La vida de Jacqueline Castillo cambió cuando su hermano Jaime Castillo, quien vendía dulces y limpiaba vidrios en el sector de la Floresta en Bogotá, desapareció en agosto de 2008. Meses después, fue reportado por las autoridades como guerrillero muerto en combate en Norte de Santander.
Este es uno de los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales contra civiles que se presentaron como bajas en combate, más conocidos como ‘falsos positivos’, por los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 03.
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Desde la desaparición y el asesinato de su hermano, Castillo se organizó con otros familiares y una docena de madres de ‘falsos positivos’, conformando la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo). Estas mujeres, que vivían en barrios apartados y lejos del casco urbano, se unieron en la necesidad de encontrar verdad y justicia por las ejecuciones extrajudiciales de 19 jóvenes, ocurridas entre enero y agosto del 2008.
La lucha por la verdad que llevan por más de 13 años las madres de Soacha hoy tendrá respuesta. La audiencia de reconocimiento para el subcaso que la JEP que investiga de ‘falsos positivos’ en la región de Catatumbo se llevará a cabo entre este martes y miércoles en Ocaña, Norte de Santander.
Allí, 10 máximos responsables de la fuerza pública -entre ellos un general y cuatro coroneles- además de un tercero civil, imputados dentro del caso 03, reconocerán su responsabilidad por el crimen de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
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Las madres de Soacha llevan más de 13 años luchando por encontrar la verdad sobre los 'falsos positivos' y exigiendo justicia.
César Melgarejo. EL TIEMPO
Durante estas diligencias, los comparecientes imputados por la JEP se presentarán ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas, las instituciones del Estado y la sociedad colombiana. Mientras estos imputados se refieran a los crímenes que se les atribuyen luego del proceso de contrastación judicial, las víctimas podrán manifestar si están o no ante un reconocimiento real.
Esta es la primera vez en la historia de los procesos de paz del mundo en la que los victimarios podrán reconocer públicamente sus crímenes.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, defensor de víctimas de estos casos, existe una expectativa moderada frente a esta audiencia, pues está la posibilidad de conocer más información importante relacionada con el caso 03. “Igualmente, hay mucho optimismo porque se aspira a que en esta oportunidad los agentes de Estado que fueran integrantes de la Fuerza Pública aporten más a la verdad”, señaló.
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A Ocaña llegaron las mujeres de Mafapo para estar presentes durante la audiencia. Sin embargo, hay un sinsabor en ellas pues, a pesar de reconocer la labor de la JEP al imputar a 11 responsables, consideran que estos recibían órdenes de los entonces ministro de defensa y presidente de la República: Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez, respectivamente.
En entrevista con EL TIEMPO, Jacqueline Castillo indicó que “es tanta la dimensión de los crímenes que cometieron que se nos iría toda una vida llevando caso por caso, eso lo sabíamos y lo entendíamos, pero finalmente no pueden quedarse ahí”.
Hay responsables, pero ¿quién le dio la orden a esa gente? Queremos que nos digan por parte de quién llegaron a ejecutar los muchachos: Ana Delina Páez, madre de Soacha
La líder reconoció el trabajo minucioso y valioso que hizo la JEP en demostrar que las ejecuciones extrajudiciales se trataron de una práctica sistemática y en imputar a los responsables, pero consideró que también es necesario señalar como máximos responsables a los altos mandos del Ejército.
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“Para nosotros los máximos responsables son los comandantes mayores de las Fuerzas Militares, los generales en cada brigada, el ministro de Defensa, el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos son los máximos responsables y no un general que es el que está aquí presentándose con otros comparecientes”, lamentó la representante de Mafapo.
Ana Delina Páez, otra madre de Soacha que viajó a Ocaña, también coincidió con Castillo. “Aquí está el reclutador, los que obedecieron órdenes para matar a los muchachos… Hay responsables, pero ¿quién le dio la orden a esa gente? Queremos que nos digan por parte de quién llegaron a ejecutar los muchachos…”, lamentó con un quiebre en su voz.
Al igual que Jacqueline, Ana Delina reconoció la importancia de la investigación de la JEP, pero cuestionó las razones por las que los comparecientes aceptarían sus crímenes: “Porque tienen beneficios, mientras que en la justicia ordinaria no los tendrían. En cambio, qué beneficios tenemos las víctimas, ¿la satisfacción de saber cómo los mataron? Eso es lo único que tenemos”, manifestó. Y añadió que todavía “no hay una verdad plena”.
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De acuerdo con la JEP, los miembros de la fuerza pública escogieron a sus víctimas en procesos irregulares de inteligencia militar.
Juan Manuel Barrero.EFE - Archivo EL TIEMPO
El abogado Rodríguez Kekhan también se refirió a los reclamos de las madres de Soacha: “Desde la perspectiva de las víctimas, aún tienen mucho más que decir”.
“Estamos expectantes porque se agota el tiempo. En el sentir de las víctimas no se han llamado a todos los que tenían que haber llamado: algunos militares ni siquiera fueron convocados, nunca rindieron versión voluntaria y sin embargo, están tranquilos, sin ningún tipo de molestias”, manifestó el abogado, y dijo que: “De cualquier manera, tienen la certeza de que lo que han escuchado no es todo… falta”.
Para Rodríguez Kekhan, con los ‘falsos positivos’ hubo una sistematicidad y comportamientos repetitivos en contra de la población civil indefensa: “Violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario con la ejecución de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada... Esperamos que algún día estas situaciones se puedan esclarecer”, concluyó.
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En la zona del Catatumbo (Norte de Santander) el patrón criminal de las ejecuciones extrajudiciales tuvo dos modalidades que se distinguen por el perfil de las víctimas. En ellas participaron miembros de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN).
La primera modalidad, de acuerdo con la JEP, deja en evidencia que los miembros de la fuerza pública escogieron a sus víctimas en procesos irregulares de inteligencia militar, que derivaron en falsas bajas en combate perpetradas mucho antes de conocerse el caso de los jóvenes de Soacha.
Después de que los habitantes del Catatumbo denunciaron que sus esposos, hijos, hermanos y amigos estaban siendo presentados como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran, miembros del BISAN comenzaron a configurar la segunda modalidad criminal.
Acto de perdón del Ejército para víctimas de 'falsos positivos'.
Archivo particular
Según información de la JEP, la otra modalidad consistió en que miembros del Ejército tranzaron con terceros civiles para engañar y reclutar a las víctimas y sumar sus cuerpos a las estadísticas militares de ‘bajas en combate’. Así fue como perdió la vida el hermano de Jacqueline Castillo (Jaime), la líder de Mafapo.
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La JEP determinó que estos delitos se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Son estas características las que llevan a la Sala de Reconocimiento de Verdad a imputarles crímenes de lesa humanidad.
Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son:
- Brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez (comandante de la Brigada 30 entre 2006 y 2008).
- Coronel (r) Santiago Herrera Fajardo (comandante de la BRIM15 entre 2006 y 2007).
- Coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez (comandante de la BRIM15 entre 2005 y 2008).
- Teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos (comandante de la BISAN entre 2007 y 2008).
- Teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado (jefe de operaciones de la BRIM15 entre 2006 y 2008).
- Mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro (jefe de operaciones de la BISAN entre 2006 y 2008).
Por contribuir de manera amplia y efectiva en la ejecución de los crímenes, la JEP imputó a otros cuatro miembros de la fuerza pública. Entre ellos el jefe de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
- Capitán (r) Deladier Rivera Jácome (jefe de inteligencia de la CIOCA)
- Sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz (suboficial de inteligencia de la BRIM15 entre 2007 y 2008).
- Sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras (suboficial de inteligencia de la BISAN entre 2006 y 2008).
- Cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar (comandande de la escuadra en la BRIM15 entre 2007 y 2008).
El general (r) Paulino Coronado aceptó su responsabilidad por omisión en 'falsos positivos' ante la JEP.
Archivo EL TIEMPO
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Además, Alexander Carretero Díaz fue identificado por la JEP como el tercero civil que colaboró tanto con el BRIM15 como con el BISAN en las acciones ilícitas que llevaron a la configuración de la segunda modalidad del patrón criminal.
El expediente de ‘falsos positivos’ en el Catatumbo se construyó a partir de 11 informes aportados por entidades estatales y organizaciones víctimas, el análisis de documentos oficiales del Ejército y las versiones que entregaron 41 comparecientes, desde soldados hasta generales.
Con los reconocimientos escritos de los comparecientes, la JEP puso en marcha el proceso restaurativo que condujo a la audiencia que se realizará en Ocaña (Norte de Santander).
Entre enero y abril de 2022 un equipo de expertos profesionales de la JEP se reunió con las víctimas y comparecientes para informarles sobre los avances de la investigación del caso 03, identificar sus expectativas frente a los reconocimientos y la metodología de la audiencia.
Para la representante de las madres de Soacha era necesario tener estos encuentros, porque “algunas de las madres les pudieron decir unas cuantas verdades en la cara”, señaló Castillo.
Los antropólogos, abogados y psicólogos de la JEP llevaron a cabo 22 reuniones individuales con comparecientes y víctimas en Ocaña y Soacha.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 25, 2022
👉Además, de 7 reuniones colectivas preparatorias, tres encuentros con abogados y dos encuentros restaurativos privados entre las partes. pic.twitter.com/V1Lzh95hoL
La audiencia de reconocimiento que se llevará a cabo en el Catatumbo es la primera de seis que se llevarán a cabo dentro del macrocaso 03, después de que la JEP priorizó territorios y tiempos críticos e identificó que 6.402 personas fueron presentadas ilegalmente como ‘bajas en combate’.
Este 26 y 27 de abril las víctimas, el país y la comunidad internacional escucharán el reconocimiento público de los que fueron imputados por la JEP.
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Con el inicio de las audiencias de reconocimiento, la JEP abre el camino para la imposición de las primeras sanciones. En julio emitirá la primera resolución de conclusiones para que el Tribunal de Paz proceda con la imposición de dichas sanciones, después de ejecutar la audiencia de reconocimiento dentro del caso 01, conocido como el de secuestro, el próximo 31 de mayo, y el 2 y 6 de junio.
Con las audiencias se activó una nueva etapa en el proceso judicial para que los primeros comparecientes de las Farc y de la fuerza pública, que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconozcan su responsabilidad y aporten verdad plena, detallada y exhaustiva.
La audiencia de reconocimiento del Secretariado de las Farc por su responsabilidad en secuestros se realizará en Bogotá. La Sala les imputó el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
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Si los comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc y la fuerza pública reconocen responsabilidad durante las audiencias y, además, aportan verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala debe producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones de conclusiones que enviará a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se encargará de imponer las sanciones a las que haya lugar.
VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO
Redacción Justicia