Con el objetivo de proteger los cuerpos de 300 personas no identificadas que podrían ser víctimas de hechos del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició el estudio de medidas cautelares sobre el cementerio central de Neiva, capital de Huila, en el suroccidente colombiano.
El proceso comenzó el año pasado, cuando el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva puso en conocimiento de la JEP la existencia de esa cantidad de cuerpos inhumados sin identificación en fechas que corresponden “con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”.
A raíz de esa solicitud, la JEP inició el trámite el 4 de diciembre del 2019 para estudiar las medidas que aseguren la protección y conservación de estos cuerpos. Posteriormente, el 29 de enero del 2020, asignó a los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, de la sección de ausencia de reconocimiento, para que queden a cargo de este estudio.
“El objeto de la medida cautelar es lograr la protección de los cuerpos ubicados en el cementerio con el fin de asegurar su posterior identificación y entrega”, informó la JEP este miércoles en un comunicado.
La información recaudada hasta el momento arrojó que en el proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la capital de Huila se contempla la posibilidad de trasladar el cementerio central, que es administrado por la Diócesis de Neiva.
Por esta razón, en decisión del 16 de abril, los magistrados decidieron vincular a la Gobernación de Huila, a la Alcaldía de Neiva y a la Diócesis de Neiva y “se les requiere para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al cementerio”.
La vinculación, como han explicado los magistrados de la JEP en otras ocasiones, no implica que se abra una investigación a estas entidades, sino que son partes interesadas en el proceso, o bien por sus responsabilidades y obligaciones o porque se puedan ver afectadas por las medidas que eventualmente adopten los togados.
Con el estudio de medidas cautelares en Neiva, serían por lo menos 18 lugares con inhumaciones de posibles víctimas del conflicto los que están bajo estudios de medidas cautelares.
Los otros 17, por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y entre los que están la comuna 13 de Medellín, la zona de influencia del proyecto de Hidroituango, los cementerios de Dabeiba y Puerto Berrío (Antioquia), dos cementerios en San Onofre (Sucre), cementerios de Caldas y Santander, entre otros.
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