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JEP hará audiencia en Meta por situación de seguridad de ex-Farc
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Zona veredal.

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Luis Acosta / AFP

JEP hará audiencia en Meta por situación de seguridad de ex-Farc

Zona veredal.

JEP hará seguimiento a medidas cautelares dadas en 2020 para garantizar la vida de desmovilizados.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz escuchará el 21 de julio a las autoridades encargadas de velar por la seguridad integral de los comparecientes de las antiguas Farc.

Lo anterior, dijo la JEP, "dadas las graves condiciones que continúan afectando a esta población en el Meta".

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La audiencia se realizará dado que la JEP ha recibido información de parte de los exguerrilleros en el sentido que las disidencias los amenazan y conminan a abandonar el territorio.

Según los desmovilados, allí han ocurrido “extorsiones, intenciones de atentar contra la integridad de los miembros del colectivo, dos tentativas de homicidio, constantes amenazas a los bienes de la cooperativa, amenaza para desalojar de inmediato el territorio y hostigamientos constantes en el predio”.

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La JEP registra al menos 28 homicidios y 4 amenazas en Meta desde la firma del Acuerdo Final de Paz. En todo el país, la cifra va en 276 excombatientes asesinados.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP dijo que "las amenazas y desplazamientos forzados tuvieron como objeto amedrentar a las víctimas y obligarlas a abandonar su sitio de concentración, renunciando a todo lo que habían conseguido desde que dejaron las armas”.

La JEP dijo que tiene como deber prevenir y evitar daños "irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz".

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A la audiencia asistirán el  gobernador del departamento y los alcaldes de Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe. Igualmente, fue citado el el consejero presidencial para la Estabilización, los comandantes de la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.

justicia@eltiempo.com
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