En medio de polémica, JEP acelera proceso de ‘falsos positivos’

En medio de polémica, JEP acelera proceso de ‘falsos positivos’

Jurisdicción dijo que fueron tres veces más: 6.402 víctimas. Uribismo expresó rechazo. 

Falsos positivos

Por más de 12 años, organizaciones de víctimas como las Madres de Soacha se han movilizado para exigir justicia en estos casos.

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Juan Manuel Barrero. EFE 

Por: Julián Ríos Monroy
21 de febrero 2021 , 12:14 a. m.

Un nuevo paso en el esclarecimiento de uno de los fenómenos más oscuros del conflicto armado colombiano desató esta semana un clima de tensión en el país.

Tras dos años y medio de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que el número de víctimas de ‘falsos positivos’ sería de 6.402 entre 2002 y 2008: una cifra casi tres veces mayor a la reportada por la Fiscalía, que habla de 2.248 casos en un periodo mucho más extenso, de 1988 a 2014.

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Ese reporte no solo revivió el horror y la indignación por esa macabra práctica ilegal, sino que encendió un fuerte debate en torno a cómo se llegó a esa cifra.

El número inicial reportado por la Fiscalía fue el que la JEP adoptó al abrir el macrocaso 03 (‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’), en julio de 2018.

Pero desde entonces, señalaron fuentes en la JEP, el tribunal de paz ha escuchado las versiones de 325 personas vinculadas al proceso, y ha analizado y depurado las cifras contenidas en los informes remitidos por parte de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (plataforma que agrupa a 285 organizaciones de derechos humanos).

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Y, tras unificar los registros duplicados, la jurisdicción encontró que las víctimas serían, al menos, 6.402. Aunque el mismo tribunal reconoce que esa cifra no es definitiva y podría variar según el avance de las investigaciones.

Desaparecidos en soacha

Exhumación de tres cadáveres en un cementerio de Ocaña, pertenecientes a un grupo de 19 jóvenes que desaparecieron en Soacha y fueron presentados como muertos en combate.

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Luís eduardo Robayo / El Tiempo

Mientras que para las víctimas el nuevo consolidado no es novedoso –de hecho, algunas organizaciones aseguran que podrían ser más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales–, en organizaciones afines a las Fuerzas Militares y algunos sectores políticos la cifra de la JEP fue fuertemente cuestionada.

Aunque en el auto no se menciona al expresidente Álvaro Uribe, la polémica surgió porque el periodo priorizado por la JEP cubre seis de los ocho años en los que estuvo en el poder del exmandatario. Uribe se pronunció una vez se conoció el informe y dijo que el mismo tiene “un sesgo” para “desacreditar” su gobierno.

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Al tiempo, 16 organizaciones de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares emitieron un comunicado conjunto, en el que expresaron su rechazo al pronunciamiento de la JEP y señalaron que la información expuesta “afecta de manera grave el honor y el buen nombre institucional”.

La JEP no existe como un instrumento de venganza sino como un instrumento de justicia

Entre tanto, en entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción, aseguró: “La JEP no existe como un instrumento de venganza sino como un instrumento de justicia. Y para hacer justicia nos debemos basar en la verdad, la cual obtenemos a partir de lo que se puede probar dentro del proceso. La JEP solo da crédito a lo que está debidamente probado”.

El horror de los ‘falsos positivos’, que comenzó a destaparse en 2008, ha sido uno de los capítulos más duros y vergonzosos que hayan tenido que enfrentar las Fuerzas Militares en su historia.

Las denuncias de uniformados que asesinaban a civiles para presentarlos como guerrilleros o delincuentes caídos en combate, para aumentar sus resultados operacionales y obtener beneficios, le dieron la vuelta al mundo. Incluso, llegaron a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2019 condenó al Estado colombiano por casos de ejecuciones extrajudiciales. Y el asunto también tiene un capítulo en estudio en la Corte Penal Internacional (CPI).

La magnitud de este tema ha sido de tal envergadura que oficiales del más alto nivel han estado en el ojo del huracán por investigaciones que la justicia, aun antes de creada la JEP, ha adelantado para esclarecer la práctica que se cobró la vida de miles de inocentes a manos del Ejército.

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Entre ellos se encuentran los generales retirados Mario Montoya, excomandante del Ejército; Paulino Coronado, Miguel Bastidas y Henry Torres Escalante. Estos cuatro altos mandos, junto con otros seis de la plana mayor del Ejército, ya han sido llamados a rendir versión ante la JEP.

Uniformados asesinaban a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, para aumentar sus resultados y obtener beneficios

A las reacciones sobre el informe se sumó el expresidente Juan Manuel Santos, quien destacó: “Gracias al acuerdo de paz se está conociendo la verdad sobre el conflicto. Desde el año pasado me puse a disposición de la justicia transicional para contarles, entre otras cosas, cómo investigamos, destapamos y acabamos con ese horror de los falsos positivos”.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó: “Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como ‘falsos positivos’, en que personas fueron presentadas de manera falsa como ‘muertas en combate’ ”.

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Las críticas del uribismo

El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia, teniendo como bandera la política de Seguridad Democrática.

Presidentes de Colombia 2

La política de Seguridad Democrática del expresidente Uribe planteó una lucha frontal contra los grupos insurgentes e ilegales en el país.

Foto:

EL TIEMPO

Los notables resultados de esa estrategia en el debilitamiento de las Farc fueron reconocidos por la misma JEP en su escrito de imputación a ocho exjefes de esa guerrilla por secuestro: “La Seguridad Democrática inició una serie de operaciones ofensivas que generaron la movilización de la guerrilla hacia las zonas periféricas del país, abandonando gran parte del terreno ocupado por esta en la década anterior”, dice el fallo.

Ahora, en la providencia de 38 páginas presentada por la Sala de Reconocimiento de la JEP sobre el macrocaso 03, hay un dato que ha sido uno de los que ha generado la polémica: las cifras consolidadas por la entidad arrojan que entre el 2000 y el 2008 se registró el 78 por ciento del total de la victimización histórica de ejecuciones extrajudiciales en el país.

De hecho, el incremento de los casos, según la JEP, arranca en 2001: mientras ese año se registraron 74 víctimas, en 2002 la cifra de civiles presentados por el Ejército como muertos en combate ascendió a 473, lo que representa un aumento del 539 por ciento.

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Frente a ese informe, el expresidente Uribe señaló: “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.

En su respuesta al pronunciamiento de la jurisdicción, Uribe también destacó que apenas arrancó su gobierno, al conocer las denuncias de oenegés que acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales, ordenó que los cuerpos de los caídos en combate no fueran movidos por los uniformados, sino que se debía esperar a la llegada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para hacer el levantamiento.

No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación

Además, el exmandatario aseguró que, a final de 2008, suspendió de sus cargos a 27 oficiales del Ejército “a raíz de un informe del ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos”.

El año siguiente se presentó la mayor caída en el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según los datos de la JEP. De 2007 (cuando este fenómeno llegó a su pico más alto) a 2009, la victimización decreció en un 92 por ciento, al pasar de 1.634 casos a 122.

Uno de los principales cuestionamientos que el expresidente les ha hecho a las cifras presentadas por la jurisdicción tiene que ver con sus fuentes.

Afirma Uribe que se tuvieron en cuenta los reportes de organizaciones “de marcada orientación política y enemigas declaradas del gobierno que presidí”, y, entre otras, menciona al Comité de Solidaridad de Presos Políticos, las Madres de Víctimas de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), la Comisión Colombiana de Juristas, los colectivos José Alvear Restrepo y Orlando Fals Borda.

falsos positivos

Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se han manifestado exigiendo resultados en la investigación.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

E insistió: “Es una declaración sesgada. Uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras. Uno lee el informe de JEP y lo sustenta con ONG muchas de ellas declaradas enemigas ideológicas de mi gobierno”.

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A las críticas se sumaron congresistas como Paloma Valencia, quien consideró que se estaba intentando hacer una justicia “sin pruebas, lapidando inocentes, mancillando las Fuerzas Armadas y, sin embargo, al final el único resultado es la impunidad: ningún criminal de lesa humanidad irá a la cárcel. Esa justicia es la negación de la justicia”.

Muchas horas después de que se conociera el informe, seguía en redes el duro cruce de dardos entre quienes, más allá de la crueldad de esa práctica ilegal, daban o no crédito a la dimensión de los hechos investigados.

Sería injusto y violatorio de los derechos de las víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad impedirles que lo hagan o estigmatizar esos informes

La mayoría de las organizaciones que entregaron informes representan a víctimas en los procesos ante la JEP, lo cual es un punto central en la discusión pues, como explicó el magistrado Eduardo Cifuentes, la ley las faculta para presentar informes a la jurisdicción. “Sería injusto y violatorio de los derechos de las víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad impedirles que lo hagan o estigmatizar esos informes”, dijo.

Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró ayer que “las cifras que active o desarrolle la JEP deben considerar las fuentes oficiales como son la Fiscalía en esos procesos”.

Entre los requisitos de los informes que se presentan a la justicia transicional está el de proporcionar medios de prueba que soporten sus afirmaciones. De hecho, si aparecen indicios de fraude procesal, la Sala debe compulsar copia a la Fiscalía para que investigue los casos.

“Estos informes son objeto de contrastación por la Sala, no solo cruzando la información con los informes oficiales, sino cotejándolos con la información proporcionada por los comparecientes en sus versiones y por otros medios de prueba”, aseguró Cifuentes.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP

Eduardo Cifuentes asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2020.

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JEP

Esta no es la única controversia reciente sobre el caso. Hace una semana, la JEP denunció una posible manipulación de testigos que estarían recibiendo instrucciones de cómo declarar. Fondetec, el fondo que presta el acompañamiento legal a los militares, negó tajantemente esta afirmación y asociaciones de abogados incluso advirtieron que con ese tipo de denuncia se estaba afectando el debido proceso de los comparecientes.

(En contexto: JEP denuncia manipulación de testigos en casos de falsos positivos)

Otros ejes del proceso

Pese a que la discusión se ha centrado en las cifras, la providencia que las reveló va mucho más allá, y explica los criterios de priorización del macrocaso 03. Según la JEP, hay seis territorios críticos que están siendo abordados en la primera fase de la investigación, y que permitirán establecer patrones para destapar la verdad detrás de los muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Estas regiones priorizadas son Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Solo en Antioquia, asegura la JEP, se habría dado el 25 por ciento del total de casos a nivel nacional entre 2002 y 2008: 1.613. En número de víctimas en ese período le siguen Meta (394), Caquetá (344) y Cesar (323).

Solo en Antioquia se habría dado el 25 por ciento del total de casos a nivel nacional entre 2002 y 2008: 1.613

Además, la JEP asegura que cuatro de las ocho divisiones del Ejército (Primera, Segunda, Cuarta y Séptima) concentran cerca del 60 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales en el país.

En los diez primeros puestos de batallones con más casos aparecen cuatro con jurisdicción en Antioquia, el departamento más golpeado por esta práctica execrable que enlutó a miles de familias y manchó la imagen de las Fuerzas, y de la que se espera se llegue a los máximos responsables antes de que acabe el 2021.

¿Qué viene ahora en el caso 03 de la JEP?

En las próximas dos semanas, las víctimas y la Procuraduría deben hacer llegar sus observaciones frente a la priorización de la JEP en el caso 03.

El auto de hechos y conductas en el que la JEP imputará a responsables de los ‘falsos positivos’ se conocería en la segunda mitad de este año.

Magistrados en caso contra Coronel Rincón Amado

Los magistrados de la JEP investigan los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales.

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JEP

Por ahora, los magistrados siguen investigando, con la metodología “de abajo hacia arriba”, para primero identificar a los presuntos partícipes determinantes a nivel local e ir escalando hasta llegar a los máximos responsables a nivel regional y nacional.

(Siga leyendo: Para que reconocimiento de secuestro surta efectos debe darse ante JEP)

Hasta ahora, 10 generales han sido llamados por la JEP y, si no aportan verdad plena y asumen su responsabilidad, se enfrentarán a un procedimiento adversarial dentro del cual, si son hallados culpables, pueden recibir penas de prisión de hasta 20 años.


JULIÁN RÍOS MONROY
En Twitter: @julianrios_m
Redacción Justicia

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