Poco más de cuatro meses después de haberlo imputado por 127 asesinatos y 120 desapariciones forzadas en Cesar entre 2002 y 2005, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trasladó el caso contra el coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que hace las veces de Fiscalía, con lo que Mejía se convertiría en el primer militar en enfrentar un juicio adversarial en esta justicia transicional.

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Si Mejía, cuyo caso fue trasladado a la UIA tras negar su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, pierde ese juicio, se expone a una condena en prisión de hasta 20 años.

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De acuerdo con la imputación que en julio pasado hizo la JEP, Mejía activó un plan criminal en el batallón La Popa de Valledupar (Cesar), que comandó entre enero de 2002 y enero de 2004, para asesinar civiles y presentarlos ilegítimamente como delincuentes dados de baja en combate.

Y aunque Mejía dejó esa unidad en 2004, su salida no detuvo las ejecuciones extrajudiciales sino que quien lo remplazó,  el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez -también imputado por los hechos-, habría mantenido la presión sobre sus subalternos por las bajas en combate y desplegado una serie de incentivos como permisos, viajes, descansos y pagos de dinero a quienes entregaran los mayores resultados.  

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Mejía y Figueroa fueron imputados como máximos responsables de 127 ‘falsos positivos’ que se habrían cometido en el batallón La Popa durante su comandancia, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Para la imputación, que tuvo casi 400 páginas, la JEP revisó y contrastó ocho informes de entidades estatales y ONG, 61 versiones de comparecientes,13 escritos de observaciones, 20 inspecciones judiciales, entre otras evidencias, y encontró dos patrones en las ejecuciones extrajudiciales del batallón La Popa.

En primer lugar, el asesinato de personas señaladas (sin verificación) de pertenecer a grupos guerrilleros o de delincuencia y sin que se hubiera presentado combate alguno. En segundo lugar, los militares habrían seleccionado víctimas vulnerables (como habitantes de la calle) de otras ciudades, las engañaban con promesas de falsos trabajos, luego las llevaban al sitio y las asesinaban.

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De acuerdo con la JEP, la llegada de Mejía al batallón “marcó el inicio del primer patrón de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, y para ello, el alto oficial se habría aliado con paramilitares del bloque Norte de las Auc.

Los señalamientos contra el coronel (r) son tan graves como estos: según la imputación de la justicia transicional, de las 86 bajas reportadas durante los dos años de comandancia de Mejía, 75 (el 87 por ciento) habrían sido ilegítimas.

De esas 75 muertes, al menos 50 (incluidos 9 indígenas kankuamos y 3 jóvenes wiwas, entre ellos, una menor de edad en embarazo) se habrían dado a causa del nexo con los paramilitares. Así mismo, se señaló que 46 víctimas fueron entregadas directamente por los paramilitares, que los señalaron como auxiliadores de la guerrilla o delincuentes. Además, 14 víctimas habían sido previamente asesinadas por los ‘paras’ y luego entregadas al Ejército para su 'legalización' como bajas en combate.

Para la JEP, la alianza de Mejía con los paramilitares no solo está probada sino que el oficial mantuvo una comunicación “permanente y fluida” con esos grupos ilegales. “Tanto que, como lo encontró la justicia ordinaria, entre los paramilitares el señor Mejía era conocido bajo el alias de ‘Bombillo Rojo’ ”, se lee en la imputación en su contra. 

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De otra parte, la imputación de la JEP señaló que para la comisión de los ‘falsos positivos’ en La Popa durante la comandancia de Mejía se formó una ‘organización criminal’ con una detallada división del trabajo y especialización de funciones.

Al comienzo, el comandante del batallón asignó los roles en coordinación con miembros de su plana mayor y los paramilitares, y posteriormente por comandantes de pelotones. "Eso se tradujo en la especialización de funciones por parte de algunos miembros de la tropa: ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparación de la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares para ser trasladadas”, dijo la JEP en julio.

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De acuerdo con la justicia transicional, el entramado criminal daba tan elevados resultados que se levantaron sospechas entre algunos agentes de la sección de operaciones, por lo que Mejía “se aseguró de que quienes ocuparan la jefatura de esa sección debían resultar funcionales a la práctica”.

Por ahora no se conoce un pronunciamiento público del coronel (r) Mejía sobre esta decisión de enviar su caso a la UIA, y en su momento tampoco habló sobre la imputación que le había hecho la JEP. 

Lo que sí está claro es que el envío de su caso a la UIA no significa inmediatamente que irá a juicio, sino que, como le explicó un magistrado de la jurisdicción a EL TIEMPO, la decisión de si enfrenta juicio o no dependerá de si la UIA encuentra mérito para acusarlo.

De otra parte, aunque en virtud de su sometimiento a la JEP Mejía recuperó su libertad, en 2013 la justicia ordinaria ya había condenado al coronel por los 'falsos positivos' de La Popa a 19 años de cárcel.

justicia@eltiempo.com

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