Revocan amnistía a policía acusado de traficar cocaína con las Farc

Revocan amnistía a policía acusado de traficar cocaína con las Farc

La Procuraduría apeló el beneficio que le había dado la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.

¿Por qué un policía le pegó a mi esposa en TransMilenio?

El hombre actuaba con otros uniformados. Incautaban droga y luego la negociaban. Imagen de referencia.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
05 de agosto 2020 , 03:07 p. m.

A Willinton Hernández Piedrahita, subintendente de policía que trabajaba en TransMilenio, en Bogotá, lo condenaron, tras aceptar cargos, a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, agravado por su calidad de agente del Estado, y lo están investigando por presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le había concedido el beneficio de amnistía ‘de iure’ por el delito por el cual Hernández fue condenado, pues el concierto para delinquir hace parte de la lista de crímenes amnistiables, pero la Procuraduría apeló la decisión y la Sección de Apelación de la JEP le dio la razón.

La amnistía es un perdón judicial que solo aplica a cierto tipo de crímenes políticos contemplados en la normativa, de forma taxativa.

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Los hechos por los que este policía fue condenado ocurrieron en 2015 entre San José del Guaviare, Villavicencio, Cúcuta y Bogotá, “cuando en alianza con otros miembros de la Fuerza Pública y civiles, colaboraba con el Bloque Oriental de las Farc-EP en la consecución de medios de comunicación, apoyo logístico, tráfico de drogas y la fuga de prisión de integrantes del Frente 7 de ese grupo armado”, según recoge el auto de la Sección de Apelación.

Mediante interceptaciones telefónicas, vigilancia y seguimientos, el hombre fue identificado por la Fiscalía como el líder de la estructura criminal que actuaba en coordinación con la estructura guerrillera. Entre los hechos que habrían planeado estaba la fuga de un cabecilla financiero del frente 7, Huber Vásquez Galindo, alias Andrés o Chorizo, quien había sido capturado el 22 de junio de 2015 y estaba preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

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Además, se le vinculó al proceso por tráfico, porte o fabricación de estupefacientes después de que se hallaran, en las instalaciones de la Sijín en Cúcuta, 68 kilos de cocaína en un vehículo. Por este hecho no ha sido condenado, pero esa investigación fue determinante para que a Hernández Piedrahita le fuera revocada la amnistía ‘de iure’.

Ese beneficio del Acuerdo de Paz le fue otorgado a finales del 2019 por los hechos por los que había sido condenado, pero la SAI no se pronunció respecto al otro proceso en contra del hombre, por hechos de narcotráfico. Entonces, la Procuraduría pidió reponer la decisión, y como la SAI la mantuvo, la apeló, por lo que la discusión llegó a la sección de cierre de la JEP.

Para la Procuraduría, la SAI no hizo el análisis necesario para demostrar que el hombre era colaborador de las Farc ni para demostrar la conexidad de sus conductas con el conflicto armado interno. “No hay pieza alguna que indique que su delito buscaba financiar la causa revolucionaria”, indicó el Ministerio Público.

Al contrario, asegura que se evidencia que la conducta fue motivada en un interés económico personal del policía, que este tenía un negocio en el que figuraban las Farc, pero que con ello no basta para satisfacer el factor personal de competencia de la JEP sobre este caso.

Aunque la SAI respondió que la amnistía no le fue otorgada por el delito de tráfico de estupefacientes, sino por concierto para delinquir agravado, y que no se encontraba probado el interés de lucro personal, la Sección de Apelación tuvo otras consideraciones.

Si bien la Sección le dio la razón a la SAI en que el concierto para delinquir es un delito amnistiable, advirtió que se debe considerar el objetivo de ese concierto en el estudio de los beneficios jurídicos de la JEP.

Cuando en el caso en estudio está plenamente establecido que el concierto para delinquir implica la comisión de actividades indeterminadas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes...

“Concretamente, cuando en el caso en estudio está plenamente establecido que el concierto para delinquir implica la comisión de actividades indeterminadas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, es deber de la SAI realizar un análisis detallado sobre la relación del concierto para delinquir con el conflicto armado no internacional, situación que convierte el procedimiento de amnistía de iure, en uno de sala”, dijo la Sección.

Es decir que no podía dársele una “amnistía rápida”, que es la que reciben los delitos claramente políticos sin agravantes por crímenes de guerra, sino que se debe estudiar una amnistía más compleja, que considere en su integralidad no solo el delito por el cual el hombre fue condenado, sino también el proceso que se le sigue por narcotráfico.

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En principio, la normativa que rige a la JEP excluye su competencia sobre delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes cometidos por particulares y agentes del Estado.

Por eso, la Sección de Apelación revocó la amnistía y devolvió el proceso a la SAI para que esta lo aborde nuevamente, ya no como amnistía ‘de iure’ sino como amnistía de sala, pues consideró que sobre el delito de concierto para delinquir “existen dudas razonables sobre su procedencia”, si en realidad ocurrieron en relación con el delito político y si Hernández Piedrahita, como colaborador del Bloque Oriental de las Farc, puede o no recibir estos beneficios.

JUSTICIA
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