Lo que plantea la Farc en la primera audiencia territorial con la JEP

Lo que plantea la Farc en la primera audiencia territorial con la JEP

El enfoque de género es el tema central. La justicia especial estudia medidas de protección.

Audiencia JEP Farc

Magistrados y magistradas de varias salas y secciones de la JEP escucharon este martes a los excombatientes de Farc.

Foto:

Archivo particular.

Por: Justicia
21 de julio 2020 , 11:43 a.m.

Después de la audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a los voceros nacionales del partido Farc, como parte del estudio de medidas cautelares de protección colectiva, este martes comenzaron las audiencias territoriales convocadas por la magistratura para evaluar con detalle lo que viene ocurriendo con la seguridad de los excombatientes.

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Cuando se citó esta audiencia, se realizaría (de forma virtual) desde el antiguo ETCR Román Ruiz, en Santa Lucía, vereda de Ituango, Antioquia. Sin embargo, ahora los excombatientes están en Mutatá, tras ser desplazados por las amenazas que sufrieron en esa región del norte antioqueño. Los voceros de Farc se conectaron desde la cabecera de Ituango –los que quedan allí–, Mutatá, Anorí, Dabeiba, Medellín y algunas regiones de Chocó, según conoció este medio.

La situación de esa región es “de extrema gravedad y urgencia”, manifestó Farc, pues se han presentado 36 homicidios, que vienen aumentado año tras año: siete en 2017, ocho en 2018, trece en 2019 y, en lo corrido de 2020, ocho más. De estos, 24 ocurrieron en Antioquia, once en Chocó y uno más en Córdoba.

La de este martes es la primera de cuatro audiencias que se realizarán, inicialmente, y el enfoque que se escogió para este fue el de género.

Es absolutamente indispensable la incorporación del enfoque de género en la medida en que existen afectaciones y riesgos particulares para las mujeres en proceso de reincorporación

La abogada Paola Duque, coordinadora del equipo de defensa de la región noroccidental para el partido Farc, explica que si bien la mayoría de homicidios han sido contra hombres, “es absolutamente indispensable la incorporación del enfoque de género en la medida en que existen afectaciones y riesgos particulares para las mujeres en proceso de reincorporación”.

Los riesgos, dice, tienen que ver con el retraso en la implementación del enfoque de género en las políticas públicas para el posconflicto, así como en mayores barreras de acceso a la justicia, que las toca como madres, hermanas e hijas de los excombatientes asesinados.

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Duque agrega que las mujeres en reincorporación han sufrido un proceso de “reclandestinización”, debido a los roles tradicionales de género y familia, y ante este escenario, la violencia que afecta a los hombres las termina golpeando a ellas en sus círculos familiares. Frente a esto, además, las mujeres optan por dejar papeles de liderazgo, asegura.

Además, agrega que las mujeres en reincorporación, al vivir muchas de ellas en escenarios donde persiste el conflicto armado, también sufren riesgos específicos. Estos ya no solo se dan en el escenario institucional, de estigmatización y discriminación, sino también en las afectaciones “a sus vidas y sus cuerpos como mujeres”, en hechos como la violencia sexual.

La audiencia, que es reservada, comenzó hacia las 8:30 a.m., hasta el mediodía. Allí, también se presentará la situación específica de seguridad de la región, en la que se han registrado amenazas, además de Ituango, en Frontino y Urrao (Antioquia) y en Jiguamiandó y Quibdó (Chocó), así como por toda la margen del río Atrato en ese departamento, donde se asentaron excombatientes.

Así lo explicó Jesús Mario Rojas, conocido en la guerra como ‘Marcos Urbano’, líder de los excombatientes que se tuvieron que reasentar en Mutatá. Él es uno de los seis voceros que hablan este martes ante la JEP, entre los cuales también está ‘Pastor Alape’ como vocero nacional y Fancy Orrego o ‘Erika Montero’ como una de las representantes del enfoque de género dentro de Farc.

Rojas contó a EL TIEMPO que en la audiencia presentarán la situación de seguridad de la región, que incluso incluye algunas situaciones ocurridas en el Eje Cafetero, como la quema de un trapiche en Riosucio, Caldas, donde hay un colectivo de reincorporados. “Queremos mostrar que el Estado no ha puesto en marcha todas las garantías del Acuerdo”, dijo.

En Antioquia hay una gerencia de paz, creada desde la anterior administración, pero Rojas considera que es necesario, para afianzar la reincorporación, que esta se vincule más con otras secretarías como la de Agricultura y la de Gobierno. Esto debido a que los excombatientes han manifestado que las garantías de seguridad no pasan solamente por tener esquemas de protección, sino también por tener la certeza de proyectos productivos para sus vidas.

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Rojas dijo también que pedirán que los consejos de paz, tanto departamental como en los municipios, funcionen. Para ellos, estas instancias pueden ayudar a “aclimatar” la paz en los territorios, no solo con los excombatientes sino frente a las demandas de las comunidades.

Finalmente, dijo que espera que la JEP siga haciendo seguimiento a lo que viene sucediendo y al papel que las autoridades tienen en la protección de los excombatientes. Particularmente, dijo que espera que sigan mirando “esa verdad que dejamos abandonada”, en referencia a Santa Lucía, Ituando, y “que haya presión para que no queden abandonados esos territorios”.

JUSTICIA
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