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JEP Colombia

JEP dice a Corte que tiene competencia preferente sobre bienes de Farc

A mediados de este año, el fiscal Néstor Humberto Martínez entregó a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, los primeros expedientes para comenzar juicios.

A mediados de este año, el fiscal Néstor Humberto Martínez entregó a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, los primeros expedientes para comenzar juicios.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO

Corte Constitucional debe decidir quién es el competente en este conflicto invocado por Fiscalía. 

María Isabel Ortiz Fonnegra
Frente al debate sobre si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene o no tiene competencia para decidir sobre los bienes de la antigua guerrilla de las Farc, algo a lo que la Fiscalía se oponía y por eso entabló un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, la justicia especial envió un concepto ante dicho tribunal para que este decida si es el competente sobre la materia.  

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Fallo previo daría razón a Fiscalía en pulso con JEP por bienes FarcLos choques que han tenido hasta ahora la Fiscalía y la JEPFiscalía pide a Corte definir competencia sobre bienes de las Farc
En su alegato, la JEP dice que en realidad "no tiene lugar ningún conflicto” de jurisdicciones con la Fiscalía en el proceso para decidir si impone medidas cautelares sobre los activos de las Farc, con lo cual la Corte Constitucional no tendría por qué pronunciarse. Argumenta, entre otras cosas, que se trata de un mero pedido de información al ente acusador.
Sin embargo, añade la JEP en su concepto, sí el tribunal constitucional encuentra que sí existe un conflicto de competencias, le pide que declare que esa justicia especial tiene la competencia para el asunto de las medidas cautelares sobre los bienes de la exguerrilla. 
"Si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le solicita que declare
que la Jurisdicción tiene la competencia de resolver la solicitud de medidas
cautelares, formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la
JEP".
La Corte Constitucional tiene que tomar una decisión sobre quien tiene razón, si la JEP o la Fiscalía, que fue la que invocó ante ese tribunal dicho conflicto de jurisdicciones. Esto lo hizo el ente acusador luego de que la JEP le solicitara a la Fiscalía información sobre los bienes que han detectado e incautado a las Farc luego de su desmovilización.
La justicia derivada del acuerdo de paz con la exguerrilla había solicitado esa información no solo a la Fiscalía, sino a otras entidades del Estado que tienen información sobre dichos bienes de la antigua insurgencia, con el fin de contar con insumos para decidir si decretar unas medidas cautelares en una audiencia que había solicitado que la UIA de la JEP. 
la Fiscalía consideró entonces que no tenía por qué enviar esa información y pidió a la Corte dirimir el conflicto.
En su intervención ante la Corte Constitucional, la Sección de Ausencia de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP enfatizó que este sistema de justicia transicional "tiene competencia preferente y prevalente para la  eterminación de los bienes y activos de las Farc".
Y añadió que “el supuesto conflicto de competencias entre jurisdicciones propuesto por el Fiscal General de la Nación es inexistente y, por ende, improcedente por cuanto no tiene otro efecto que dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cautelares solicitado por la Unidad de Investigación”.
La justicia especial subraya en su escrito dirigido al alto tribunal: “La JEP está actuando con fundamento en el principio pro víctima y conforme lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-071 de 2018, en relación con los bienes de la extinta Farc, al considerarlos propiedad colectiva cuyo efecto principal es el de contribuir con la reparación de las víctimas con independencia del perpetrador y permitir el acceso y mantenimiento de beneficios a todos los miembros de las Farc, obligados a contribuir con la verdad frente al origen y uso de tales bienes”.
En todo caso, para la JEP, la Fiscalía no está planteando un conflicto de
jurisdicciones, pues no está reclamando competencia para conocer de la
solicitud específica de la UIA.
REDACCIÓN PAZ 
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María Isabel Ortiz Fonnegra
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