Cuando encontraron su cuerpo, baleado y sin vida, tenía puestas unas botas de caucho dos tallas más grandes que la suya. En su mano derecha le habían puesto un arma corta: no sabían que era zurdo. Y tampoco que ese hombre a quien presentaron como guerrillero dado de baja en combate pertenecía a la misma fuerza que ellos: el Ejército Nacional.

Piel blanca, cara alargada, contextura delgada, 1.77 de estatura, 22 años. Su nombre: José Fabio Rodríguez Benavides. Le gustaba la salsa, la ranchera y las baladas. Con frecuencia, cantaba ‘El Carpintero del Amor’, de Andrés Cepeda.

Cepillo para pulir
Angustias de mi alma
Serrucho para cortar
Amor que duele y que daña

Era un consentido: se sentaba en las piernas de su madre para que ella lo alzara, y le contaba todo. Si tenía alguna pretendiente, quién seria su próxima conquista, los detalles de una cita…

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Por eso a ella –quien pide mantener su nombre en reserva, por temor de que algo le pase–, le extrañó que transcurrieran tantas horas sin saber de él ese 24 de marzo de 2007 que lo vio por última vez.

“A la medianoche preparé una ollada de tinto, me tomé uno y me quedé esperándolo en una silla. Yo no podía dormir cuando él salía, y por eso siempre me avisaba si se iba a demorar. Pero esa noche no se reportó ”, cuenta la madre de José Fabio.

Tres años atrás, cuando se graduó como bachiller del colegio Antonio Nariño, de Granada (Meta), donde nació, José Fabio decidió irse a prestar el servicio militar.

Pasó a formar parte de la Brigada de Selva número 26, del batallón de Leticia (Amazonas), pero en una misión sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo mandó al quirófano. Le dieron seis meses de incapacidad, y en 2007 se fue a su pueblo para recuperarse en casa de su familia.

Ese año, la Cuarta División del Ejército, que operaba en los llanos orientales, ocupó el primer puesto en resultados operacionales a nivel nacional, según ha documentado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Declaraciones de soldados ante la justicia han sacado a relucir una presión de los comandantes para producir más bajas enemigas. A cambio de esto –según han documentado organizaciones como Human Right Watch– obtenían dinero, permisos de vacaciones, ascensos, comisiones en el extranjero, reconocimientos y felicitaciones.

Esa presión, en muchos casos, derivó en que algunos militares disfrazaran a civiles de guerrilleros y delincuentes, los asesinaran en campos de batalla ficticios y los presentaran ilegítimamente como bajas en combate para hacerse a los incentivos, una práctica que en Colombia pasó a conocerse como ‘falsos positivos’.

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Pero en ese afán de presentar resultados no solo cayeron civiles. Miembros del batallón Pantano de Vargas, con sede en Granada, asesinaron a José Fabio, un soldado más del Ejército al que ellos pertenecían, y lo hicieron pasar como miliciano de las Farc abatido en un enfrentamiento.

La ollada de tinto se acabó. Antes de que despuntara el amanecer, la madre de este militar salió a preguntar, de casa en casa, si alguien sabía algo sobre él.

Le dijeron que lo habían visto tomándose unas cervezas con dos amigos. Lo buscó en el hospital del pueblo, en la estación de Policía y hasta en la oficina del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero no aparecía por ningún lado.

Al día siguiente, sus familiares llegaron hasta la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, donde les dijeron que debían esperar 72 horas para poner una denuncia por la desaparición de José Fabio.

“A mi hija le pidieron que esperara más tiempo. Le dijeron que en esos días el único muerto que habían reportado era un guerrillero que habían matado en combate”, cuenta esta madre.

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En un computador, les mostraron la foto del hombre sin vida. Era José Fabio Rodríguez Benavides.

Para entonces, su cuerpo ya había sido enterrado como N. N. (o persona sin identificar), en el propio cementerio del pueblo donde nació.

El 31 de mayo de 2013, el juzgado segundo administrativo de Villavicencio condenó a la Nación por la ejecución extrajudicial de este joven. En esa sentencia se documentaron las circunstancias de su muerte.

“Llama la atención la ubicación del arma en una posición superior a la mano y sobre manchas de sangre, cuya fuente no es explicable con la posición del cadáver y la ubicación de las heridas”, se lee en el fallo, que cita un informe de análisis de evidencia.

Otro punto que les generó dudas a los investigadores fue la ropa: “El estilo de moda tipo casual de las prendas que porta la víctima no es coincidente con el estilo de sus zapatos. Llama la atención que las botas con las que fue encontrado fueran en medida dos números más de los que utilizaba, y su suela muestra características de limpieza que no se compadecen con las condiciones del terreno y clima”.

Pero hay más piezas que no se ajustan al rompecabezas que los militares intentaron armar tras el asesinato de José Fabio. Según la versión de los uniformados, “la agresión fue de frente a la tropa”, pero el análisis de balística mostró que tres de las lesiones en el cuerpo fueron en la espalda y solo una de frente.

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De hecho, un juez de la Justicia Penal Militar que evaluó el caso, decidió remitirlo a la justicia ordinaria argumentando que la línea de fuego argumentada por los militares “no guarda relación” con la evidencia, y que “al parecer, cuando los militares hicieron uso de sus armas de dotación no lo hicieron desde las posiciones señaladas en la reconstrucción de los hechos”.

“El sepulturero comenzó a cavar en una tumba del cementerio de Granada, Meta. A su lado, dos mujeres esperaban la exhumación del cuerpo de un hombre que, tres días antes, había enterrado por solicitud de unos soldados del Ejército. Las mujeres esperaban ansiosas a que el sepulturero terminara su trabajo. De pronto, vieron el cuerpo: ‘Es él’, dijeron al unísono. No era un N.N., tampoco había sido guerrillero y tenía identidad y profesión conocidas”.

Así, en un artículo titulado “Falsos guerrilleros”, quedó registrado en las páginas de EL TIEMPO de hace 13 años el momento en que la madre y la hermana de José Fabio recuperaron su cuerpo.

La ausencia de respuestas de los organismos y la alcaldía las obligó a sacar de su bolsillo el dinero para desenterrarlo de ese pedazo de tierra donde los militares ordenaron dejar su cadáver.

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El drama que vivía esta familia ya lo habían pasado cientos más en su municipio y los cercanos. El Meta, con al menos 394 casos entre 2002 y 2008, es el segundo departamento del país que más ejecuciones extrajudiciales registra, de acuerdo con la JEP.

Este tribunal determinó que en ese periodo de seis años, el de mayor victimización, en Colombia fueron asesinados 6.402 inocentes a manos de la Fuerza Pública: casi el triple de las 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales reportadas por la Fiscalía en un lapso mucho mayor (24 años).

Después de exhumar el cadáver de José Fabio, su mamá llamó a la funeraria y organizó el sepelio. En plena velación del cuerpo, hombres armados llegaron al sitio para amenazarla: “Que no se le ocurra denunciar porque les matamos a toda la familia”, dijeron.

En Granada, los mismos funcionarios estatales le dijeron que no tomara acciones en el municipio, porque podían frenarse irregularmente, sino que fuera hasta Bogotá a denunciar lo que había pasado.

“Yo esperé como unos ocho días, lloré, y arranqué para Bogotá. No podía dejar que el crimen de mi hijo quedara impune”, dice esta madre.

Tocó las puertas del Colectivo Orlando Fals Borda –que ha logrado documentar 41 casos con 63 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que involucran a unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército en Meta y Guaviare– y empezó el proceso legal para reclamar justicia.

En el fallo de 2013, además de declarar responsable al Ministerio de Defensa y el Ejército, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ordenó indemnizar a la familia Rodríguez Benavidez por los perjuicios causados por el asesinato de José Fabio.

Pero la verdad sigue enmarañada. “Yo sigo esperando que me digan qué fue lo que pasó y por qué mataron a mi hijo. Quiero que contesten todos esos mayores y generales, que digan algo. Necesitamos que se sepa la verdad”, dice esta madre.

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En su casa, casi como un monumento, guarda un delfín en madera que su hijo le llevó de Leticia, cuando prestaba su servicio militar. También tiene un radio pequeño de pilas que él atesoraba: decía que al terminar el servicio, quería hacer el curso de suboficial de la Policía, y allá le podía servir.

Sus planes fueron frustrados por hombres que habrían podido ser sus compañeros algún día. Militares que comandaron el capítulo más aberrante y vergonzoso de la Fuerza Pública, y del que se espera que ahora, en la JEP, por fin se conozca la verdad.


JULIÁN RÍOS MONROY
En Twitter: @julianrios_m
Redacción Justicia