La JEP abre el sexto caso: el genocidio de la UP

La JEP abre el sexto caso: el genocidio de la UP

Generales Uzcátegui y Del Río serán llamados. Acogimiento de Maza Márquez, aún en estudio.

Unión Patriótica

Manifestación tras la muerte de Jaime Pardo Leal.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: JUSTICIA
04 de marzo 2019 , 09:08 p.m.

Uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del conflicto en el país, por el cual Colombia ha sido condenada por tribunales nacionales e internacionales, llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Se trata del caso 006, que abrió este lunes la justicia transicional, para esclarecer y determinar responsabilidades del genocidio de los miembros del partido político de la Unión Patriótica. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, instancia de la JEP que abrió este caso bajo la denominación “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”, lo hizo a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía. Consideró que el genocidio de la UP reúne todos los requisitos para la priorización por la magnitud y gravedad de los hechos. 

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento, explicó que el exterminio de los miembros de ese partido significó una "afectación a valores supremos como la democracia y confianza cívica en las instituciones", dado que en esos hechos estuvo involucrada la Fuerza Pública.

Así lo señalan "tres informes apuntan de una práctica sistemática a nivel nacional. Las víctimas eran líderes, militantes y campesinos
en razón a su orientación política", agregó la magistrada Díaz.

Los otros dos informes, además del de la Fiscalía, son “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado a la nación y al Estado, respectivamente, por estos hechos y la falta de justicia. En efecto, la Fiscalía reconoció en su informe que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos.

En la documentación por este caso se da cuenta que de las investigaciones de la justicia ordinaria hay al menos 873 radicados y solo el 6 por ciento de los casos han llegado a juicio.

Por estos hechos también se tienen documentadas 246 sentencias condenatorias (contra dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía) frente a un número de víctimas que van desde las 4 a las 9 mil, dependiendo de distintas documentaciones que han hecho organizaciones.

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica desde 1984 hasta el 2002 se contabilizan unas 6.200 víctimas y de estas documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas. Señala además que, entre ellas, “3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia”.

Entre 1984 y 1988 el epicentro de esta fenómeno se dio en Magdalena Medio; entre 1986 y 1998, en Urabá; entre 1988 y 1992, en el Meta, y en la Costa Caribe entre 1996 y 2002.

Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, dirigentes de la UP que aspiraron a la Presidencia fueron asesinados en estos años.

El fenómeno se dio, señaló la Sala de Reconocimiento de Verdad, en 27 departamentos del país y en 367 municipios, de los cuales 40 concentran el 60 por ciento de las víctimas.

"Según los informes de la Corporación Reiniciar y del Centro Nacional de Memoria Histórica, la responsabilidad por estos hechos recae sobre miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros, sobre quienes la JEP solo tiene competencia si se someten de manera voluntaria”, agregó la magistrada Díaz.

Asimismo, se tiene documentados que hubo alianzas criminales entre Fuerza Pública y paramilitares para perseguir a los militantes de la UP. 

De hecho, 16 miembros de las Fuerzas Públicas ya se sometieron a la JEP por estos hechos. "Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia", dijo la magistrada Catalina Díaz.

El general Jaime Uscátegi, quien expresamente se ha acogido por el caso de la masacre de Mapiripán,
sería uno de los primeros llamados a responder por este caso pues entre las víctimas de esa masacre están al menos 5 militantes de la UP, señaló la magistrada Díaz. En el caso del general Rito Alejo del Río, la jurisdicción tendrá que estudiar su caso, sobre todo por hechos cometidos en Urabá, explicó la misma magistrada.

Por otro lado, el caso de Miguel Maza Márquez, quien ha pedido sometimiento por hechos distintos a los de este sexto caso, la JEP lo tendrá que analizar. "Su comparecencia a esta justicia debe ser integral y teniendo en cuenta que dirigió el DAS entre 1985 y 1991", añadió la magistrada Díaz. 
 
Sala de Reconocimiento con la apertura de este caso por el genocidio de la UP le pidió también a la sala de definición de situaciones jurídicas, otras instancia de la JEP, que le dé a conocer nombres de demás funcionarios del antiguo DAS que han pedido cupo en la justicia transicional.

El magistrado Gustavo Salazar, también de la Sala de Reconocimiento, señaló que "lo que sigue es el llamado a versión voluntaria y traer el testimonio de paramilitares de justicia y paz sobre el tema de la Unión Patriótica que han reconocido su participación”.

Los otros cinco casos

El primer caso que abrió la JEP, el 6 de julio del años pasado, fue sobre el secuestro por parte de las Farc; el segundo que priorizó fue sobre la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño. Este fue abierto el 10 de julio del año pasado.

El tercero, abierto el 17 de julio del 2018, tiene que ver con la "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado" o denominados "falsos positivos"; el cuarto priorizado, abierto el 11 de septiembre pasado,  fue sobre la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, en Antioquia, y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó. 

El quinto caso abierto, el 8 de noviembre pasado, fue por la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, en Cauca.

REDACCIÓN PAZ@PazyJusticiaET

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