Ante una sala llena de víctimas, el general (r) Paulino Coronado Gámez, señalado como uno de los máximos responsables en la modalidad de liderazgo en el macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP (‘falsos positivos’), intervino y reconoció su responsabilidad en la comisión por omisión de crímenes de guerra, como homicidio en persona protegida y desaparición forzada, conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
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La diligencia se desarrolló ayer en Ocaña (Norte de Santander), municipio emblemático de estos crímenes, y en esta salieron a la luz testimonios desgarradores.
“Hoy reconozco ante ustedes, ante Colombia, que acepto la responsabilidad por no avizorar que con la inflexión física (política que promovió el general Mario Montoya Uribe) podría llevar a las unidades bajo mi mando a cometer crímenes”, afirmó quien fuera comandante de la Brigada 30 entre 2006 y 2008.
En su intervención también dijo que se enteró “que habían traído 11 jóvenes de Soacha con falsas promesas de trabajo”, y que muchos de sus cuerpos se estaban descomponiendo cuando recibió el reporte.
Lamentó que aunque “el Ejército debe garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos, por el actuar nuestro afectamos su credibilidad”. Coronado aprovechó su intervención para presentar su arrepentimiento “por no haber actuado más diligentemente. Tengo un gran remordimiento que me lacera el alma, porque sé que afectamos a las familias de las víctimas, dejamos un gran vacío”.
“Pasaré a la historia como el primer general condenado por circunstancias que jamás debieron ocurrir”, manifestó el exmilitar. Asimismo, Coronado quiso exaltar a las víctimas de Cúcuta, Soacha, Bogotá y el Catatumbo “por su persistencia para que haya justicia… Ustedes son constructores de un mejor país, de un ejército ideal, son ejemplo de persistencia”, manifestó.
En la audiencia también participó el único civil que hasta el momento ha sido imputado por la JEP en el caso de los ‘falsos positivos’: el reclutador Alexánder Carretero Díaz. Aseguró que era habitante de Soacha, Cundinamarca, y a principios de 2008 le propusieron llevar a un muchacho a Ocaña.
Según su relato, inicialmente desconocía el motivo de los traslados, hasta que le mostraron la foto de uno de los jóvenes, asesinados. “Después, ellos mismos (los militares) me dijeron que convenciera personas de Gamarra, de Aguachica y de Bucaramanga. Yo mismo las engañé y se las traje a militares. Yo a ustedes no les puedo regresar a sus hijos, pero sí la verdad”, dijo el entonces reclutador.
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Durante la diligencia, las víctimas intervinieron con sus historias, y reiteraron su solicitud de conocer los nombres de los máximos responsables de los crímenes. “Le digo a los señores procesados que por favor se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden. Necesitamos nombres de esas personas”, dijo Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha.
De otro lado, Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue sargento durante la época de las ejecuciones extrajudiciales imputadas entre 2007 y 2008 señaló: “Mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, en un monstruo para la sociedad”.
Además, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien fue integrante de la Brigada Móvil VI en 2007 y 2008, también aceptó los hechos imputados. Dijo que “estas falsas operaciones (…) eran el desenlace de la política de Seguridad Democrática que para el momento (de los hechos) y para 2007 y 2008 se estaba viviendo a nivel nacional”.
La audiencia fue uno de los pasos previos a la imposición de las primeras sanciones de la JEP.
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