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JEP Colombia

El horror del conflicto en Tolima que comienza a develar caso de la JEP

Jornada de acreditación de víctimas de las Farc al sur de Tolima.

Jornada de acreditación de víctimas de las Farc al sur de Tolima.

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

En este territorio comenzó la priorización del macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables.

T omas guerrilleras, desplazamiento, desapariciones, instalación de minas antipersona, atentados a civiles, entre otros, son graves crímenes que abundan en la larga historia del conflicto armado colombiano y que encontraron en Tolima uno de sus capítulos más brutales.
El horror de la guerra en este territorio, cuyas raíces se extienden incluso al periodo de la Violencia, está siendo ahora investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 10, que analiza los crímenes no amnistiables cometidos por la exguerrilla de las Farc.
Dentro de este macrocaso, Tolima es solo uno de las zonas que se abordarán en todo el país, pero lo que en pocos meses ha comenzado a encontrar la JEP da cuenta de por qué este territorio fue considerado el epicentro organizativo y quizás el referente simbólico más importante de la historia de las Farc, como subraya una investigación de Dejusticia.
Ese informe señala que en este departamento las luchas de los años cincuenta contra la violencia conservadora, la división entre “limpios” –liberales que se mantuvieron leales al Partido Liberal– y “comunes” –liberales que se volvieron comunistas–, y el bombardeo a Marquetalia se convirtieron en capítulos del mito fundacional de las Farc que pervivieron hasta en actos como el nombre que, tras la firma del acuerdo de paz, la desmovilizada guerrilla le puso a su partido político: Comunes.
Allí también se concentraron escenarios bélicos como las violentas tomas guerrilleras de Puerto Saldaña, Dolores, Anzoátegui, Roncesvalles, Santiago Pérez, entre otras. De hecho, bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica dan cuenta de que, entre 1993 y 2002, hubo al menos 55 incursiones armadas a poblaciones en Tolima.
La JEP, por su parte, ha podido sistematizar información de 248 hechos victimizantes relacionados como homicidios, desplazamientos, minas antipersona y tomas guerrilleras en Tolima, lo cual es solo una muestra de lo que sucedió; los mismos habitantes de la región, que este 22 y 23 de mayo comenzaron a acreditarse ante la JEP como víctimas en este caso, le plantearon al tribunal transicional que fueron muchos más los delitos cometidos, y miles las víctimas que dejaron.

El origen de la violencia

“En esta zona de Tolima, el conflicto con las Farc se enraíza con todo el pasado de la violencia del país”, dijo la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre, correlatora del macrocaso 10 y relatora del caso 01, sobre secuestros de las Farc, que tiene abierto un capítulo en Tolima.
Precisamente, buena parte de lo que ya tiene claro la JEP sobre este territorio ha surgido de las declaraciones de víctimas y de comparecientes en el caso 01, y de 130 informes entregados por entidades como Corfupaz, Dejusticia, el Ejército, la Fiscalía, Fundación Mujeres sin Límites, Universidad del Tolima, entre otros, que fueron analizados y sistematizados.
En particular, siete de esos informes identifican a posibles responsables de los hechos, su época de ocurrencia, cuáles fueron las violaciones de los derechos humanos cometidas y el contexto específico en el que se dieron.
El proceso de acreditación se llevó a cabo en Chaparral.

El proceso de acreditación se llevó a cabo en Chaparral.

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Estos aprendizajes, comentó Lemaitre, han permitido contextualizar por qué Tolima fue uno de los capítulos más cruentos de la guerra con las Farc. En el origen de esto, recordó la magistrada, están los enfrentamientos bipartidistas entre liberales y conservadores, las diferencias irreconciliables entre liberales que se acogieron a la amnistía que en 1953 ofreció el presidente Gustavo Rojas Pinilla y los que no, y venganzas familiares, enmarcadas en la situación política, que duraron generaciones.
Precisamente, la togada puso de presente que en Tolima está el origen de las Farc como guerrilla: “después de la amnistía, los limpios sacaron a los comunes de la zona, los campesinos desplazados salieron en lo que se conoció como ‘columnas de marcha’ hacia el piedemonte de Tolima y ahí empieza Marquetalia”.
Las Farc fueron creciendo hasta convertirse en una guerrilla más fuerte que, en los años 80, creó frentes en el occidente y suroccidente de Tolima, y para los 90, recordó Lemaitre, empezó en forma la guerra que al comienzo se financió del boom de la amapola y después, de secuestros y extorsiones, y que incluyó las tomas guerrilleras, usando incluso cilindros bomba, como una muestra de la estrategia de las Farc de tomar el poder por la vía de las armas.
En esa vía, uno de los periodos de mayor concentración de violencia fue entre la década de los 90 y el 2000, cuando las Farc se enfrentaron a Convivir y grupos de autodefensas, como el bloque Autodefensas de Tolima.
En este periodo ocurrieron tomas como la de Puerto Saldaña, un ataque que dejó 7 personas muertas y en el que, según registros de prensa de la época, participaron por lo menos 450 guerrilleros que durante 32 horas habrían lanzado al menos 40 cilindros con explosivos dejando el pueblo destrozado.
Cementerio en Ibagué que en su momento improvisaron habitantes para enterrar a personas cuya identidad se desconocía.

Cementerio en Ibagué que en su momento improvisaron habitantes para enterrar a personas cuya identidad se desconocía.

Foto:César Melgarejo. ELTIEMPO.

Para esa época de auge de las Farc, el accionar en Tolima y Huila estuvo liderado por el llamado Comando Conjunto Central, dirigido por alias Adán Izquierdo, y ese grupo llegó a tener, según expuso Lemaitre, a unos 1.200 hombres en armas en la región, de acuerdo con los informes y declaraciones que ha analizado la JEP.
Pero después de los 2000, el conflicto fue tomando otro rumbo por nuevas estrategias de seguridad como el Plan Colombia, que implicó un cambio en la forma de operar de la Fuerza Pública, que comenzó a hacer operaciones conjuntas, por ejemplo, entre la Fuerza Aérea y el Ejército; y también a establecer batallones de alta montaña, y a concentrarse en objetivos de alto valor como ‘Alfonso Cano’ y ‘Adán Izquierdo’. Todo esto llevó a que el otrora poderoso Comando Conjunto Central casi desapareciera y a que sus integrantes sobrevivientes se unieran a otras facciones de la guerrilla.

Los responsables

Aunque la investigación de la JEP en Tolima aún no ha consolidado un universo total de hechos victimizantes, ni de víctimas, a partir de todos los informes que se analizaron, y de las declaraciones que han venido dando comparecientes en otros casos, la jurisdicción sí sabe quiénes fueron, en términos generales, los responsables del terror en la región.
También sabe cuáles comparecientes están vivos, quiénes están muertos, cuál fue su nivel de mando y en qué zona y época concentraron su accionar.
Sus nombres aún no pueden revelarse porque la investigación continúa, explicó la magistrada Marcela Giraldo, también correlatora del macrocaso 10, pero tener de entrada un estimado de comparecientes y no empezar desde ceros le permite a la jurisdicción de paz avanzar de una forma un poco más rápida de lo que lo hicieron los primeros macrocasos de la JEP.
Lo que sí adelantaron las correlatoras Lemaitre y Giraldo es que hay unos 120 excombatientes de las Farc compareciendo ante la JEP que estuvieron en los comandos que operaron en Tolima, aunque no todos pueden dar cuenta de los hechos que investiga el macrocaso 10. Aun así, se sabe que entre ellos hay varios excomandantes que ya han reconocido secuestros y aportado también información sobre tomas guerrilleras y desplazamientos forzados.
Ahora los esfuerzos de la JEP se concentran en avanzar en la acreditación de víctimas porque con sus relatos se pueden terminar de construir los panoramas de lo que pasó en el conflicto. Como parte de ese esfuerzo fue que se realizó la primera jornada de acreditación en Chaparral, el 22 y 23 de mayo, en la que cerca de 250 personas le pidieron a la JEP tenerlas en cuenta en este macrocaso.
Según contó la magistrada Giraldo, que acompañó la jornada, se recibieron solicitudes de acreditación de habitantes de Planadas, Chaparral, Ortega y Dolores y se acordó realizar jornadas adicionales abiertas a víctimas de municipios como Rioblanco, Ataco, Roncesvalles y San Antonio. La próxima jornada se hará en Chaparral el 24 y 25 de julio, y en Dolores se hará una más el 28 del mismo mes.
Además de complementar el contexto del conflicto, la participación de víctimas es indispensable para conocer cuáles son las demandas de verdad por las que, más adelante, se preguntará a los exguerrilleros. En ese sentido, aunque aún no están citadas, la JEP espera poder comenzar con las versiones de ex-Farc a partir del segundo semestre de este año.

¿Qué piden las víctimas?

En primer lugar, destacó la magistrada Giraldo, las víctimas le pidieron a la JEP ir a más territorios para que vean, de primera mano, cómo los afectó la guerra.
Además de esto, en esta primera jornada que se hizo en Chaparral sus demandas se centraron en verdad y justicia: “querían saber por qué pasó lo que pasó, quién fue, cómo iba a ser la investigación y la sanción. Preguntaban también por la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y por medidas de reparación integral y de necesidades básicas que debe resolver el Estado como tener vías terciarias, conectividad, salud, educación. También hablaron de un deterioro en la seguridad y dijeron que quieren poder vivir en paz para que sus hijos no pasen por el conflicto armado que ellos vivieron”.
Sobre lo último, la magistrada reconoció que brindar garantías de seguridad para que las víctimas, tras participar en la JEP, puedan volver tranquilas a sus comunidades es uno de los grandes retos que en general enfrenta la jurisdicción de paz.
Este reto también está presente para los comparecientes de las ex-Farc, tanto que la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la masiva vulneración a la seguridad de excombatientes de las Farc, al evaluar que desde la firma del acuerdo de paz más de 300 firmantes han sido asesinados.
En la mitad de la guerra, ni víctimas ni comparecientes tienen cabeza o tiempo para hablar de cosas que sucedieron hace 20 años... no es lo mismo llamar a versión a comparecientes que no tienen problemas de seguridad y están dispuestos a reconocer el pasado, a escuchar a comparecientes cuya preocupación es que no los maten”, concluyó Lemaitre.

¿Qué viene en la investigación nacional?

Si bien el macrocaso 10 arrancó por Tolima, la primera fase de la investigación también comprende al Sumapaz, Cundinamarca y Bogotá, que fueron zonas de influencia de algunas estructuras del antiguo Bloque Oriental de las Farc. Así mismo, se investigarán zonas de Tolima y Huila en las que tenía influencia del Comando Conjunto Central.
La primera parte también comprende a territorios en el piedemonte amazónico, San Vicente del Caguán, el sur del Meta y los Llanos del Yarí, en donde operaron algunas estructuras del Bloque Sur de la exguerrilla.
Con posterioridad, la JEP espera avanzar en la investigación en otras regiones del país. En ese panorama más amplio que abordará todo el macrocaso 10 hay un primer universo provisional de hechos al que el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP llegó al contrastar varios informes.
Advirtiendo que una misma persona puede ser víctima de varios delitos, el primer universo estimado es de 169.400 hechos victimizantes, que incluyen a 54.000 víctimas de desplazamiento forzado, 50.100 del uso de medios y métodos ilícitos de guerra, 48.000 de homicidio, 15.000 de desaparición forzada y 2.300 de violencia sexual.
En cuanto a las acreditaciones, con corte al 19 de mayo de 2023 la JEP había recibido 1.377 solicitudes de acreditación para el macrocaso 10, estas solicitudes están en la fase administrativa de acreditación ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Para obtener más información sobre el proceso de acreditación, las víctimas pueden escribir un correo electrónico a info@jep.gov.co. 
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redacción Justicia:
En Twitter: @JusticiaET

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