Ya están en manos de Medicina Legal los primeros 10 esqueletos completos y varias piezas óseas dispersas que podrían pertenecer a cuatro personas más halladas esta semana por investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia.
La identificación de estos será clave para establecer no solo quiénes son, sino cómo murieron, y determinar si se trata de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, y de desaparición forzada. Así lo asegura un militar compareciente ante la JEP, quien dijo en sus versiones que fueron hasta 75 los “resultados” ilegítimos que presentó la unidad militar en la zona entre 2005 y 2007.
La inspección del cementerio, que comenzó el lunes, se extendió hasta el domingo. De allí se espera un informe de policía judicial que abra nuevas líneas de investigación.
Además de hacer prospección en la tierra del cementerio y comenzar las exhumaciones, los investigadores recaudaron pruebas para contrastar las declaraciones del militar. Entre estas, 32 actas de necropsia que reposaban en el hospital local, todas de aquellos años. El año entrante inspeccionarán más actas, que vienen desde finales de la década de 1990.
En la visita al municipio se recogieron declaraciones de testigos que llevaron a ampliar la zona de búsqueda, respecto a la que había indicado inicialmente el militar. Por ejemplo, gracias a la información dada por una persona sobre una fosa de la que tenía conocimiento, llegaron hasta dos cuerpos completos que vestían camuflados y portaban insignias militares.
En este caso, lo primero será la identificación para, después, establecer si eran miembros del Ejército. Si sí, por qué fueron enterrados de forma irregular. Y si no lo eran, por qué vestían esas prendas, pues esto correspondería con el 'modus operandi' de vestirlos con camuflados para pasarlos por guerrilleros, conocido en decenas de ‘falsos positivos’ identificados hasta ahora.
Sobre la persona que dio la información de esa fosa, el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli ya ordenó a la UIA estudiar su riesgo para ordenar medidas de protección, dado que hace un mes sobrevivió a un atentado en el que recibió cinco impactos de bala.
La JEP también evaluará ordenar medidas similares para que se proteja al uniformado cuya declaración abrió este capítulo sobre los ‘falsos positivos’. En la actualidad, el hombre está recluido en una cárcel militar.
Hasta el 30 de noviembre, la UIA había aprobado e implementado 38 medidas de protección a víctimas y comparecientes. Además, estaban en estudio de riesgo 117 personas y otros cinco casos de protección colectiva.
La JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables
Por otro lado, los magistrados también buscan establecer por qué las cruces fueron pintadas y en algunas zonas del cementerio se veía la tierra removida. Para ello, se han entrevistado con sacerdotes que estuvieron a cargo del cementerio.
Una de las dificultades de la investigación tiene que ver, justamente, con que tanto el actual sacerdote como el sepulturero llevan poco tiempo en sus cargos. El sepulturero anterior ya falleció y los sacerdotes de la época fueron cambiados de parroquias.
Este procedimiento se realizó como parte del caso 03 de la JEP, que investiga los ‘falsos positivos’. Por eso, también está por establecerse si otros miembros de la unidad militar que actuaban en Dabeiba en la época, incluso superiores señalados por el militar, tienen procesos abiertos o ya se presentaron ante la JEP.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo este domingo que la JEP debe avanzar en la investigación “hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables”. Agregó que “se debe garantizar” la vida del testigo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que está atento “a cualquier requerimiento que haga la JEP”, la justicia ordinaria o la penal militar “para contribuir en el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición”.
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