Un policía y dos militares retirados, aceptados en la JEP por masacre

Un policía y dos militares retirados, aceptados en la JEP por masacre

En mayo de 1998, 11 personas fueron retenidas y 25 más desaparecidas en Barrancabermeja.

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'Nos faltan 17': Veinte años de la peor masacre en BarrancabermejaLuis Miño, periodista barranqueño que escribió sobre la tragedia, el padre Francisco de Roux, sacerdote jesuita que fue testigo y acompañó al Puerto Petrolero y Jaime Peña, padre de una de las víctimas recuerdan y reflexionan sobre la peor masacre ocurrida en Barrancabermeja, en la que paramilitares irrumpieron en la ciudad y se llevaron a 32 personas. Veinte años después, 17 cuerpos aún siguen sin ser regresados a sus familiares.
Masacre Barrancabermeja

EL TIEMPO

Por: Justicia
19 de marzo 2020 , 04:35 p.m.

El teniente coronel retirado de la Policía Joaquín Correa López, el mayor retirado del Ejército Oswaldo Prada Escobar y el capitán retirado del Ejército Antonio Enrique Daza Camacho fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los tres antiguos miembros de la Fuerza Pública fueron aceptados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia especial por la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja (Santander).

Ese día, medio centenar de paramilitares ingresaron al sector nororiental de esa ciudad petrolera del Magdalena Medio, asesinaron a 11 personas y se llevaron a otras 25 que fueron desaparecidos. Según declaraciones de los mismos paramilitares, estas personas, a quienes acusaron de simpatizar con las guerrillas, fueron asesinadas y luego incinerados sus cuerpos.

Para entonces, Correa López ejercía como comandante operativo especial de la Policía del Magdalena Medio, Prada Escobar era oficial de inspección adscrito al Batallón de Artillería Antiaérea N°2 Nueva Granada y Daza Camargo era comandante de la Base Militar de Pozo Siete.

Según el expediente, que reposaba en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, si bien la masacre fue ejecutada por miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar, los uniformados al servicio del Estado fueron acusados de omitir de manera concertada e intencional su deber de protección a la población civil.

Por esta razón, se les imputó como coautores de homicidio agravado y desaparición forzada, bajo la figura de acción por omisión.

En la decisión en la cual los acepta, la Sala de la JEP requiere a los tres presentar compromisos concretos, claros y programados sobre cómo aportarán verdad plena sobre estos hechos y contribuirán a la reparación de las víctimas. Esto incluye que deben aportar información sobre cómo se contactaron con los paramilitares, cómo actuaron de forma conjunta y cómo obtuvieron la información previa a la masacre. Además, sobre su papel específico en haber facilitado que esos hechos se cometieran.

El coronel retirado Joaquín Correa López recibió de la JEP el beneficio de privación de la libertad en Unidad Militar o Policial. Los otros dos ya habían quedado en libertad por vencimiento de términos en el proceso.

Tres personas ya están acreditadas como víctimas en este proceso ante la JEP.

Daza Camargo, además, también fue aceptado por otro proceso que se sigue en su contra por la supuesta ejecución de ‘falsos positivos’ en Arauca.

JUSTICIA
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Justicia@eltiempo.com

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