La JEP recibe 23 casos de crímenes sexuales en Norte de Santander
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La JEP recibe 23 casos de crímenes sexuales en Norte de Santander

Fueron 21 mujeres las que sufrieron estos hechos cometidos por miembros de las Farc y la FF. PP.

Violencia sexual en el conflicto

Además de reconstruir sus historias, las mujeres recibieron acompañamiento emocional y psicosocial en la elaboración del informe.

Foto:

Corporación Humanas.

Por: Justicia
02 de julio 2020 , 09:34 p. m.

Hasta siete perpetradores pertenecientes a las Farc cometieron violaciones sobre una misma mujer, en un mismo hecho, en Norte de Santander durante el conflicto armado. Casos como este fueron recogidos en el informe ‘Justicia para todas’, presentado este jueves por la Corporación Humanas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Adriana Benjumea, directora de la corporación, explicó en la entrega formal del informe que este contiene 23 hechos de violencia sexual en el marco del conflicto contra 21 mujeres, ocurridos todos en 10 municipios de Norte de Santander entre 1991 y 2016. Aunque la mayoría ocurrieron en el Catatumbo, también hay otros registrados en Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia.

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Las víctimas, al momento de los hechos, tenían entre 10 y 42 años, y siete de ellas fueron agredidas cuando eran menores de edad. Ellas, que se reconocen como sobrevivientes, reconstruyeron sus historias a través de un trabajo de acompañamiento emocional para pedirle a la JEP que haya justicia sobre sus casos.

“Esta forma masiva y colectiva de violación también habrá que superarse colectivamente”, citó Adriana Benjumea del libro ‘Una mujer en Berlín’, para resaltar que el informe es resultado del trabajo de mujeres organizadas en tres organizaciones: la Fundación Nueva Esperanza, Las hijas del Rey y Mujeres Calladas por la Dignidad.

“Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero yo sé que de pronto esto sí sirva para eso, para que de alguna u otra manera se haga la justicia que tiene que hacerse, no solamente para mí sino para todas las que han pasado por esto”, dice una de las mujeres cuyas historias fueron entregadas a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP.

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Benjumea también explicó que en el trabajo de acompañamiento lograron documentar 34 hechos de violencia sexual contra 30 mujeres, pero que en el informe solo entregaban 23 porque algunos de los otros ocurrieron fuera de Norte de Santander y otros fueron cometidos por otros actores armados sobre los que la JEP no tiene competencia para investigar.

Además, tres casos no quedaron en el informe porque, aunque fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública, no era clara su relación con el conflicto armado. Otros 10 que fueron cometidos por las Farc no se presentaron porque no cuentan con el consentimiento informado de las víctimas, al igual que sucedió con otros 17 en los cuales los perpetradores pertenecían a las fuerzas del Estado.

Sin embargo, el informe resalta que los casos presentados son representativos de la “sistematicidad” con la que ocurrieron estos crímenes en el departamento. De las 21 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, solo dos habían denunciado sus casos a la Fiscalía. Además, otras 10 hablaron por primera vez de los hechos que sufrieron.

Estas cifras dan cuenta de la invisibilización sobre estos crímenes. Así lo resalto la procuradora judicial Heidi Abuchaibe, quien aseguró que ha habido avances en el reconocimiento y la investigación de estos hechos, pero que estos “no son suficientes”.

Abuchaibe ratificó que en el informe 06 de la Fiscalía a la JEP solo se registraban dos hechos de violencia sexual en Norte de Santander. Asimismo, reconoció que la justicia transicional ha tenido avances en el protocolo de comunicaciones con las víctimas de violencia sexual y en la claridad de que los autores de crímenes sexuales no recibirán beneficios de amnistía ni de indulto.

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De las víctimas incluidas en el informe, 11 sufrieron desplazamiento forzado, dos más amenazas y cuatro de ellas intentos de reclutamiento ilegal cuando eran menores de edad o posteriormente de sus hijos e hijas.

La directora de Humanas también señaló que en el informe se incluyen patrones de criminalidad así como detalles de los daños físicos, emocionales y económicos que sufrieron las víctimas, para que estos sean tenidos en cuenta a la hora de pensar en las reparaciones a las víctimas.

“Estos 23 hechos no van a ser incluidos en ninguno de los siete macro casos que tiene abierta la JEP”, dijo Benjumea, y por eso insistió en el llamado que esta y otras organizaciones han hecho a la Jurisdicción para que abra un caso nacional que investigue la violencia sexual en el conflicto.

El informe también presenta que los casos cometidos por las Farc tuvieron como patrones de criminalidad una intención de control territorial, pero también de castigar y dominar a las mujeres, así como de “corregirlas”, como sucedió en el caso de una víctima lesbiana a quien violentaron sexualmente por tener una opción sexual distinta.

Vemos con profunda preocupación y tristeza la repetición de estos graves hechos

Entre las víctimas también hay mujeres indígenas, por lo que Humanas le pidió a la JEP tener en cuenta las matrices de interseccionalidad, es decir, de cruce de distintas condiciones de vulnerabilidad y victimización, como la étnica y la de orientación de género, a la hora de pensar las posibilidades de reparación.

Otros patrones identificados por la organización civil señalan que 17 casos se refieren a violaciones, de las cuales 14 fueron cometidas por más de un miembro de las Farc, incluso hasta siete guerrilleros contra una sola mujer.

En el caso de las víctimas de miembros de la Fuerza Pública, Humanas menciona que “la documentación de estos hechos enfrenta múltiples barreras”, entre las que se encuentran “la tolerancia y normalización”, los contextos de abuso de poder, entre otras, que hacen que la denuncia sea “prácticamente inviable”. Por eso, también hicieron un llamado a la JEP para que, en su investigación, se pueda “develar la magnitud de la violencia sexual cometida por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del conflicto” en Norte de Santander y todo el país.

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Estos casos tuvieron agravantes que la JEP debe considerar al calificarlos jurídicamente, dijo Benjumea. Por ejemplo, dos fueron contra menores de 12 años, en tres casos hubo un embarazo resultante de la violación y en otros tres las mujeres fueron contagiadas de enfermedades o infecciones de transmisión sexual; en otros dos, el agravante es que había una relación de poder y confianza con los perpetradores que eran miembros de la Fuerza Pública.

También hay crímenes como prostitución forzada y todos los hechos, para Humanas, deben calificarse como tortura.

El informe fue recibido por la magistrada Alexandra Sandoval, de la Comisión de Género de la JEP, y por las magistradas Nadiezhda Henríquez y Catalina Díaz. Esta última, presidenta de la SRVR, dijo que ya han recibido 38 informes sobre estos crímenes en todo el país y que recibirlos reafirman “que tenemos que profundizar en nuestra agenda de justicia de género en la JEP”.

Asimismo, dijo que tienen claro que en 40 por ciento de los más de 200 informes que ha recibido la JEP se incluyen hechos de violencia sexual. Este informe “es un voto de confianza en esta forma especial de administrar justicia para construir la paz, para terminar con el conflicto armado interno y especialmente para que se haga justicia”, dijo la magistrada Díaz.

“Vemos con profunda preocupación y tristeza la repetición de estos graves hechos”, señaló también la presidenta de la SRVR, en referencia a los casos conocidos en las últimas semanas de violaciones de miembros de la Fuerza Pública a niñas indígenas.

Las magistradas escucharon la presentación del informe, que incluyó también algunas premisas recomendadas por la Corporación Humanas para tener en cuenta a la hora de pensar las reparaciones. Así, Benjumea les dijo que la justicia solo será restaurativa “si logra ser transformadora de la vida de las mujeres” en condiciones de exclusión y vulneración.

La justicia de la JEP solo será restauradora, continuó Benjumea, si se tiene en cuenta el enfoque interseccional y si se comprende el binomio entre justicia y salud, pues las secuelas de estos crímenes de guerra permanecen durante años y “el sistema de salud de Colombia no encuentra una respuesta efectiva y clara para las mujeres”.

Este informe será incorporado a las otras decenas que actualmente la JEP estudia para considerar en la ronda de priorización de nuevos casos que tendrá lugar aproximadamente en agosto de este año y en la que, según indicó la magistrada Díaz, se tendrán en cuenta las demandas de las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

JUSTICIA
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