La juez segunda penal especializada de Bogotá ordenó remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los expedientes de José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y William Alberto Merchán, exdetective de contrainteligencia de ese mismo organismo, implicados en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de tortura psíquica agravada.
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En un comunicado, la ONG Nizkor, organización de defensa de los derechos humanos en la que trabaja la periodista, rechazó la decisión de la remisión de los expedientes en la que la juez considera que la persecución por los exfuncionarios en contra de la periodista sucedieron en el marco del conflicto armado.
“(…) una vez más se demuestra que la determinación de los operadores de justicia en el caso Claudia Julieta Duque no es otra que garantizar la impunidad. Este acuerdo de voluntades tiene su origen en el temor generado ante el reconocimiento de los ataques (en octubre de 2017) contra la periodista como crimen contra la humanidad (…)”, señala el comunicado.
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De acuerdo con la organización, en dicho acuerdo de voluntades también incidió la llegada de Iván Duque a la presidencia debido a que es “pupilo y amigo” del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, según la organización, es el “principal beneficiario y responsable de las acciones del DAS entre los años 2002 y 2010”.
El comunicado señala que desde que el proceso está en manos de la juez segunda, se ha mantenido en parálisis casi absoluta. En el caso de José Miguel Narváez, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos, “el estancamiento de la etapa de juicio permitió evitar un fallo en justicia ordinaria y lograr que los tiempos coincidieran con la entrada en vigencia de la JEP”.
Dicho régimen especial, de acuerdo con la organización, aplicado a funcionarios públicos y militares equivale a una amnistía que está prohibida por el Derecho Penal Internacional.
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La organización expresó en su comunicado que reafirma su apoyo a Claudia Julieta Duque en la renuncia al proceso penal en Colombia “pues todas las decisiones tomadas desde hace dos años han estado encaminadas a lograr un punto final en las actuaciones judiciales y revictimizarla”.
Cabe recordar que la periodista, hace 16 años, recibió una llamada que buscó censurarla con amenazas hacia su hija.
La periodista ha sido reconocida como víctima en hechos de tortura psicológica, espionaje y amenazas por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por sus investigaciones del asesinato del periodista Jaime Garzón Forero, y en el 2017 el caso de Duque fue declarado como de lesa humanidad.
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