La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Pa (JEP) abrió el quinto caso en esa justicia especial, derivada de lo acordado con las Farc, por hechos cometidos durante el conflicto entre 1993 y 2016 en norte de Cauca.
Esa sala declaró abierta la etapa de reconocimiento con lo cual se espera que exintegrantes de las Farc, especialmente del antiguo bloque occidental y de la Fuerza Pública que estuvieron involucrados en el conflicto, entreguen información sobre hechos específicos.
Este caso, el 005 de la JEP, se abrió con base en informes enviados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Fiscalía y Centro Nacional de Memoria Histórica.
La magistrada Belkis Izquierdo, de origen indígena, es quien tiene a cargo este expediente, y explicó que la decisión obedece a que la región del norte del Cauca es una en las que más violaciones a los derechos humanos vivió durante el conflicto. En especial, los municipios Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.
En estos se identificaron conductas especialmente graves como desplazamiento forzado, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente.
Por ejemplo, en el norte del departamento del Cauca se presentó el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas hasta el 2014, según el Registro Único de Víctimas. Asimismo, entre 2000 y 2013 en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se presentaron 7.582 muertes producto del conflicto armado y en municipios como Santander de Quilichao y Corinto, en 2001, la tasa de homicidios fue de 100 muertes por cada 100 mil habitantes.
La decisión de priorizar estos municipios del Cauca, explicó la magistrada Izquierdo, se tomó de conformidad con los Criterios y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones de la Sala: Subjetivos (vulnerabilidad de las víctimas, impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios, impacto diferenciado en otros sujetos colectivos y representatividad de los presuntos responsables) y objetivos (gravedad de los hechos; magnitud de la victimización, representatividad de los hechos).
Este caso se suma a los otros cuatro abiertos por la JEP, el 001, sobre retención ilegal de personas por parte de la Farc-EP; el 002, que prioriza la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas; el Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; y el caso 004 que prioriza los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó).
REDACCIÓN PAZ
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