Un nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido hace 25 años, busca la familia del líder conservador.
En un documento presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —y conocido por EL TIEMPO—, su sobrino Enrique Gómez Martínez y el abogado de la familia, Bernardo Henao Jaramillo, le hicieron dos solicitudes a la jurisdicción.
Primero, expulsar y quitar los beneficios transicionales al hoy senador Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada), quien ha sostenido que tuvo un papel crucial en el asesinato. Y segundo, que la JEP no asuma competencia respecto del magnicidio.
Para la familia de Álvaro Gómez y su representante, las versiones entregadas por Lozada a la JEP y los testimonios de otros exguerrilleros dan cuenta de que ha incumplido con la obligación de hacer un aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva de este asesinato.
Según dicen en el documento, resulta contradictorio que Lozada haya declarado que Jorge Briceño (el Mono Jojoy) fue quien "le había informado por primera vez que las Farc habían asesinado a las víctimas" y, luego, "que él mismo había ejecutado el asesinato mediante sicarios, como reiteradamente lo afirmó ante la JEP".
De otro lado, retomaron las declaraciones de Reinel Guzmán, quien hacía parte del estado mayor del bloque Oriental para la época del magnicidio, que "evidencian que la jefatura de dicha estructura nunca tuvo conocimiento ni autorizó el asesinato de Álvaro Gómez". Por todo esto, pidieron que la jurisdicción no siga con el caso.
"Ante el vacío de evidencias, las contradicciones y falsedades de Julián Gallo Cubillos como autor declarado principal responsable material o intelectual y la total ausencia de elementos probatorios, confiables o verificables que sustenten la autoincriminación realizada, solicitamos que esa jurisdicción se abstenga de asumir competencia", se lee en el documento.
