La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no extraditar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, a los Estados Unidos, que lo pedía por supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaina a ese país luego del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz.
Ante esta decisión, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció su renuncia irrevocable pues dice que esto es un desafío a la Constitución.
ATENCIÓN. @JEP_Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a @FiscaliaCol disponer libertad inmediata.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 15 de mayo de 2019
En concreto, la Sección de Revisión de la JEP decidió aplicar la garantía de no extradición a Santrich porque, dice, las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización.
En su decisión, la JEP también ordenó a la Fiscalía liberar al exjefe guerrillero de forma inmediata. Santrich ha estado preso desde el 9 de abril del 2018, y está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En la decisión de no extraditar a Santrich salvaron el voto las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Claudia López, quienes también habían salvado su voto cuando la JEP solicitó a Estados Unidos la pruebas que sustentaban su petición de extradición.
Esta determinación de no extraditarlo será apelada por la Procuraduría, que considera que este caso debería ser decidido por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el Ministerio Público tendrá 5 días para sustentar su apelación, que será decidida por la Sección de Apelaciones de la JEP en un máximo de 30 días hábiles.
El juzgamiento en Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, quien fue el ponente de la decisión sobre Santrich, expresó que la Sección tomó la determinación de conceder la garantía de no extradición a Santrich porque no pudo evaluar la fecha de comisión del supuesto delito debido a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas, y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida al exjefe guerrillero en la solicitud de extradición.
Bobadilla agregó que para la Sección, el juzgamiento en Colombia de Santrich "es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
Frente a la disposición inmediata de la libertad de Santrich, el magistrado aclaró que Santrich sigue a disposición de la JEP y su régimen de de condicionalidad, es decir a los compromisos que adquirió a cambio de beneficios.
De otro lado, explicó que se compulsaron copias para que se investigue disciplinariamente a funcionarios de la Fiscalía por las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia.
"Respecto a la declaración jurada del agente de la DEA constataron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares", dijo Bobadilla.
El magistrado agregó que "las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia".
De todas formas, aclaró Bobadilla, la JEP "no está decidiendo de fondo, sobre su responsabilidad. La aplicación de la garantía no implica que la conducta se quede sin investigar. La competencia es de autoridades transicionales y ordinarias".
La JEP no está decidiendo de fondo, sobre su responsabilidad. La aplicación de la garantía no implica que la conducta se quede sin investigar
Santrich es señalado de hacer parte de una red conocida como ‘la Familia’ que tuvo contactos con carteles de la droga mexicanos para la venta de cargamentos de droga con destino a los Estados Unidos.
La red, dice la acusación del país norteamericano, alcanzó a entregar una muestra de cinco kilogramos de coca como prueba de la seriedad del negocio. Y luego Santrich “se reunió con los compradores en su residencia” y allí reconoció que él y los otros dos capturados “vendían cocaína a otras organizaciones”.
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En febrero del 2018, los integrantes de la organización se reunieron con los compradores y habrían acordado la venta de 10.000 kilos de cocaína por 15 millones de dólares, que debían ser puestos en Miami, Florida, dice la DEA.
Por hechos presuntamente relacionados a esto también fueron detenidos los empresarios Armando Gómez y Fabio Younes, quienes pidieron que sus casos los analizara la JEP. Sobre ellos la misma justicia especial dijo que no tenía competencia para pronunciarse dado que no estaban acreditados como miembros de las Farc.
En un auto de octubre pasado, la JEP pidió las “evidencias que soportan la solicitud de extradición”, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Para recibir esa evidencia relacionada en el 'indictment', o acusación, se puso un plazo de 40 días, que terminó ampliándose pues la carta en la que el Ministerio de Justicia hacía el requerimiento al departamento de Justicia de Estados Unidos nunca llegó a su destino luego de dos meses de la orden judicial.
Finalmente, este episodio terminó, como lo había anunciado el embajador de ese país, Kevin Whitaker, con la negativa de la justicia estadounidense de enviar más elementos contemplados en el 'indictment' o acusación.
La Procuraduría, en sus alegatos de conclusión, había pedido que no se le aplicara a Santrich la garantía de no extradición, pues para el Ministerio Público, la presunta conducta ocurrió luego de que entrara en vigencia el acuerdo de paz, y por lo tanto la JEP no es competente sobre esas conductas atribuidas a exguerrilleros luego de esa fecha.
Y desde luego Santrich, en un memorial de conclusiones que dirigió a los magistrados de la sección de Revisión que llevan este caso, insistió en que las acusaciones de conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína por el cual es requerido por Estados Unidos son "un burdo montaje de la DEA y del fiscal Néstor Humberto Martínez".
La defensa del exguerrillero aseguró también que no hay evidencias de la conducta que se le atribuye a Santrich.
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