Procuraduría entrega informe sobre 1588 casos disciplinarios a la JEP

Procuraduría entrega informe sobre 1588 casos disciplinarios a la JEP

Procesos datan desde 2006 y 733 están activos. 'Falsos positivos' se agruparían en macrocaso.

Informe Procuraduría JEP

El Procurador General entregó el primer informe del Ministerio Público a la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Twitter: @PGN_COL

Por: Paz
11 de diciembre 2018 , 11:08 a.m.

El procurador general Fernando Carrillo entregó este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el primero de dos grandes informes en relación con las responsabilidades disciplinarias de agentes del Estado, que tienen que ver con hechos del conflicto armado.

En este informe, presentado de manera digital a la presidente de la JEP, Patricia Linares, se reportan procesos decididos desde 2006 a 31 de enero de 2018. El segundo informe, que el ministerio público tiene previsto entregar a finales de enero del próximo año, incluirá casos desde 1990 hasta 2005.

Los que tendrán una mayor relevancia para el sistema de justicia transicional serán aquellos relacionados con el conflicto por hechos anteriores al 1 de diciembre del 2016, es decir la fecha en la que la JEP tiene competencia según a lo que estipuló el acuerdo de paz de La Habana.

En lo reportado están 1.588 procesos disciplinarios en todas las procuradurías del país. De estos, 733 casos están activos y el resto ya se han culminado.

“La verdad que se pretende construir se queda corta si se edifica con versiones o informes exclusivamente de los actores armados. Muchas voces aún tienen que aportar a la verdad comenzando por las voces desde la institucionalidad”, señaló Fernando Carrillo, quien además cuestionó las fallas de las instituciones colombianas que de alguna manera permitieron que se prolongara el conflicto con las Farc más de 50 años.

La verdad que se pretende construir se queda corta si se edifica con versiones o informes exclusivamente de los actores armados

En el informe aparecen 650 muertes de los denominados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales, 27 atentados, 21 años de sufrimientos psicológicos, entre otros. Aquí el mayor número de vinculados pertenecen al Ejército, 14 son miembros de la Armada Nacional y tres, de la Policía.

También aparecen 220 fallos absolutorios y 633 archivos de investigación. Se reportaron unos 290 servidores públicos que fueron sancionados por violación al Derecho Internacional Humanitario, o denominado el derecho de guerra, y los derechos humanos.

Los hechos de los 855 casos decididos con fallo o archivo ocurrieron en siete departamento: Antioquia, Tolima, Caquetá, Meta, Arauca, Huila, y Bolívar.

“Nos corresponde la vigilancia de los servidores públicos. El propósito del informe es ese, por hechos con ocasión de sus funciones y en desarrollo del conflicto armado. No nos parece que se abuse de la justicia de paz para que se ventilen otras causas de otras jurisdicciones. El informe es sobre hechos contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario”, recalcó Carrillo.

Las conductas que reposan en el informe van desde muertes colectivas y presentados como bajas, desplazamiento forzado, acciones ilegales para obtener financiación y atentados contra el Estado, hasta interceptaciones y seguimientos ilegales.

En todo caso, para el Procurador, no obstante estos informes, “el punto de partida del sistema transicional es que los comparecientes digan la verdad”.

En la presentación, que se realizó en las instalaciones de la JEP y en presencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Carrillo resaltó la tarea de Mónica Cifuentes, su delegada para la justicia especial, y quien conoce el sistema desde su concepción en el acuerdo de paz.

Cifuentes señaló que en los casos que han intervenido para que la JEP no conozca procesos que no tienen nada que ver con el conflicto tiene como propósito que no se abuse de los beneficios del sistema. “La JEP no es una tercera instancia de la justicia ordinaria, se viene a reconocer y dar verdad sobre hechos relacionados con el conflicto para que se reconozcan a las víctimas con derechos y como ciudadanos”, enfatizó la funcionaria.

La JEP no es una tercera instancia de la justicia ordinaria, se viene a reconocer y dar verdad sobre hechos relacionados con el conflicto

Casos relevantes

Entre los casos más relevantes que contiene este informe está el ‘macroproceso’ por ejecuciones extrajudiciales que ya abrió la Sala de Verdad de la JEP.

A este caso priorizado se adjuntarán los hechos del informe, sobre todo aquellos relacionados con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos de Soacha y los relacionados con el Gaula Casanare, por el que han sido citados Mario Montoya, excomanadante de las Fuerzas Armadas, y el Mayor Soto Bracamonte, entre otros militares.

Así lo ven los destinatarios en concreto de ese tipo de informes, los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La presidente de esa instancia, Julieta Lemaitre, dice que ya han agrupado y priorizado los casos y que esta información que llega del ministerio público, especialmente de las ejecuciones extrajudiciales, se incorporará.

“El informe servirá en estos casos para contrastación y la imputación de cargos cuando la sala avance sobre las versiones de los comparecientes”, señaló la procuradora Cifuentes.


Patricia Linares, calificó de esa información de "esencial" para cumplir con las expectativas de las víctimas. Por su parte, Lemaitre dijo que “el acceso a sus archivos es el acceso a la memoria, a la voz de una Procuraduría que durante el conflicto se alzó su voz contra los abusos”.

El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre jesuita Francisco de Roux, estuvo presente en la entrega del informe, cuya información también concierne a esa institución derivada del acuerdo de paz con las Farc y cuya misión es esclarecer los sucedido en el conflicto. A diferencia de la JEP, la Comisión no establecerá responsabilidades individuales y no tiene carácter judicial.

REDACCIÓN PAZ

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