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JEP Colombia

Falsos positivos: víctimas en Huila piden imputar a altos mandos por rol activo

Audiencia falsos positivos, subcaso Huila

Audiencia falsos positivos, subcaso Huila

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz

Organizaciones identificaron dos patrones en conductas tras analizar versiones de 99 militares.

Luego de analizar las versiones que 99 militares, incluidos 6 generales, rindieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ que ocurrieron en sedes militares que tenían sede o jurisdicción en el departamento del Huila, organizaciones de víctimas le están pidiendo a esa justicia que impute cargos a altos oficiales en calidad de autores y no solo por presunta omisión de funciones.
También que reconozca la existencia de dos patrones criminales que habrían ejecutado los integrantes del la Novena Brigada, del Batallón de Infantería 26 ‘Cacique Pigoanza’, del Batallón de Infantería 27 ‘Magdalena’, del Batallón de Contraguerrilas 9 ‘Los Panches’ y del Gaula Huila.
Acá, la JEP investiga 160 casos de crímenes perpetrados entre 2005 y 2008 y se espera que la justicia transicional tome una pronta decisión, luego de haber dictado ya imputaciones en el subcaso Catatumbo y en el subcaso Casanare.
La JEP recibió 150 versiones de 37 solados, 33 suboficiales, 8 tenientes coroneles, cinco coroneles y seis generales como Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, y de la Novena Brigada con sede en Neiva entre junio de 2006 y 2007. También fueron escuchados el general Miguel Pérez Guarnizo y William Pérez Laiseca, que también lideraron esa unidad; así como a los generales activos Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien lideró el Batallón Magdalena entre 2007 y 2009, y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez.
Esas versiones, que fueron reservadas, después fueron compartidas a las víctimas y a sus representantes para que hicieran observaciones. De hecho, en mayo se hizo una audiencia pública en la que algunas de estas presentaron reparos ante la magistratura por lo dicho por los uniformados.
Ermelina Becerra, madre de Javier Castillo Becerra, ejecutado por el Ejército en un 'falso positivo'.

Ermelina Becerra, madre de Javier Castillo Becerra, ejecutado por el Ejército en un 'falso positivo'.

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz

Ermelina Becerra, madre de Javier Castillo Becerra, ejecutado en enero de 2008, estimó que no fue suficiente: “No hemos escuchado esa anhelada verdad que aún falta, (hay) mucha responsabilidad por asumir. En el caso de mi hijo escuché algo que no es real ni siquiera de dónde lo asesinaron”.
En manos de la magistratura ya están, además, las observaciones que por escrito hicieron las organizaciones que representan a estas víctimas, conocidas por EL TIEMPO, en donde aseguran que en Huila hubo un contexto normativo que “promocionó y justificó” los 'falsos positivos' y, por eso, le piden reconocerlo, así como la existencia de una “política criminal nacional y otra regional” que confluyeron en este subcaso.
En su criterio, la JEP debe imputar a los militares, como ya lo hizo en los casos de otras regiones del país, pero como autores mediatos y máximos responsables en virtud de su “liderazgo o rol determinante” o por su “contribución determinante” en la ejecución de esa práctica criminal en las unidades militares mencionadas, así como llamar a ampliar la investigación a otras unidades adscritas a la Novena Brigada y a la Quinta División del Ejército.

El contexto y las barreras difusas

Hubo una narrativa revictimizante  para ‘acreditar’ la legitimidad de las acciones de las unidades que, además, no fueron cuestionadas por quienes estaban a cargo de su supervisión

Las observaciones a las versiones voluntarias elaboradas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio  describe el contexto operacional que se vivía para la época en Huila que, dice, se enmarcó en una lucha antisubversiva que ya desde finales de los 80 habría implicado ejecuciones extrajudiciales de militantes de la Unión Patriótica que fueron presentados falsamente como guerrilleros de las Farc.
El documento señala que en medio de una fuerte presencia de las Farc en la zona, los versionantes dieron cuenta de asesinatos perpetrados en corredores estratégicos de esa guerrilla, mientras que otros hablaron de acciones supuestamente realizadas contra la delincuencia común, la extorsión y el secuestro, aunque, en general, se indicó que la violencia en todo el departamento era diferente.
Las organizaciones, por ejemplo, reprocharon que un general se refiriera a la existencia de milicias bolivarianas y populares, sin precisar la ubicación exacta en las jurisdicciones de las unidades tácticas o los medios empleados para diferenciar los integrantes de estas estructuras de la totalidad de la población civil; así como que se hablara genéricamente de cómo la delincuencia común se hacía pasar como guerrilleros para infundir más temor porque, para las organizaciones , esto da cuenta de que hubo una dificultad de identificar plenamente a quien se combatió.
“Se justificó el asesinato de las víctimas por su supuesta condición de delincuentes comunes, milicianos o guerrilleros, la cual nunca fue acreditada y, por el contrario, fue desvirtuada por sus familiares, organizaciones civiles, autoridades judiciales, etc., y por la constatación de otros patrones macrocriminales que evidencian la construcción de una narrativa revictimizante empleada para ‘acreditar’ la legitimidad de las acciones de las unidades tácticas que no fueron cuestionadas por quienes estaban a cargo de su supervisión y control e, incluso, fueron promovidas y ordenadas”, dice el documento.

Hubo un contexto normativo que “promovió, favoreció y facilitó el encubrimiento de la comisión de crímenes"

Allí se cuestiona, además, una supuesta falta de precisión sobre las jurisdicciones de cada una de las unidades militares y del Gaula Huila. “Se observa que la lucha contra la delincuencia común se justifica en un cambio de estrategia de la guerrilla; sin embargo, no se aprecia que dicho cambio haya sido abordado en los planes de campaña y/o en el Plan de Operaciones como parte de los objetivos trazados a la unidad operativa menor y a las unidades tácticas”, dice el documento.
Para la representación de víctimas, todo este contexto permite señalar que previo al asesinato de las víctimas, los militares involucrados sabrían de antemano que las víctimas no eran milicianos, guerrilleros ni delincuentes comunes, cosa en la que habría tenido incidencia directa un contexto normativo que “promovió, favoreció y facilitó el encubrimiento de la comisión de crímenes”.
Así, se señala al uso de la “cooperación ciudadana” como forma de justificar fuentes de información para falsear los operativos y misiones para tapar los crímenes y se indica que el concepto de “guerra jurídica” usado por los mandos, llevó a que no se tomaran en cuenta o no se investigaran las denuncias y quejas que en la época se presentaron sobre los reportes del Ejército, bajo la excusa de que se trataba de una estrategia que buscaba la deslegitimación de la Fuerza Pública.
Además, las organizaciones indican que en este contexto estuvo marcada una necesidad imperiosa de mostrar resultados. “Esto significaría para las familias de las víctimas severos fenómenos de estigmatización y revictimización al interior de sus comunidades y a nivel nacional pues incluso, sobre los 'resultados operacionales', desde la Presidencia de la República se emitían y reproducían narrativas estigmatizantes”, dijeron.
Audiencia falsos positivos, subcaso Huila

Audiencia falsos positivos, subcaso Huila

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz

Los patrones

Las observaciones elaboradas por la representación de víctimas apuntan a que entre 2005 y 2008 en el Huila hubo dos patrones macrocriminales: el asesinato de personas fuera de combate que fueron señaladas de ser delincuentes comunes, milicianos o guerrilleros, o de ejecutar actividades criminales de parte del Batallón Magdalena y el Batallón de Infantería Nº26 Cacique Pigoanza.
La segunda, el asesinato de personas fuera de combate que fueron seleccionadas previamente para ello, por ser vulnerables, marginales, por tener antecedentes judiciales, un aparente desarraigo o que fueron engañadas y trasladadas a las zonas a donde ocurrieron los crímenes de parte de esas dos unidades.
Según las organizaciones, bajo el amparo de la política nacional de seguridad y defensa del gobierno de entonces, que lideraba Álvaro Uribe, las unidades militares cuestionadas crearon “aparatos organizados de poder que se encargaron de asesinar y desaparecer personas” que no hicieron parte de las hostilidades, tal y como se acreditado en otros lugares del país, que se vieron beneficiados además por beneficios, permisos, dinero o condecoraciones.

La planeación

La planeación llegó al punto en que se decidía de antemano qué soldado iba a disparar a qué víctima y en cuáles secciones de los pelotones se iban a involucrar

Tras analizar las versiones rendidas, las organizaciones señalaron que los militares implicados llegaron a acuerdos previos sobre cómo se haría la selección de las víctimas cuando hubo, así como los elementos que debían adquirirse para simular los combates, el uso de guías en el terreno, la manipulación de información, entre otros.
Por ejemplo, un integrante del Bimag señaló a quien seleccionaba víctimas que tenían un ‘error’ en su vida para construir una narrativa a partir de sus antecedentes, otro dijo que de eso sabían los jefes de operaciones y los encargados de formalizar cada caso,  y uno más recordó como solo recibió una llamada porque todo estaba listo, por lo que cuando estaban llegando al lugar del supuesto combate ya lo estaban reportando.
“A lo largo de las diligencias de versión voluntaria se pudo establecer que había quienes se encargaban de reportar o fabricar la existencia de ‘inteligencia de combate’ falsa, de recibir dicha información en el batallón e incorporarla a los soportes documentales de cada misión táctica, de aprehender y trasladar a las víctimas al sitio definido para su asesinato, comprar las armas que serían plantadas y la ropa con la cual serían vestidas las víctimas, reportar los asesinatos como ‘bajas en combate’, entre otros”, señala el documento.
“Tal planeación llegó al punto en que se decidía de antemano qué soldado iba a disparar a qué víctima y en cuáles secciones de los pelotones se iban a involucrar”, agrega. Un soldado, por ejemplo, recordó un día con personas detenidas a una vereda desde la vía que va para Popayán desde San José de Isnos cuando uno de los carros se varó. El uniformado dijo que él ya sabía lo que tenía que hacer y procedió con los fusilamientos.
Según las observaciones presentadas a la JEP, a menudo el rol privilegiado conforme a la estructura jerarquizada militar coincidió con el rol ocupado en este entramado, aunque comandantes de batallón evitaron a toda costa emitir órdenes directas o hacer parte de los acuerdos previos. Según las organizaciones, no porque no conocieran de esto, sino para marcar distancia con los ‘falsos positivos’, aunque fueron mencionados por los militares de rango bajo en las versiones.
Aun así, los rangos medios y altos negaron responsabilidad ante la JEP. En ese sentido, un mayor versionante fue señalado por un militar de ordenar el reporte de bajas ilegítimas mientras que este lo niega rotundamente, así como cualquier capacidad de decisión. También se encontraron vicios en el uso de la información de inteligencia y explicaciones confusas o contradictorias sobre su uso y el de informantes.
“El uso de informantes, guías u orientadores de terreno hace parte de los rasgos característicos de la fase de planeación de los crímenes, así como de su ejecución pues algunos de ellos acompañaron la ejecución de las misiones tácticas en las que se asesinó a las víctimas”, indica el documento que también detalla la compra de armas, vestimenta, gasolina y demás insumos utilizados por los militares para la comisión de los crímenes.
Un soldado declaró que en algunos casos las armas eran compradas por ellos en lugares que sabían que vendían y un teniente recordó una vez en que un revólver salió dañado y evitó reportar el supuesto combate hasta que consiguieran otro. Lo mismo sucedió con los otros elementos.
María Luz Miriam Vargas, hermana de Elidelio Velasco, asesinado en 2006. "Lo sacaron de casa y lo mataron porque pensaban que no habría quién lo reclamara".

María Luz Miriam Vargas, hermana de Elidelio Velasco, asesinado en 2006. "Lo sacaron de casa y lo mataron porque pensaban que no habría quién lo reclamara".

Foto:Jurisdicción Especial para la Paz

La ejecución

La búsqueda de hombres jóvenes pretendía identificar a sujetos que no tuvieran un arraigo familiar y social, o que este no fuera fuerte

De acuerdo con el documento, en el primer patrón criminal los soldados dijeron tener información sobre la presencia de personas sospechosas o delincuentes, o se hizo seguimiento de personas específicas relacionadas en denuncias son supuestas actividades ilegales.
En ambos casos el factor común era señalar a las víctimas de ser integrantes de las Farc o de milicias y la mayoría de las víctimas en este escenario fueron ejecutadas en cafetales, cultivos de ‘pancoger’, viviendas abandonadas e, incluso, en sus propios hogares.
En el segundo caso, los asesinatos estuvieron precedidos de engaños a las víctimas, su retención y traslado a los lugares en los que serían ultimadas. Ese engaño, dicen las organizaciones, se presentó en dos sentidos: diciéndoles a las víctimas que iban a trabajar o haciéndoles creer que estaban metidas en problemas por estar relacionadas con personas que estaban metidas en actividades ilegales.
“La búsqueda de hombres jóvenes pretendía identificar a sujetos que no tuvieran un arraigo familiar y social, o que este no fuera fuerte, que tuvieran una mayor libertad y disposición para movilizarse hacia otros lugares del departamento y que no fueran reconocidos en sus comunidades”, dice el documento. Un militar que declaró en la JEP dijo que en un caso les dijo a los soldados que la víctima que acaban de matar no tenía ‘cara de delincuente’ sino de habitante de calle y que resolvieron ponerle una pistola antes de reportar el falso combate.
Entre las víctimas hay también jóvenes que tenían problemas de adicción y habitaban en la calle que tenían en todo caso un contacto estrecho con sus familiares que estaban pendientes de ellos. El engaño, señala el reporte, también habría incluido que los militares se hicieran pasar por delincuentes o atracadores y en todo esto habrían ocurrido, además, actos inhumanos.
Ese es el caso de Éver Urquina, quien fue asesinado el 17 de enero de 2008. “Tras obligarlo a cambiarse de ropa y hacerlo esperar por unas horas en una vivienda abandonada, le dispararon cuatro soldados”, dice el documento que detalla que después de dispararle tres veces, uno de los declarantes que intervino lo amarró a un árbol porque había intentado huir y le disparó varias veces más en el abdomen mientras la víctima rogaba por su vida.

El encubrimiento

Tras la realización de los crímenes se simularon combates, pusieron armas y ropa a las víctimas, se destruyeron documentos y hubo levantamiento de los cuerpos de forma irregular.
En su versión, por ejemplo, un mayor dijo que un coronel tenía relación estrecha con dos fiscales, uno de los cuales habría manifestado reparos sobre lo que se veía sin que se tomaran medidas correctivas para evitar que los descubrieran, según la recopilación que tiene el documento.
“El versionante reconoció que el fiscal los asesoraba y les daba instrucciones a él y a los otros miembros del batallón sobre cómo debían actuar para no quedar comprometidos, ofreciéndoles ayuda propia y de los miembros del CTI para realizar los levantamientos y la documentación de respaldo”, dice el documento que cuestiona  las labores que otras dependencias habrían hecho en el marco de las ejecuciones.
En este apartado también se reseñan las declaraciones que los implicados daban, de común acuerdo, sobre lo sucedido, así como la  fabricación de documentos legales y carpetas operacionales, la apertura de indagaciones preliminares e investigaciones formales y la elaboración de certificaciones sobre la buena conducta de las tropas.

La petición de imputación

No solo se justificó el poder de mando del primer nivel sobre el aparato organizado de poder, sino la existencia de una estructura altamente jerarquizada

Con todo lo anterior, las representaciones de víctimas le pidieron a la JEP que impute cargos a 11 integrantes del Batallón de Infantería Nº26 Cacique Pigoanza y a otros 16 de Batallón Magdalena, considerados como máximos responsables.
"El aparato de poder organizado en cada unidad contó con tres niveles: en el nivel superior se ubicaron los comandantes de batallón quienes aportaron al plan macrocriminal a través de la permisión y destinación de pelotones especiales a la comisión de los crímenes, la emisión de órdenes directas en este sentido, el ejercicio de presiones para la priorización de bajas sobre otros resultados operacionales y las investigaciones disciplinarias inconcluyentes, entre otros factores más", dijeron
En el segundo nivel, integrantes de las planas mayores y comandantes de compañía y/o pelotón se hicieron cargo de los aspectos logísticos y requerimientos materiales para la comisión de los crímenes. Y, en el tercer nivel, se ubicaron los militares responsables de ejecutar materialmente los crímenes como consecuencia de lo acaecido en los otros dos niveles.
"No solo se justificó el poder de mando del primer nivel sobre el aparato organizado de poder, sino la existencia de una estructura altamente jerarquizada, su desapego al ordenamiento jurídico de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la fungibilidad de los ejecutores materiales o, en algunos casos, la elevada disposición de algunos de ellos para la comisión de los crímenes", indicaron.
justicia@eltiempo.com
EnTwitter: @AlejaBonilla

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