‘Fiscalía’ de JEP ha asignado 46 esquemas de protección

‘Fiscalía’ de JEP ha asignado 46 esquemas de protección

El director de la UIA, Giovanni Álvarez, habla de intervención a cementerios y de casos polémicos.

Giovanni Álvarez Santoyo

Giovanni Álvarez Santoyo es el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP desde su creación.

Foto:

UIA de la JEP.

Por: Juan David López Morales
30 de enero 2020 , 10:00 p.m.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que cumple el papel de ser la fiscalía de esa justicia transicional, cuenta que en los dos años que llevan en funcionamiento han tenido que ajustar sus equipos para coordinarse con la magistratura. Por ejemplo, al principio no sabían del protagonismo que iba a tomar el equipo técnico forense, pero las inspecciones en cementerios del país en busca de posibles desaparecidos le han dado relevancia a ese equipo.

¿Qué se viene respecto a los cementerios?

Lo que ha ocurrido no solo con Dabeiba (Antioquia), sino con otros cementerios, es el inicio de esa actividad. Dabeiba fue el primer sitio que intervinimos a fondo. Habrá que esperar, de acuerdo con el desarrollo de las investigaciones, qué apoyos adicionales requieren los magistrados, no solo en Dabeiba sino en los otros siete lugares que se han venido trabajando.

¿Vuelven a Dabeiba en febrero?

Posiblemente. La dinámica de la investigación nos va a indicar a dónde tenemos que ir y qué tipo de intervención hay que hacer.

¿Esa sería la última visita a Dabeiba?

No me atrevería a hablar de la última visita. Es incierto, porque este tipo de actividades dependen del desarrollo del trabajo que se viene realizando. Es posible que terminemos, como es posible que haya muchas más otras cosas que hacer y no sabemos cuánto tiempo nos iremos a demorar.

Además de los cementerios que han solicitado las víctimas, ¿les han pedido contemplar otros cementerios?

En este momento estamos trabajando en lo que se ha solicitado, pero obviamente en el recaudo probatorio es posible que surjan otros sitios. Eso no es descabellado, máxime cuando los grupos armados han operado en casi todo el país y el problema de la desaparición forzada no es un solo de Antioquia o de Sucre. Es posible que haya muchos otros sitios que tengamos que intervenir.

A raíz de Dabeiba se habló de la protección a víctimas, testigos y demás ¿Qué balance tienen hoy?

El programa viene funcionando ya de forma permanente, con un personal que consideramos en este momento suficiente. Ya hemos implementado 46 esquemas de protección. Unos que son duros (con vehículos blindados y personas de protección, chalecos, equipos de comunicación) y otras personas que han sido reubicadas.

¿Esas medidas se coordinan con la Unidad Nacional de Protección?

Nosotros somos autónomos para hacer los estudios y decidir el tipo de esquema de protección, pero la implementación la hacemos a través de la UNP.

¿Ustedes se diferencian de la manera como la UNP hace estudios de riesgo?

Nosotros aplicamos los procedimientos que se establecieron desde el proceso de paz para la JEP: con enfoque de género, étnico y territorial, porque indudablemente hay circunstancias que hacen que un esquema sea diferente. Además, la idea es que también actuemos un poco más rápido porque es un programa autónomo. La UNP tiene una carga inmensa. La nuestra es grande, pero vamos a atender exclusivamente a una población.

¿Los 46 esquemas son individuales?

Sí, pero eso no quiere decir que sea una sola persona. A veces hay esquemas que incluyen un núcleo familiar. No tenemos todavía esquemas comunitarios, pero ya estamos estudiando varias situaciones colectivas.

Bermeo es el único que tenía una especialización en justicia restaurativa

¿Qué pasó con el caso de ‘Sonia’, que ustedes dijeron que se había rearmado y ella se presentó a desmentirlo?

Hubo un informe técnico de un experto que manifiesta que esa persona que está ahí puede ser ‘Sonia’. Nosotros solicitamos que se abriera un incidente. Los incidentes pueden terminar en que una persona sea excluida o que la persona aclare su situación.

¿Simplemente era una persona muy parecida a ella?

Sí, como seguramente puede ocurrir, máxime en un video que no tiene la mejor resolución. Pero eso es normal. A una persona le inician una investigación y eso no quiere decir que sea responsable. Ella aclaró y el tema quedó ahí.

Otro tema es el del caso del exfiscal Bermeo, ¿cómo se ha blindado la Unidad para que esos no se repitan?

Se han tomado medidas. Ese caso golpeó mucho a la jurisdicción y en particular a la UIA, porque en un proceso de estos, de paz y reconciliación, de reparar a las víctimas, uno no espera que pueda haber corrupción. Por fortuna ya está respondiendo ante la justicia. Fue una situación desafortunada de alguien que tiene una hoja de vida profesional excelente.

¿No fue un error de elección?

No fue un error de elección, siempre lo he dicho. Bermeo, de hecho, es el único que tenía una especialización en justicia restaurativa, que es precisamente lo que nosotros vamos a aplicar. Uno no se imagina lo que pueda ocurrir con alguien que tiene una hoja de vida en derechos humanos.

¿Frente al resto de fiscales, ha habido algún tipo de control?

Ahora se hace un reparto automático con un sistema que se creó aquí en la unidad y por supuesto yo ejerzo un control permanente de qué casos se asignan, a quién se le asignan. Solo se puede variar una asignación por solicitud escrita del director. Eso nos permite evitar que alguien que quiera tener un caso en particular por algún interés pueda entrar a manipular.

¿Y antes cómo se repartía?

Era un reparto manual que no permitía tanto control.

¿Qué se viene haciendo a un en los 7 casos abiertos por la JEP?


El año pasado cumplimos con 3.700 solicitudes. En el año 2018 tuvimos 899, lo cual indica que el trabajo se ha venido incrementando, tanto en la magistratura como en la Unidad y eso se refleja en el aumento de trabajo.

En el caso de secuestro, ¿tienen búsquedas de desaparecidos en proceso?

Tenemos un equipo que apoya ese caso. Hemos estado trabajando con la doctora Julieta Lemaitre y los demás magistrados que apoyan ese caso en lo que tiene que ver con la ubicación y búsqueda de las víctimas y en la verificación de información, así como la práctica de algunas diligencias.

¿Entonces sí hay en marcha procesos de búsqueda?

Sí estamos trabajando con la magistrada en todo lo que tiene que ver con el proceso.

¿En qué otros frentes vienen trabajando?

Tenemos tres grupos oficialmente funcionando, en Corozal (Sucre), Cúcuta y Pasto. Eso hace que el trabajo de la Unidad sea más ágil y eficiente. Tienen entre 5 y 6 personas, dependiendo del tamaño de la jurisdicción. También enviamos gente a Bucaramanga, Neiva, Florencia, Quibdó y Villavicencio, pero no se han inaugurado oficialmente las sedes. Solamente nos faltan oficinas en Medellín y Turbo (Antioquia). Son 11 sedes, con la de Bogotá. Esperamos que Medellín y Turbo entren a funcionar este primer trimestre.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
JUSTICIA
Twitter: @LopezJuanDa

Descarga la app El Tiempo

Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.