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JEP Colombia

La JEP articula su trabajo en el caso 002 con jurisdicción indígena

La procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, y la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa justicia transicional, Belkis Izquierdo, se reunieron en Pasto con representantes de la jurisdicción indígena.

La procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, y la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa justicia transicional, Belkis Izquierdo, se reunieron en Pasto con representantes de la jurisdicción indígena.

Foto:@PGN_COL

Magistrados se reúnen en Pasto con comunidades para abordar hechos victimizantes en sur de Nariño.

Juan Camilo Pedraza
Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reunió con representantes de la jurisdicción indígena para articular su trabajo en el caso 002, sobre hechos victimizantes que se cometieron con ocasión del conflicto entre 1990 y el 2016 por guerrilleros de las Farc y miembros de la Fuerza Pública en el sur de Nariño. 
Este caso lo tiene la Sala de Reconocimiento de Verdad y principalmente está en manos de Belkis Izquierdo, magistrada de esa instancia de origen indígena. De hecho, ella encabezó la diligencia con organizaciones indígenas que se llevó a cabo este miércoles en Pasto, Nariño, para sincronizar sus labores con la justicia indígena en este caso que priorizó la situación de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.
En julio, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP abrió ese segundo caso en esa justicia especial fruto del acuerdo de paz para conocer las atrocidades de la que fueron víctimas mayoritariamente las comunidades indígenas en esos tres municipios.
"La apertura del caso 002 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad significa la materialización de un enfoque étnico territorial y la necesidad de visibilizar la victimización que han sufrido los pueblos étnicos y colectivos sociales", señaló Mónica Cifuentes, procuradora delegada para la JEP, presente en la diligencia. 
A la Sala de Reconocimiento, considerada la puerta de entrada del Tribunal para la Paz, tendrán que comparecer los miembros de las Fuerzas Militares y las Farc que presuntamente cometieron graves crímenes en esa región durante los 90 y los 2000.
Aunque la Sala de Verdad, en auto 004 que da inicio a este caso, no llamó a ningún militar o exguerrillero en particular, decretó abierta la etapa de reconocimiento de verdad y de responsabilidad con lo cual se espera que inicien las versiones voluntarias de los sindicados que operaron durante el conflicto en esos tres municipios nariñenses.
Una de las consideraciones de la JEP para abordar este caso fue “el abandono estatal histórico de la zona, la presencia de grupos armados y la ocurrencia de casi mil hechos vicitmizantes, así como la vulnerabilidad de los pueblos étnicos”, señaló en su momento la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento.
Todas las conductas presuntamente cometidas por la exguerrilla de las Farc y la Fuerza Pública que conocerá la Sala de Verdad tienen que ver violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, entre las que hay masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas de muertes por minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, entre otros.
A diferencia del primer caso, en el que llamaron a 31 jefes de la exguerrilla de las Farc a responder por casos de secuestro que presuntamente cometieron entre 1993 y el 2012, en este caso no primó el carácter subjetivo, es decir la calidad y el mando de las personas convocadas a comparecer.
La magistrada Lemaitre explicó entonces que este el segundo caso en esta justicia transicional se priorizó el carácter territorial de las victimizaciones, en aplicación de ese criterio fuertemente presente en el acuerdo de paz de La Habana.
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
@PazELTIEMPO
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Juan Camilo Pedraza
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