar los análisis de riesgo y dar respuesta a las más de 400 solicitudes de esquemas de protección pendientes. Las demoras en la repuesta a las solicitudes afectan las garantías de seguridad de exmiembros de las Farc".
Por su parte, la Consejería para la Consolidación y la Estabilización, de la cual es objeto la decisión de la JEP, informó en el trámite de las medidas que el Estado está comprometido con la protección de los excombatientes y que operan 248 esquemas de seguridad que benefician a 348 personas.
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Por su parte, el partido Farc dijo a la JEP que "ni el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, ni el Programa de Protección para organizaciones políticas declaradas en oposición, así como tampoco el Programa de protección colectiva, han sido implementados."
También aseguraron que hay un número importante de esquemas de seguridad aprobados que "no se encuentran implementados" y otros que "funcionan incompletos a causa de la falta de nombramiento de los agentes escoltas que están pendientes."
La JEP también recibió información de la Fiscalía, de la Agencia Nacional de Reincorporación, y tuvo en cuenta los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que han expuesto de forma reiterada el riesgo que corren los antiguos guerrilleros de las Farc, ahora en reincorporación.
En su estudio, la JEP referenció jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que los reinsertados "son merecedores de una especial protección por parte del Estado" por su especial nivel de riesgo.
La JEP determinó la gravedad de la situación referenciando que entre el momento en que se comenzó este estudio, y el 15 de julio, 25 personas más de las antiguas Farc fueron asesinadas, al pasar de 193 a 218 en ese momento.
Tuvo en cuenta, para valorar esta gravedad, que la justicia ordinaria ha emitido varias sentencias de tutela ordenando a la UNP proteger a excombatientes y que los crímenes contra estos no solo afectan la garantía de su derecho a la vida, sino de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
"La muerte de los comparecientes afecta gravemente el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado, pues les impide cumplir con su obligación de aportar verdad plena en todas las etapas de los procedimientos ante la JEP", asegura el tribunal en su decisión.
En últimas, la JEP concluyó que se cumplen los requisitos de urgencia, gravedad e irreparabilidad que motivan las medidas cautelares adoptadas.
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