En una decisión sin precedentes en la justicia colombiana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la extinta guerrilla de las Farc incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud con las personas que tuvieron en cautiverio y que, además, acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, como parte de su política de secuestro.
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La JEP acogió el concepto de la Procuraduría General de la Nación que pedía sumar este delito a la imputación hecha en enero de este año contra ocho miembros de antiguo secretariado de las Farc. Según el Ministerio Público, esta es la primera vez que se pone a responder por este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por las Farc.
Lo anterior, dado que la imposición de trabajos forzados por algunos comandantes, y otros malos tratos, “se derivan precisamente de la vulnerabilidad y sometimiento del cautivo a la voluntad del comandante y de la guardia”.
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Las observaciones de la Procuraduría fueron hechas al macrocaso 01 de la JEP, que investiga el secuestro. Al respecto, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP precisó que “las Farc cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”, como lo había argumentado el Ministerio Público. En las observaciones al caso 01, el órgano de control documentó más de 70 hechos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los campesinos y transportadores los más afectados por este fenómeno.
En un auto de casi 100 páginas en poder de EL TIEMPO, la JEP respondió a las observaciones y le dio luz verde a la solicitud del Ministerio Público asegurando que “la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas durante el cautiverio constituyó el crimen de lesa humanidad de esclavitud”, se lee en la providencia.
Entre otras decisiones del auto está el cambio de nombre del macrocaso, que ahora se llamará ‘Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc’.
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Durante su investigación, la Procuraduría encontró un patrón de conducta en los relatos de las víctimas que le permitió evidenciar que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros. Así mismo, documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas.
Según las observaciones de la Procuraduría, que aceptó la JEP, esas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del macrocaso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad.
Vale recordar que los excombatientes imputados ya habían entregado una respuesta formal a la JEP, de más de 300 páginas, en la que reconocieron su responsabilidad en los crímenes cometidos contra las personas en cautiverio. Ahora, tras la nueva decisión, su posición frente a los nuevos delitos endilgados determinará el camino a seguir en su proceso.
Si aceptan, su respuesta será incluida en su resolución de conclusiones y el caso pasará al Tribunal para la Paz, que le impondrá una sanción propia, de contenido reparador y no carcelaria. Si no reconocen su responsabilidad o lo hacen de forma parcial, se activará la cuerda procesal adversarial, que implica el inicio de un juicio en el que, si son derrotados, se les podría dictar una condena de hasta 20 años de prisión.
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