Un hito histórico en la justicia transicional tiene lugar este martes 26 de abril en Ocaña, Norte de Santander. Por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad reconocen pública y personalmente —ante la sociedad, las víctimas y la justicia— su participación en estos delitos.
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Se trata de un grupo de 10 militares retirados (entre ellos un general) y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por haber participado de los asesinatos de civiles inocentes para ser presentados como delincuentes dados de baja en combate, los mal llamados 'falsos positivos'.
Eran campesinos, que yo como miembro de la Fuerza Pública asesiné cobardemente por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno
"Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento", dijo al inicio de la diligencia el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
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La diligencia se llevó a cabo en Ocaña, Norte de Santander.
JEP
Frente a frente, un puñado de víctimas y este grupo de responsables de los 'falsos positivos' se encontraron en un mismo escenario, con cinco magistrados de la JEP en el medio, y un auditorio de más de 50 personas —víctimas, en su mayoría— que tuvieron la oportunidad de presentarse una a una.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del macrocaso 03, que investiga estas ejecuciones extrajudiciales, intervino para explicar cómo se logró la imputación contra las 11 personas que participan en la audiencia de reconocimiento y dejó en claro lo que se esperaba de los testimonios.
Previo a este encuentro, hubo 22 reuniones individuales entre comparecientes y víctimas en Ocaña y Soacha, así como otros siete encuentros colectivos preparatorios y otras medidas para garantizar que el reconocimiento cumpla con uno de sus objetivos centrales: reparar a las víctimas.
El primero en hablar fue el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, quien era cabo primero durante la época de los hechos.
"Reconozco mi responsabilidad en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos. No únicamente fue en esa época, eso ya era como una política que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares ni toda la institución, porque hay gente buena, pero también, como vimos, gente mala", dijo el exmilitar.
Gutiérrez detalló cómo llegó a un burdel, identificó a un expendedor de estupefacientes y elaboró una lista de personas, con "la presión de que había que dar resultados, buscar los resultados como fueran". Dijo que había alianzas con grupos paramilitares para conseguir armas.
El otrora cabo contó que junto a la administradora de un bar, elaboró una lista de 14 personas: "Empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no medía las consecuencias del daño que estaba haciendo".
Y agregó: "Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos".
El militar detalló los asesinatos de varios campesinos de la región del Catatumbo con nombre y apellido, y reiteró que no eran guerrilleros, sino civiles inocentes.
"Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la Fuerza Pública asesiné cobardemente. Le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo y todos los días oro y le pido perdón a Dios por el daño que le causamos a esta región".
El segundo militar en hablar fue Daladier Rivera Jácome, capitán del Ejército durante la época de los hechos.
El exoficial le pidió a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que entregó su testimonio, que se pusiera de pie, y le solicitó perdón por haberlo detenido y, posteriormente, fabricar falsas pruebas para que fuera capturado. Rivera mencionó que "unos desmovilizados que obtuvieron una dádiva se sentaron a declarar para que estuviera detenido".
El exmilitar señaló que varias de las armas que se les colocaban a las víctimas para hacerlas ver como guerrilleros, se obtuvieron de una caleta que él mismo encontró.
También indicó que, aunque elaboraba informes de inteligencia, nunca tuvo formación para ello.
Rafael Antonio Urbano, quien era sargento segundo del Ejército cuando se cometieron las ejecuciones en el Catatumbo, mencionó que en algunos de estos asesinatos participó un actual mayor activo de apellido Velandia, "quien proximamente será general de las Fuerzas Militares y no está vinculado en este proceso, siempre se ha escabullido".
‘Mancillé el nombre de las víctimas’Juan Carlos Chaparro Chaparro, capitán y luego mayor (r) fue jefe de operaciones del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) durante los hechos. Durante la audiencia reconoció su responsabilidad.
Los comparecientes pidieron perdón en el acto.
JEP
“Mancillé el nombre de las víctimas”, dijo Chaparro Chaparro. Manifestó que incluso llegó a decirles a las familias que fueron a reclamar por sus parientes que sus familiares se encontraban en una estructura de la guerrilla, también reconoció que en el Batallón falsificaron y modificaron información -que no verificó- para justificar su actuar.
“Las personas que llegaron al batallón eran personas de bien, campesinos”, afirmó, y agregó que “los encuentros que he tenido con las víctimas me ha permitido reflexionar sobre lo que hice, lo que permití”. Además, mencionó que el Ejército nunca lo preparó para incubrir.
El teniente coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez, quien fue jefe del Estado Mayor de la brigada XV del Ejército, reconoció: "Existía una banda criminal al interior de la brigada, de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié ni investigué, la cual fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como diera lugar".
Añadió que lo anterior se dio como respuesta a las políticas del comandante del Ejército. "La exigencia siempre fue repetitiva y en los diferentes escalones del mando", dijo.
Castro hizo un duro señalamiento al general (r) Mario Montoya, quien fue por esos años comandante del Ejército: "Continué ejerciendo en los hombres bajo mi mando estas políticas del (...) general Montoya de mostrar a como diera lugar resultados operacionales -exigiendo, por diversos medios, no solo radiales sino en reuniones de los comandantes y comparando los resultados operacionales de todas las unidades- por lo cual contribuí a que mis subalternos llegaran a cometer este tipo de delitos".
El teniente aseguró que la "banda criminal" se mantuvo porque como comandante mantuvo la orden de pedir bajas. Y dijo que no realizó las investigaciones pertinentes ni denunció las irregularidades.
"He tomado consciencia de que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto, que eran trabajadores y campesinos del Catatumbo o que fueron trasladados de otras zonas a esta región para ser presentados como muertos en combate", dijo el oficial en retiro.
Asimismo, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien fue comandante de la brigada XV del Ejército entre 2006 y 2007, se dirigió a los magistrados, víctimas y demás asistentes así: "Reconozco que mientras ejercí ese cargo operó dentro de la institución una estructura criminal, que se fue fortaleciendo en términos de políticas del Ejército Nacional".
Herrera también manifestó que "los militares cometieron homicidios de personas inocentes y en situación de indefensión (...) a medida que iba presionando a mis subalternos para que reportaran resultados a como diera lugar".
Además, admitió que de manera irresponsable instigó a los subalternos para la comisión de crímenes de guerra, todo ello bajo mecanismos de presión y motivación, como "permisos y viajes para que las personas reportaran muertes". Reiteró que sus actuaciones se enmarcan en la coautoría de estos hechos.
Finalmente, se refirió a la estigmatización de la región del Catatumbo, que ha sido victimizada por todos los actores del conflicto armado. Y le manifestó a los familiares de las víctimas que las personas asesinadas eran "campesinos, trabajadores, gente de bien y no guerrilleros, terroristas ni bandidos como infortunadamente los hicimos ver", dijo el coronel (r) Herrera, en aras de dignificar a las víctimas, su honra y su memoria.
Concluyó que los asesinatos reportados como bajas en combate fueron esclarecidos judicialmente como ejecuciones extrajudiciales enmarcadas en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Una de las integrantes de las madres de Soacha (Mafapo) se refirió a que los ‘falsos positivos’ los hicieron "por tener contento al Estado", y también dijo que "los que hoy en día se hacen llamar los héroes de Colombia, no lo son. ¿Qué hicieron? Masacrarnos, acabar con nuestros sueños”.
Pidió que los comparecientes aclararan más la situación y mencionaran a terceros civiles. Igualmente, en representación de Mafapo, solicitó a la JEP que otros militares involucrados sean llamados a dar versiones sobre los ‘falsos positivos’.
Antonio María Peña Ortega, campesino de El Tarra, Norte de Santander, fue en representación de sus dos hermanos asesinados por las Fuerzas Militares. Se dirigió a los imputados así: “Nos discriminaron física, moral y espiritualmente como campesinos trabajadores; nosotros no conocíamos lo que es una institución revolucionara para que el gobierno y los militares aquí presentes los reportaran al ministro de Defensa Juan Manuel Santos como caídos en combate. Son más bandoleros estos, que nosotros".
El campesino les hizo varias preguntas a los comparecientes, entre ellas, cuáles eran los beneficios que daba el Estado para matar un civil. En medio de sus reclamos por verdad y justicia, y con su voz entrecortada, dijo: “Me siento avergonzado del país”.
El abogado, víctima y representante de otras víctimas, Álvaro Marulanda, intervino y mencionó las barreras al acceso a la justicia que tuvo al llevar caso del asesinato de su hermano. También mencionó la necesidad de que “no quede una familia sin encontrar los restos de sus familiares”, refiriéndose a la imposibilidad que hasta el momento ha tenido para hallar el cuerpo de su hermano.
Por último, Marulanda hizo un llamado para que los otros responsables se presenten de forma voluntaria a la JEP, en especial a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, ministro de Defensa y presidente en ese entonces.
En sentido similar, Mayra Alejandra Jaimes pidió que se hicieran más aportes de verdad. "Queremos más verdad, porque están ocultando o encubriendo a los verdaderos responsables. Ustedes no son los únicos, falta gente y queremos que también nos den la cara", dijo.
Soraida Navarro, hija de Jesús Emilio Navarro, una de las víctimas -que está desaparecida hace 14 años-, hizo una sentida intervención en la que habló del miedo que generaron las ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, y que derivó en la ruptura de la confianza en las Fuerzas Militares.
“Mi primera exigencia es limpiar el buen nombre de nuestros familiares (…). No tenemos confianza en el Estado colombiano, si llega el Ejército a nuestra región nosotros sentimos miedo”, dijo.
Y continuó: “Quiero que esto no se vuelva a repetir. Que nuestros hijos y nietos no vuelvan a pasar por esto. Ya no hay lágrimas en los ojos porque hemos sufrido tanto (…). Yo quiero que ustedes no encubran más”.
Otra de las víctimas denunció que aún hay algunas personas no están en los registros de la Unidad de Víctimas. También solicitó la destitución de militares que continúan activos y que, para ella, están vinculados en el asesinato de su hijo, como Luis Francisco Ríos García.
"Conozco tres casos, incluyendo el mío. Los que participaron en el asesinato de mi hijo todavía los veo con el uniforme", manifestó la mujer. Por último, pidió al Estado que indemnice a todas las víctimas.
La segunda parte de la audiencia de reconocimiento se llevará a cabo este miércoles 27 de abril, desde las 8 de la mañana, también en Ocaña .
Se espera que los militares hablen de la legalización de los asesinatos, el encubrimiento y la estigmatización de la población civil.