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JEP Colombia

JEP imputa a Torres Escalante y 21 militares más por 'falsos positivos'

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Deberán responder por 303 víctimas; también fueron imputados un exmiembro del DAS y dos civiles.

Este lunes la Sala de Reconocimiento de la JEP informó que imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes del Ejército, un exmiembro del DAS y dos terceros civiles por 303 víctimas de 'falsos positivos' en Casanare. 
Entre los llamados está el general en retiro Henry William Torres Escalante, así como dos coroneles, tres tenientes coroneles, 10 oficiales y seis suboficiales, la mayoría de ellos pertenecientes a la Brigada XVI del Ejército.
Los hechos que investigó la JEP ocurrieron entre 2005 y 2008, y las más de 300 víctimas fueron asesinadas en 218 eventos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y Tame (Arauca). Estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la Brigada XVI en la época.
Entre los 22 militares llamados hay dos que siguen activos, el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz y el capitán Miguel Andrés Sierra García 
Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con orientación sexual e identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva
Además, la JEP determinó que en algunos casos se utilizó a menores de edad como reclutadores o para que participaran de los engaños a las víctimas que terminaban muertas, por lo cual por primera vez se imputa dentro del caso por 'falsos positivos' el delito de utilización de niños y niñas, así como el de persecución por razones de género.
Así mismo, la Sala de Reconocimiento determinó que solo en el Gaula Casanare al menos 140 millones de pesos de gastos reservados, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.
Todo esto, señala la JEP, ocurrió bajo la comandancia del mayor general (r) Torres Escalante.
De acuerdo con la investigación, haciendo uso de su estructura, la conformación con militares que conocían la práctica y una mayor afluencia de recursos para pagos de información con recursos públicos, el Gaula Casanare, que tenía alrededor de 70 personas, logró resultados consistentes en bajas parecidos a los que hacía todo un batallón de infantería como el batallón No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), conformado por más de 1.000 hombres.
En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años, pero también se asesinó a nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.

Los imputados

El mayor del Gaula del Ejército en Casanare Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el excomandante de los bloques Calima y Bananero José Éver Veloza alias HH y el excomandante del Bloque Sur de las Farc José Benito Ramírez 'Fabián Ramírez'

El mayor del Gaula del Ejército en Casanare Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el excomandante de los bloques Calima y Bananero José Éver Veloza alias HH y el excomandante del Bloque Sur de las Farc José Benito Ramírez 'Fabián Ramírez'

Foto:Archivo EL TIEMPO y Agencias

Por su participación en el asesinato de 303 personas la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes; en su mayoría, los responsables fueron integrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Ellos deben responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
De otro lado, la JEP informó que a título de coautores fueron imputados el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad como coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

Los crímenes imputados

Magistrados Óscar Parra, Eduardo Cifuentes y Belkis Izquiero anuncian la imputación por el subcaso Casanare.

Magistrados Óscar Parra, Eduardo Cifuentes y Belkis Izquiero anuncian la imputación por el subcaso Casanare.

Foto:JEP

La Sala de Reconocimiento de la JEP calificó los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI "y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate", señaló el magistrado Óscar Parra en una rueda de prensa.
En su mayoría, las víctimas fueron civiles que nunca participaron en las hostilidades, en otros casos las víctimas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla, delincuentes o paramilitares, pero en el momento de su muerte no participaban en combate alguno.
Para la JEP, los 22 máximos responsables tuvieron un rol determinante y participaron en conductas graves sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal. Por su parte, los tres partícipes no determinantes contribuyeron en el desarrollo del plan criminal. A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuye crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. A algunos, la Sala les atribuye crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
"No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea. Entre las víctimas documentadas en el subcaso Casanare hay nueve mujeres y una persona con orientación sexual e identidad o expresión de género diversa que experimentaron formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes", señaló la JEP.
Además de los asesinatos y desapariciones, la JEP determinó que tres niños, niñas y adolescentes fueron utilizados para participar en las hostilidades.

Las tres modalidades para asesinar a las víctimas

La JEP identificó que los asesinatos y desapariciones fueron parte de un plan orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas.
En la investigación se encontraron dos políticas en ese sentido, la primera, vinculada a la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserción por supuesta vinculación a grupos insurgentes o a la criminalidad; y la segunda correspondió a un complejo dispositivo de presiones e incentivos pues, entre otros, los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al Batallón Colombia N°3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso.
Para la Sala de Reconocimiento, en cada una de las unidades militares de la Brigada XVI: Gaula Casanare, el Birno, los batallones de contraguerrillas 23, 29 y 65, los grupos especiales Delta, la Fuerza de Tarea Oro Negro y el Grupo Guías del Casanare, se desarrolló una clara distribución de funciones que configuró las modalidades del patrón criminal. 
Por ejemplo, el Gaula Casanare se caracterizó por presentar supuestos extorsionistas como bajas en falsos combates, por su parte, los grupos Delta y el Grupo Guías presentaron como bajas en combate a personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla y el Birno seleccionó entre sus víctimas a personas en situación de vulnerabilidad.
La investigación de la Sala encontró al menos tres modalidades que configuraron el patrón criminal: en la primera, los uniformados asesinaron a personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales; en la segunda las víctimas fueron señaladas, a partir de distintas labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas; y en la tercera, los militares, en coordinación con reclutadores que servían como informantes, asesinaron a personas engañadas que fueron trasladadas desde zonas urbanas.
"Por primera vez la JEP revela cómo alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes", dijo el magistrado Parra, quien explicó que puede que algunas de estas 367 personas tuvieran alguna participación pero si no había prueba de que fueran máximos responsables, no fueron imputados acá, en donde solo se imputó a 22 personas.
Pero la Sala aclaró que los miembros del extinto DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos y en varios casos incluso asesinaron a las víctimas.

Dineros públicos fueron usados para los 'falsos positivos'

En el subcaso Casanare, la jurisdicción también estableció que plata de los contribuyentes y recursos entregados a las unidades por convenios con las petroleras, fueron destinados de manera irregular para la comisión de los crímenes.
Esto no solo sucedió con plata de funcionamiento de las unidades sino también dineros destinados a planes de moral y bienestar, incentivos institucionales al buen desempeño y los mecanismos de evaluación, seguimiento y control.
Además, dineros del Gaula Casanare fueron destinados a financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes, lo que le "permitió a una tropa de no más de 70 integrantes competir en el número de resultados con un Batallón de Infantería como el Birno, con el que se disputó siempre el lugar", resaltó Parra.

Cuando no había dinero, pedían prestados los insumos que necesitaban para legalizar las bajas en una ferretería y ajustaban cuando llegaban los nuevos recursos: testimonio en la JEP

Así mismo, se citó que el excomandante del Gaula entre 2006 y 2007 confesó ante la Sala de Reconocimiento que los recursos provenientes de la Dirección Nacional del Gaula y de Fondelibertad fueron usados para financiar a los reclutadores, darles dinero para su desplazamiento y comprar armas para implantar a las víctimas.
"Solo en esta unidad, al menos 140 millones de pesos, correspondientes a recursos de gastos reservados fueron utilizados con este fin. Según dijo, cuando no había dinero, pedían prestados los insumos que necesitaban para legalizar las bajas en una ferretería y ajustaban cuando llegaban los nuevos recursos", señaló la Sala.

Así asesinaban a las víctimas y las presentaban como bajas en combate

Según dio a conocer este lunes la JEP, la organización criminal que operó dentro de la Brigada XVI funcionó con suborganizaciones que actuaban con autonomía, y se consolidó un sistema de roles en función de la especialidad de los efectivos.
Las víctimas fueron seleccionadas usando engaños, o retuvieron a personas con antecedentes, personas anteriormente vinculadas a grupos criminales, o que eran familiares de integrantes de estas organizaciones, o víctimas sin ningún tipo de relación con grupos ilegales o en estado de vulnerabilidad, como sucedió con el asesinato de una trabajadora sexual.
La JEP documentón que varias víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión porque los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes, también porque se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades. "Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución", expuso la jurisdicción.

La impunidad percibida por los responsables en la Justicia Penal Militar permitió que la organización criminal siguiera funcionando con libertad a lo largo del periodo analizado: JEP

Para encubrir las conductas criminales se usaron: 1) documentos operacionales elaborados con posterioridad a los hechos; 2) las víctimas eran reportadas como no identificadas para obstaculizar la judicialización; 3) los cadáveres eran trasladados por los militares sin presencia de la policía judicial para impedir una adecuada investigación; y 4) las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes, implementos  que eran conocidos como 'kit de legalización'.
Además, al momento de asesinar a las personas se simulaban combates para encubrir la conducta, y bajo el concepto de “guerra jurídica”, el estado mayor de la Brigada XVI evitó las investigaciones ante las múltiples denuncias presentadas por la población civil y las autoridades.
Del mismo modo, la JEP concluyó que la Justicia Penal Militar no investigó adecuadamente estas muertes y "la impunidad percibida por los responsables en la Justicia Penal Militar permitió que la organización criminal siguiera funcionando con libertad a lo largo del periodo analizado", dice la entidad.

Las afectaciones a las víctimas

Entre los daños y secuelas de esta práctica en los familiares de las víctimas de 'falsos positivos' la JEP documentó que se enfrentaron a daños morales, psicológicos y físicos, pues sufrieron de depresión, ansiedad, rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre, angustia, estigmatización, revictimización, amenazas, hostigamientos y afectaciones al patrimonio familiar, entre otros.
En particular, muchas tuvieron que cumplir el rol de “hacer de madre y padre” y sufrieron daños a la honra, buen nombre y dignidad de sus seres queridos que fueron presentados al país como guerrilleros, milicianos o delincuentes muertos en combate. 
Además, la Sala de Reconocimiento señaló la deliberada manipulación o instrumentalización de personas vulnerables ayudó a consolidar la idea de que las personas en estas condiciones son prescindibles en la sociedad.
Adicionalmente, a los familiares de las víctimas se les generaron daños materiales relacionados con la pérdida o disminución del patrimonio familiar, a raíz de la ausencia de la contribución económica que las víctimas asesinadas realizaban al mantenimiento del hogar; también hubo una afectación a la seguridad alimentaria y subsistencia de familias campesinas que dependían de la fuerza de trabajo de sus integrantes.

Lo que viene

Luego de esta imputación, los procesados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad, o para rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y la Procuraduría también tienen 30 días para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Luego de ese plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento
Es de recordar que si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y, si son vencidos en juicio, podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
justicia@eltiempo.com
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