Sanciones de la JEP buscan 'aportar a reconstrucción de la sociedad'

Sanciones de la JEP buscan 'aportar a reconstrucción de la sociedad'

Magistrado Juan R. Martínez considera que son una 'revolución copernicana' en justicia transicional.

Magistrado de la JEP Juan Ramón Martínez

El magistrado Juan Ramón Martínez es el actual presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

Foto:

JEP.

Por: Juan David López Morales
01 de junio 2020 , 07:14 a.m.

La tarea no es menor. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le corresponde imponer las sanciones propias que incluyen la participación en trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (TOAR) y restricciones de libertades y derechos.

Estas tendrán una duración de 2 a 5 años para quienes no fueron partícipes determinantes en la comisión de las conductas más graves y representativas, y de 5 a 8 años, para aquellos que sí lo fueron. Se impondrán a quienes aporten verdad plena y reconozcan de forma oportuna su responsabilidad en estos hechos.

Aquellos que no lo hagan, se exponen a la activación del régimen adversarial de esta jurisdicción, lo que puede llevar a una sanción de hasta 20 años de prisión, si se encuentran penalmente responsables.

Sobre esto, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz ha dictado unos lineamientos relativos a su imposición con su componente restaurador: los TOAR.

Los lineamientos son “una guía cuyo propósito esencial es brindar a las víctimas, a los comparecientes y a otras instancias de la JEP unos parámetros que les permitan orientar sus actuaciones en lo que tiene que ver con los requisitos mínimos que legalmente exige la participación en TOAR, así como del norte de lo que van a ser las sanciones a imponer por el Tribunal para la Paz”, dice en entrevista con EL TIEMPO el magistrado Juan Ramón Martínez, presidente de la Sección.

(También le sugerimos leer: ¿Qué son los TOAR y por qué son el corazón de las sanciones de la JEP?)

¿Qué sigue después de estos lineamientos? ¿En qué están ahora?

La Sección trabaja arduamente en diferentes aspectos, en discusiones sobre el contenido de los componentes restaurador y reparador de los TOAR y la forma de abordar cada macro caso cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad remita las resoluciones de conclusiones. Entre otros temas relativos al procedimiento de imposición de las sanciones y aspectos relevantes a aplicar en el momento de activar nuestra competencia.

Adicionalmente, dado que la mayor carga de trabajo hasta el momento se encuentra en las salas de justicia, los despachos de las secciones del Tribunal para la Paz estamos apoyando a dichas dependencias a través de la figura de la “movilidad vertical”, lo que sin lugar a dudas ha sido un aporte valioso ante la magnitud de la labor que tiene la Jurisdicción.

¿La idea es tener todo listo para cuando llegue la hora de tomar esas decisiones?

Así es, es el presupuesto de la Sección estar preparada para que, en lo posible y en los términos legales, podamos dar cumplimiento a las decisiones que implican sentencias de fondo sobre asuntos de gran complejidad, que incluyen la responsabilidad de un número enorme de comparecientes, sobre patrones amplios de criminalidad que se extendieron sobre todo el territorio nacional durante varias décadas y el universo de víctimas más grande que alguna vez haya tenido un tribunal transicional.

¿Se puede afirmar que los TOAR son lo restaurador de las sanciones propias?

Efectivamente. Al momento de estudiar las sanciones que se impondrán, los TOAR constituyen un elemento esencial desde la perspectiva reparadora-restauradora, sin dejar de lado ese componente retributivo que implica la restricción de derechos y de libertades.

Esta es la apuesta más importante a nivel nacional e internacional para la justicia, una especie de ‘revolución copernicana’ en donde la centralidad radica en las víctimas y en la necesidad de develar las verdaderas causas del conflicto armado en Colombia; el victimario deja de ser invisibilizado y aislado, asumiendo su castigo, obligándole a reparar el daño ocasionado con su accionar, trabajando en la reconstrucción del tejido social que se quebrantó, y en su proceso de resocialización para nunca más repetir sus crímenes. Es un desafío mayúsculo que representa la oportunidad de generar un efecto transformador impresionante en la sociedad colombiana, no solamente en las víctimas en cuanto a la posibilidad de reparación y restauración sino también para sanar las heridas que dejó el conflicto armado y que requieren ser resarcidas.

Las sanciones deben tener un impacto en la superación de situaciones históricas de injusticia que han vivido determinadas poblaciones y comunidades

Cuando dice que es una especie de ‘revolución copernicana’, ¿se refiere a que podría marcar la pauta de los procesos transicionales?

Así es. Sin duda este es el ejercicio de justicia transicional en donde el componente restaurador está más activamente presente, con un universo gigante de más de 12.500 comparecientes y aun más representativo de víctimas. La imposición de sanciones en cualquiera de sus tres vías (las ordinarias, las alternativas y en este caso específico las sanciones propias, que es el espíritu y a donde se quiere llegar) es un desafío sin parangón ni equivalente en cuanto a su dimensión en el mundo y en Colombia.

¿Y qué pasa si las víctimas no se sienten reparadas por los TOAR?

El principio de centralidad de las víctimas es capital dentro del procedimiento ante la JEP. Cualquier persona acreditada como víctima tiene el derecho de participar del procedimiento y presentar sus observaciones y solicitudes conforme a la etapa procesal que se esté desarrollando. Esto, por supuesto, incluye la imposición de sanciones propias y cualquier otro escenario relacionado con la reparación de daños causados. Así, el curso a seguir si las víctimas se manifiestan en ese sentido será determinado caso a caso dentro del ejercicio judicial propio del Tribunal para la Paz.

Las observaciones y reparos de las víctimas y sus representantes relacionados con los TOAR deben ser estudiados de manera profunda, juiciosa y detenida para determinar si representan o no un ejercicio reparador del daño causado. Las víctimas acreditadas en el caso objeto de la sentencia deben ser consultadas acerca de la sanción propia, es parte también de esa transformación jurídica de la que estamos hablando. Antes de que la propuesta de sanción propia sea incluida en las resoluciones de conclusiones debe garantizarse la participación de las víctimas y a nuestra Sección le corresponde verificar que, efectivamente, la postura de las víctimas fue tenida en cuenta por la Sala de Reconocimiento.

(También le contamos: Por perfilamientos ilegales, JEP estudia medidas cautelares a abogados)

Hay casos, como el del Palacio de Justicia, en los que algunas víctimas se rehúsan a acreditarse. ¿Cómo se satisfacen esos derechos en estos casos?

No puedo hablar de ningún caso específico, pero en la hipótesis planteada es claro que no se puede obligar a las víctimas a participar. Si bien estas se encuentran en el centro del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, su participación siempre será voluntaria. El solo hecho de que se conozca la verdad de lo ocurrido es un avance sustancial para las víctimas del conflicto armado que nos consume, y en general es un aporte vital para la sociedad en su conjunto, lo que implica que al menos este componente sea garantizado incluso para aquellas que hayan decidido no participar en los procesos.

Al Tribunal para la Paz le corresponde adelantar sus actuaciones con la participación de quienes decidieron hacer parte de los procesos y que cumplan las exigencias para ser reconocidos como víctimas. En cuanto a las sanciones propias se debe contar con su participación, es absolutamente clave. El Tribunal impondrá las sanciones alternativas, ordinarias y propias a quienes tuvieron participación en los hechos más graves y representativos, según el aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes. Estas sanciones siempre expresarán el reproche por los delitos cometidos, garantizando la protección en esencia de las víctimas que participan y las que deciden no participar.

¿Los TOAR y las sanciones propias son medidas de justicia social por vía judicial?

La Corte Constitucional ha dicho que las sanciones deben tener un impacto en la superación de situaciones históricas de injusticia que han vivido determinadas poblaciones y comunidades en nuestro país. Se habla así de una justicia transformadora que atienda esas necesidades específicas de quienes son destinatarios del componente restaurador y reparador de las sanciones propias. Estas deben necesariamente contribuir con la reconstrucción de los lazos sociales e impactar en la transformación de la sociedad que permita la superación del conflicto.

El espíritu del Acuerdo de Paz y de toda la transformación jurídica que implicó el desarrollo de un aparato normativo tan complejo como el que nos rige establece que las sanciones deben estar, en lo posible, articuladas con la implementación de los otros puntos del Acuerdo, tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del punto uno. En ese sentido, la preocupación y dimensión específica de las medidas de justicia social y de igualdad material tienen eco y aplicación en las sanciones propias y en el componente restaurador que representan los TOAR.

¿Entonces, no son las sanciones solas las que tienen el componente de justicia social, sino cómo se articulan al resto del Acuerdo?

Así es, y en lo que a nosotros corresponde somos un componente esencial, pero en esa búsqueda que la Corte Constitucional determinó como “igualdad material” hay diferentes elementos que deben ser tenidos en cuenta para que tengan impacto. La sanción propia buscará aportar en esa reconstrucción de una sociedad quebrantada por el conflicto.

De los TOAR que algunos comparecientes hacen de forma anticipada, ¿ya han recibido información?

No. Una vez se active nuestra competencia, cuando lleguen las resoluciones de conclusión de cada uno de los siete macro casos de esta primera generación que está estudiando la Sala de Reconocimiento, probablemente tendremos conocimiento de los que se están realizando relacionados con el caso que nos llegue. La Sección de Reconocimiento sólo conocerá de los TOAR al momento de analizar una resolución de conclusiones con el fin de evaluar si tendrá o no un impacto en la sanción.

(Lea también: Quienes digan verdad en la JEP purgarían sus penas en las zonas PDET)

¿En qué va la conversación con el consejero Mauricio Archila para que sea en las zonas PDET donde se restrinjan las libertades y derechos de quienes reciban sanciones propias y para que realicen allí los TOAR?

Hemos mantenido conversaciones con el Gobierno Nacional, en particular con la Consejería para la Consolidación y la Estabilización y con otros actores del Gobierno. Entienden que existen obligaciones legales y constitucionales que implican adelantar todas las labores necesarias para ejecutar satisfactoriamente las sanciones propias. Hemos constituido una mesa de trabajo muy activa que se reúne periódicamente, donde hay una conversación fluida y una agenda cooperativa en torno al cumplimiento de las sanciones. La mesa se ha centrado sobre todo en aspectos relacionados con la ejecución de los TOAR y la planeación de las condiciones necesarias para su realización en su momento.

No se ha llegado a ninguna decisión concreta sobre las zonas donde se determinará que se restrinjan los derechos y libertades de los comparecientes. Es muy importante el adecuado funcionamiento de los PDET como una posibilidad en estudio, en donde se puedan aplicar tanto los TOAR como las sanciones propias.

Aunque no haya una decisión, ¿cuáles elementos están teniendo en cuenta en esa discusión, la infraestructura, la seguridad u otros?

Hay muchas posibilidades sobre lo que pueden ser estas formas de TOAR. El artículo 141 de nuestra ley estatutaria habla de aspectos relacionados con protección medioambiental, ejecución de programas de construcción y reparación de infraestructura, de desarrollo rural o urbano, sustitución de cultivos ilícitos, desminado, que no son taxativas, pero hablan mucho de hacia dónde puede estar construida la sanción. Esto requiere necesariamente un compromiso de política pública muy fuerte por parte del Gobierno nacional, que permita la articulación de esas políticas públicas tanto nacionales como territoriales en la concreción de las sanciones que se impondrán y específicamente en la materialización tanto del componente restaurador como del retributivo.

Sobre la participación política, ¿decidirán en cada caso si los sancionados pueden participar? ¿Tienen lineamientos al respecto?

Una vez lleguen las resoluciones de conclusión con la construcción juiciosa del caso que está haciendo la Sala de Reconocimiento, nos corresponde verificar el cumplimiento de condicionalidades. Hasta ese momento es que la jurisdicción, y en particular el Tribunal para la Paz, abordará, caso a caso, ese aspecto.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Twitter: @LopezJuanDa
Redactor de JUSTICIA

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