Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc no solo aumentaron los asesinatos de líderes sociales, sino también de los antiguos combatientes de la extinta guerrilla. Ante la grave situación de seguridad que enfrentan estas personas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo este martes una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que adoptó el año pasado para garantizar la vida de los ex-Farc.
La diligencia se realizó en Popayán, Cauca, donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de firmantes de la paz: 114 de los 283 ocurridos desde noviembre de 2016. Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, aseguró que hay dos patrones en los homicidios de exguerrilleros: el desmonte de sus proyectos productivos, económicos o comunitarios; y la prevalencia y disputa entre disidencias de las Farc en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto Occidental.
Además de las instituciones locales, regionales y nacionales que la JEP escuchó en Popayán, hizo presencia un grupo de miembros del partido Comunes. Rodrigo Londoño (Timochenko) aseguró en la audiencia que “el Gobierno Nacional ha decidido no implementar lo acordado en los temas sustanciales (...) hace falta que todo el Estado profundice en la implementación, como estrategia central para que estos graves hechos no vuelvan a ocurrir”.
Frente a eso, el consejero presidencial Emilio Archila respondió: “Tenemos unos enemigos comunes que son quienes están causando estos homicidios de excombatientes. Tratar de buscar las causas de estos ataques tras un supuesto incumplimiento de parte del Gobierno, en mi opinión, no es lo que debe hacerse”.
Al cierre de la diligencia, la JEP ordenó la creación de una mesa técnica entre la Consejería Presidencial para la Estabilización, los ministerios de Defensa y del Interior, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y las gobernaciones de Valle, Nariño y Cauca. Dicha mesa tendrá que crear estrategias para la seguridad integral, la protección de la vida y campañas de no estigmatización hacia excombatientes.
