A Julián Oviedo Monroy –19 años, cejas delgadas, cabello negro– los militares le arrancaron la vida con seis fogonazos. Salió de su casa en Soacha el 2 de marzo de 2008, engañado con una falsa promesa de trabajo, y apenas un día después fue reportado por miembros del Ejército como un supuesto guerrillero dado de baja en un combate a 645 kilómetros de su hogar, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
De eso ya pasaron 14 años, durante los cuales su madre, Blanca Nubia Monroy, no ha descansado para limpiar su nombre y exigir que se haga justicia en el caso.
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Esta semana, cuando por fin estuvo cara a cara con algunos de los militares responsables del asesinato de Julián –en la primera audiencia pública de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, los escuchó relatar el horror con el que planearon las ejecuciones de civiles para presentarlos como muertos en enfrentamientos (‘falsos positivos’), entre los que estaba su hijo.
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Los escuchó decir que no eran guerrilleros, sino muchachos inocentes del campo y de la ciudad. Los escuchó aceptar que defraudaron a su institución. Los escuchó decir que estaban arrepentidos y les pedían perdón a ella, a las demás víctimas y al país entero.
Y cuando llegó su momento de hablar, vestida con una camiseta blanca con el rostro de su hijo estampado en el pecho, tomó el micrófono, miró a los militares y –con la expresión de quien ya no le teme a nadie– dijo con firmeza: “Cada corazón siente lo suyo. Mi corazón es distinto. Yo soñaba que los militares dijeran qué había pasado con nuestros hijos y hoy los tengo acá. Qué bueno que algún día las personas que mataron a nuestros hijos se paren en público y pidan perdón. Es un alivio para mí como madre”.
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Las palabras de Blanca, una de las emblemáticas y aguerridas madres de Soacha, recogen el significado que esa audiencia tiene para cerrar parte de las heridas que la guerra ha abierto en Colombia: el encuentro de la víctima con el victimario, la necesidad de escuchar la verdad, la confrontación a aquel que hizo el daño, la reflexión que llevó al responsable al arrepentimiento, la conciencia de que el perdón es todo un proceso y que es individual.
Ocaña, donde el Ejército ejecutó extrajudicialmente a Julián y a decenas de jóvenes de Soacha y la región del Catatumbo, fue el lugar elegido para la audiencia.
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Allá estuvieron, el martes y el miércoles de esta semana, medio centenar de víctimas, los primeros 10 militares y un civil imputados por la JEP en el macrocaso 03 (que investiga los ‘falsos positivos’), y cinco magistrados de este tribunal transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc.
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El evento ha sido calificado como el mayor avance en términos de justicia y reparación producto del tratado, y marca además un hito en los procesos de paz del mundo: es la primera vez que los procesados por crímenes de guerra y lesa humanidad reconocen su responsabilidad y piden perdón de manera pública, uno a uno, frente a la sociedad, las víctimas y la justicia.
“No hay que entenderlo como un acto de dos días, que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, sino como un proceso personal a través del cual los involucrados se dan la posibilidad de aceptar lo que pasó, de vivirlo, y, en algunos casos, de iniciar a perdonar. Es la puerta de entrada a un verdadero proceso de reconciliación para el país”, dice el psicólogo y abogado Luis Andrés Jiménez, profesor de la Universidad Konrad Lorenz que trabaja hace años en la evaluación forense de víctimas en el marco de la violación de derechos humanos.
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“En ninguna otra sociedad se ha hecho esto: que miembros de un actor formalizado como el responsable de la seguridad (el Ejército) cometan una acción de este tipo y salgan a poner la cara. Es un paso gigante en términos de reconstrucción psicológica. Los militares detallaron, describieron los hechos como parte de ese reconocimiento tan dolido, solicitaron perdón, que se convierte en un elemento de la reconciliación y ayuda a romper con el circuito de odio y de venganza que dejan estos hechos”, dice Wilson López, doctor en Psicología y profesor de la Javeriana, quien lleva más de una década estudiando las dinámicas del perdón en Colombia y otros países del mundo.
Esa andanada de verdades, exigencias y dolores que se vivieron durante el martes y el miércoles fue calificada como una “catarsis colectiva” por la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, que está a la cabeza de la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales del Catatumbo.
Aunque la aceptación pública de los militares fue ampliamente valorada en el país –y también en el exterior, incluyendo la embajada de Estados Unidos–, las víctimas dejaron en claro que aún hace falta aportar muchas verdades y les exigieron que señalen a los altos mandos de las Fuerzas Militares y civiles que estuvieron vinculados con las órdenes que llevaron a cometer estos asesinatos, que según la JEP fueron al menos 6.402 solo entre 2002 y 2008.
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Los involucrados se dan la posibilidad de aceptar lo que pasó, de vivirlo, y, en algunos casos, de iniciar a perdonar. Es la puerta de entrada a un verdadero proceso de reconciliación para el país
El relato del primero de los 10 militares imputados en hablar fue uno de los más detallados que se escucharon. “Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté a familiares de los que están acá, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que eran guerrilleros. Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por la presión de unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo, no es justo”, dijo el suboficial retirado del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez, quien era cabo en 2007 y 2008, la época de las ejecuciones en el Catatumbo.
El coronel (r) Rubén Darío Castro Goméz dijo: “Perdón por poner en tela de juicio la imagen de sus familiares, por presentarlos como delincuentes cuando no lo fueron, perdón por el daño y lo que tuvieron que vivir para poder recuperar sus cadáveres y las necesidades durante estos 14 años. Cuando era comandante, continué ejerciendo las políticas del comandante del Ejército para la época, el general Mario Montoya, de mostrar resultados a como diera lugar”.
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Sobre esto, el sargento en retiro Sandro Mauricio Pérez Contreras señaló: “Acepto ante ustedes, ante el país y el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos y legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley”.
En medio de su intervención le agradeció a la madre de uno de los jóvenes asesinados, con quien sostuvo un encuentro preparatorio semanas atrás: “Gracias por hacerme entender el valor de la vida, que nuestro vínculo familiar es mucho más de lo que pensamos”.
El general (r) Paulino Coronado Gámez (izq.) aceptó su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ ante los magistrados de la JEP y las víctimas. Fue comandante de la Brigada 30 entre 2006 y 2008.
EFE/ Jurisdicción Especial Para La Paz
El reconocimiento más esperado se dio al final del segundo día de audiencia, y fue el del general retirado Paulino Coronado, el oficial de más alto rango imputado por la JEP hasta ahora. Aunque reconoció su responsabilidad por omisión en los asesinatos, negó recordar una reunión de 2007 en la que le habrían advertido lo que ocurría.
En un momento de su intervención, las víctimas se levantaron y mostraron carteles en los que se leyeron frases como ‘Faltan máximos responsables’, ‘Aquí faltó verdad’, ‘¿Quién dio la orden?’.
Para el profesor Jiménez, garantizar respuesta a esas exigencias de las víctimas es un paso clave: “En estos hechos de violencia que fracturan a personas, familias y la sociedad en su conjunto, no solo se busca saber la verdad de un hecho, sino por qué se dio una lógica de violencia en general. Esa demanda busca visibilizar que eso que ocurrió sigue ocurriendo, pero, sobre todo, que no puede volver a ocurrir. Por eso la importancia de sancionar no solo a los soldados”.
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El proceso que inició la JEP para esclarecer y juzgar estos hechos va encaminado a eso, y tendrá un nuevo capítulo dentro de un mes, con el reconocimiento público de los exjefes de las Farc imputados por secuestro. Ahora las víctimas de la guerrilla esperan que los excombatientes de las Farc cumplan a cabalidad con sus compromisos, digan la verdad y que el perdón sea sincero y profundo.
Por lo pronto, las declaraciones de esta semana, que conmocionaron al país, marcan un precedente en la aceptación de los crímenes de Estado y dejan un mensaje sentado: que la tragedia de los ‘falsos positivos’ no puede volver a repetirse nunca más.
En febrero de 2008, Elkin Gustavo Verano Hernández no regresó a su casa en Soacha, donde vivía con su madre, hermanos y sobrinos. Junto con él, otros 18 jóvenes de ese municipio y de Bogotá desaparecieron sin dejar rastro.
Tiempo después, su madre, Flor Hernández, viajó a Ocaña para reconocer si sus restos eran parte de los llamados ‘falsos positivos’. La mujer recordó en la audiencia la angustia de la desaparición de su hijo.
“Mi hijo no pertenecía a ninguna bacrim, era una persona sana, trabajadora. Ustedes me separaron de mi hijo, que daba la vida por mí. Mi hijo sigue vivo para mí. Así como están ustedes vestidos de civiles, así se lo llevaron”, les dijo a los militares imputados.
El padre de Soraida Navarro y de ocho hijos más desapareció en la región del Catatumbo en 2007. Desde entonces, su hija emprendió una búsqueda por la verdad y la justicia, en la que se encontró con las madres de Soacha, que también reclamaban por sus hijos en la misma región.
Hasta hoy, los hijos de Jesús Emilio Navarro no han podido encontrar su cuerpo. Soraida se dirigió a los comparecientes en la audiencia y les dijo: “Mi padre me enseñó el respeto por la vida, pero a él no le tuvieron respeto”.
También dijo: “La región del Catatumbo aún tiene miedo cuando el Ejército llega a este territorio. ¿Y saben una cosa? Ya no hay lágrimas en los ojos, porque hemos sufrido tanto...”, lamentó la mujer.
JULIÁN RÍOS MONROY
Redacción Justicia
En Twitter: @julianrios_m