JEP recibe informes de financiación de las Farc y asesinato de líderes

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió de manos de la Fiscalía dos nuevos informes que le servirán de insumo para los procesos que lleva y los que puede abrir sobre el conflicto armado en Colombia. 

'Fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-Ep' describe cómo dentro de las Farc las fuentes y mecanismos de financiación vivieron un proceso de perfeccionamiento con el correr de los años, al pasar de una economía de guerra en esencia depredadora de riqueza, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas.

De acuerdo con la Fiscalía, no es posible establecer con precisión a cuánto ascendieron los ingresos de las Farc pero se trata de sumas billonarias, y según la información recolectada se da cuenta de que entre 1993-2016 la guerrilla tuvo ingresos por $2.026.524.700.293, que son 891.233.562 dólares.

En el rastreo de las rentas ilícitas de las Farc a Fiscalía detectó 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos de 2.120.000 de hectáreas,  284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes, 1.166 automotores, 232 activos en el exterior y varias evidencias de caletas en dinero en efectivo tanto en pesos colombianos como dólares estadounidenses.

El informe concluye que el secuestro extorsivo con fines económicos por parte de las Farc aquirió dimensiones económicas importantes con el paso del tiempo y se convirtió en una de las fuentes principales de financiación de la guerrilla.

En los secuestros extorsivos, la Fiscalía logró establecer que, entre los años 1996 y 2012, el total de los pagos fue de más de tres billones de pesos ($3.625.608.297.250),
que equivalen a mil doscientos treinta y tres millones ochocientos noventa y ocho mil (US$1.233.898.000) dólares.

Otra de las grandes fuentes de financiación de las Farc fue la extorsión, que fue
regionalizada al depender de las dinámicas económicas locales y sus limitaciones, así como de los montos que los frentes y los bloques fijaran.

Por su parte, el informe detalla que las Farc no solo participaron del negocio del narcotráfico al cobrar extorsiones a los narcotraficantes y cultivadores de coca sino que la guerrilla se vinculó directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la cocaína.

Otra de las fuentes de financiación fue la minería ilegal, en la que se vincularon usando métodos como la extorsión a los distintos actores intervinientes en la extracción minera, hasta el control directo sobre distintas fases de la  explotación y el lavado de activos. 

"Bajo este esquema de control, la guerrilla manejó considerables volúmenes de riqueza que en ocasiones pasaron a formar parte de las reservas del Secretariado, con miras a servir como moneda de cambio en transacciones de armamento", dice el ente investigador.

Por otro lado, 'Victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado' describe y analiza la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos, a partir de las investigaciones que cursan en el ente acusador.

Los casos conocidos por la Fiscalía tuvieron lugar en 87 municipios de veintitrés 23 departamentos, así como en el distrito capital. Los casos se concentran en Antioquia (35 casos), Bogotá D.C. (28 casos), Arauca (13 casos), Norte de Santander, Atlántico y Cesar (10 casos por cada departamento).

Durante la entrega de los documentos, la presidenta de la JEP, Patricia Linares habló sobre la situación de riesgo de los defensores y líderes, que han sido blanco constante de amenazas y ataques y que, en los primero días del 2019 ya suman 7 víctimas fatales. 

"Aspiramos a que las distintas instituciones trabajemos para que cese este accionar que está cobrando vidas", dijo Linares.

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