Ante la grave situación que vive el país frente a los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como de excombatientes de las Farc, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición presentó este lunes el panorama de esta grave situación al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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En el evento público, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, aseguró que "la tragedia humanitaria era en cierta medida previsible. Esto obliga al defensor del pueblo a evaluar la respuesta estatal conforme a estándares más rigurosos".
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Formal y públicamente, en nombre del sistema transicional el magistrado Cifuentes le pidió al defensor Camargo que evalúe con urgencia y detenimiento la situación de los defensores de derechos humanos y exintegrantes de las desmovilizadas Farc.
Estas situaciones quitan la fe de que la paz es posible y llevan a que muchos regresen a la guerra
También se le pidió que rinda un informe y adopte una resolución defensorial, en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta "para detener
esta tragedia humana".
Al evento de solicitud asistieron como invitados los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y representantes de Naciones Unidas.
Aunque el defensor Carlos Camargo no asistió al evento de forma presencial, de manera virtual se pronunció tras recibir la petición formal del sistema transicional.
"Celebramos la iniciativa. Entendemos que busca aportar en la caracterización de los entornos y situaciones que ponen en riesgo los derechos y libertades fundamentales de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y las personas excombatientes de las Farc", dijo Camargo.
Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), aseguró durante el evento que que el sistema integral "no es el único responsable de construir la paz, es el Estado en su conjunto. Por eso, este llamado a la Defensoría del Pueblo a actuar con oportunidad, para que el Estado responda de manera decidida frente a la necesidad urgente de dar una respuesta efectiva”.
Luz Marina Monzón (directora de la Unidad de Búsqueda), Eduardo Cifuentes (presidente de la JEP) y Francisco de Roux (presidente de Comisión de la Verdad).
JEP
A su turno, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, resaltó que el asesinato de líderes y de excombatientes se ha convertido en un tema difícil para el acercamiento a la verdad”.
"Estas situaciones quitan la fe de que la paz es posible y llevan a que muchos regresen a la guerra, a que los campesinos por falta de oportunidades tomen el camino de la guerra porque se sienten seguros en ella", dijo el sacerdote.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, 904 líderes han sido asesinados, según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Solo en 2020 se documentaron 297 casos. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos.
Frente a los asesinatos de los excombatientes de las Farc, la UIA registra 276 homicidios perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de los asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP.
Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios.
Además, de estas cifras, hay reportes de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, 8 secuestros, 2 desapariciones y 2 actos de tortura, consumados entre 2016 y 2021.
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