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‘Si se insiste en obstruir el camino de la JEP, la CPI intervendrá’
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP

El magistrado Eduardo Cifuentes preside la JEP desde 2020.

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‘Si se insiste en obstruir el camino de la JEP, la CPI intervendrá’

El magistrado Eduardo Cifuentes preside la JEP desde 2020.

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El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, habló sobre el respaldo de la CPI.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Penal Internacional (CPI) convinieron en crear una ‘línea roja’ que posibilita una reacción inmediata si se presenta algún incumplimiento en lo que acaban de pactar el Gobierno y la Corte.

(En contexto: Sigue la polémica por decisión del fiscal de la CPI sobre Colombia).

Así lo reveló a EL TIEMPO el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz. Aseguró, por otra parte, que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dio un respaldo total a la JEP y la blindó contra cualquier intento de reformarla o eliminarla.

Dijo Cifuentes que sin el trabajo de la JEP “no hubiera sido posible dar por superado el examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Es gracias a los avances y resultados de la JEP que Colombia puede entrar en una nueva relación con la Fiscalía de la CPI, en provecho de la justicia y las víctimas”.

(Puede leer: 'El daño está hecho': HRW sobre decisión de la CPI en Colombia).

¿Esta posición de absoluto apoyo de la Corte a la JEP no supone una desautorización a las críticas que a la JEP han formulado tanto el Gobierno como el partido Centro Democrático?

No lo supone, lo señala claramente. La Fiscalía de la CPI respalda a la JEP tal y como fue concebida en el acuerdo para la paz, y luego desarrollada por la Constitución y la ley. Considera que es una jurisdicción idónea, necesaria y eficaz para acabar con la impunidad. Además, establece que cualquier modificación de la JEP conduciría a la activación de las competencias investigativas y de procesamiento y sanción penal de la CPI.

¿Qué significa para la JEP el total respaldo de la Corte Penal, mientras aquí en Colombia afronta oposiciones como la del expresidente Uribe, que piden inclusive su eliminación?

Nos alienta a seguir adelante, cada vez con más fuerza y determinación. ¿Qué significa este respaldo para quienes persisten en modificar o, inclusive, acabar con la JEP? Es una advertencia de cuán equivocados están y de que van a fracasar. Si persisten en obstruir el trabajo de la JEP, la Corte intervendrá.

El apoyo de la Corte Penal al Estado está condicionado al cumplimiento de una serie de compromisos, según la declaración final del fiscal. ¿Qué compromisos?

Tiene la obligación de respetar y no cambiar la estructura, composición y normas sustantivas y procesales de la JEP. Tiene que asignarle el presupuesto que ella necesita para operar. Tiene que abstenerse de intervenir en el ejercicio de sus funciones. Tiene que garantizar la seguridad de las víctimas y comparecientes. Tiene que cooperar con la JEP en lo que esta requiera, incluyendo la investigación de los crímenes y la infraestructura para el cumplimiento de las sanciones y obligaciones de reparar. En suma, ofrecer completo y leal apoyo a la JEP como órgano de justicia independiente y autónomo.

Firma del Acuerdo de Cooperación entra la CPI y el Gobierno colombiano.

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Presidencia de la República

¿Para la JEP qué significa el espaldarazo de la Corte Penal Internacional?

Afirmar, como lo hace, que en la JEP se asegura un procesamiento genuino y real de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad es el mayor y necesario reconocimiento que se hace a nuestra labor. Pero el fiscal ha ido más allá. Para no poner en riesgo este logro y a la JEP como institución, señala los compromisos de protección a cargo del Gobierno, e igualmente determina que su desconocimiento puede precipitar su intervención como máxima autoridad penal internacional.

(En contexto: ‘Esta es una gran decisión para Colombia y es un voto de confianza’).

¿Por qué la JEP dijo en un comunicado que la relación de Colombia con la Corte Penal Internacional cambia a partir de este momento?

Colombia y la Fiscalía de la CPI entran en una nueva relación, inédita en el mundo, y exploran otras facetas del principio de complementariedad. La JEP, como aliada del fiscal en la lucha contra la impunidad, procesará los crímenes del conflicto. Mantendrá una comunicación permanente con él y, si advierte incumplimientos del acuerdo, solicitará su intervención inmediata. En ese evento, la CPI no continuará con la vieja metodología del examen preliminar. Por el contrario, contemplará, de una vez, el inicio de una investigación formal.

¿En qué consiste la comunicación más estrecha que se convino?

Se habilitó un canal de comunicación directo y eficaz entre la JEP y la Fiscalía de la CPI. Una línea roja que posibilita una reacción rápida y contundente ante cualquier incumplimiento de las condiciones pactadas con el Estado colombiano. La JEP no dudará en comunicarse con la Fiscalía si advierte una infracción.

¿Cuál es la posición de la Corte en caso de que el Estado incumpla?

El incumplimiento sería gravísimo. En un escenario como ese, la CPI quedaría autorizada por el Estatuto de Roma para intervenir en nuestro país y encargarse directamente del procesamiento, juicio y sanción de los máximos responsables.

¿Qué significa para usted que la Corte haya dicho que “Colombia debe garantizar el marco constitucional y legal de la JEP”?

La CPI considera que la JEP, tal como fue diseñada en el acuerdo para la paz, y luego desarrollada en la Constitución y la ley, es una institución sólida, competente y perfectamente equipada para acabar con la impunidad.

(Puede leer: El reclamo que presidente de JEP hizo a Duque tras cierre de examen de CPI)

¿Cuál es el acuerdo final sobre el proyecto de reformas de la JEP?

El incumplimiento sería gravísimo. La CPI quedaría autorizada por el Estatuto de Roma para intervenir el país y encargarse directamente del procesamiento, juicio y sanción de los máximos responsables

La Fiscalía de la Corte está en contra de la creación de estructuras paralelas dentro de la JEP para militares, con requisitos endebles y altamente proclives a la impunidad y a la injerencia del Ejecutivo. En 2018, el fiscal adjunto alertó sobre los peligros de iniciativas como estas. La actual estructura constitucional y estatutaria de la JEP es la que le permite tener confianza a la CPI sobre la autonomía e independencia del órgano encargado de investigar y perseguir los más graves crímenes. Las reformas que se intentan erosionan este pilar de la justicia genuina, y por ello es causal de intervención inmediata.

En consecuencia, ¿el proyecto de ley que cursa en el Congreso fue totalmente desautorizado por la Corte?

Completamente. En estas nuevas circunstancias, carece de todo sentido defender una propuesta como esa y, menos aún, sostener que busca fortalecer a la JEP.

En el Acuerdo Final se convino en decirle al Gobierno que debe garantizar la seguridad de las víctimas y de los comparecientes ante la JEP. ¿Por qué dice la declaración final que eso implica que “tienen que implementarse todos los puntos pendientes del acuerdo de paz”?

A raíz de sus contribuciones a la JEP, miles de víctimas y cientos de comparecientes sufren amenazas y ataques, algunos fatales, provenientes de grupos armados residuales y organizaciones delictivas. Para detenerlas, el Estado debe implementar los puntos pendientes del acuerdo para la paz. Allí se encuentran las claves para acabar con la violencia armada. El Gobierno está en mora de dictar la política pública para la desmovilización y el desmantelamiento de esos grupos, tal como se lo han reclamado los organismos de control y la comunidad internacional.

Dice el comunicado de la JEP que “en lo acordado quedan, igualmente, las obligaciones de cooperación de la Fiscalía General con la JEP”. ¿Es que hay vacíos en esa cooperación?

Sí, los hubo. La relación inicial de la JEP con la Fiscalía General de la Nación fue difícil. En muchas oportunidades, la Fiscalía retuvo información que la justicia transicional necesitaba conocer para operar. El país es testigo de eso. La relación, sin embargo, ha mejorado sustancialmente desde que el fiscal Barbosa asumió la dirección, y actualmente estamos trabajando en articular un sólido acuerdo contra la impunidad.

(Le recomendamos leer: 'El daño está hecho': HRW sobre decisión de la CPI en Colombia).

En materia presupuestal, ¿cómo se garantizará que la JEP reciba adecuada financiación del Estado para su funcionamiento?

El magistrado Eduardo Cifuentes es presidente de la JEP desde 2020.

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Una forma de afectar el funcionamiento de la JEP es mediante recortes de su presupuesto. Los recursos que le sean asignados deben ser suficientes para cubrir los gastos operativos y de inversión. De eso depende la posibilidad de realizar audiencias, monitorear las libertades condicionadas de los comparecientes, garantizar presencia territorial, brindar acompañamiento y asistencia legal y psicojurídica a víctimas y comparecientes, además de conservar la infraestructura tecnológica que le permitió a la JEP operar durante la pandemia, entre otros.

¿La gran conclusión de las reuniones del fiscal de la Corte Penal con todas las instituciones del país es la de que ninguno de los poderes puede actuar contra la JEP ni pretender reformarla, ni mucho menos eliminarla ni bloquearla?

Exactamente. Para la Fiscalía de la CPI, los múltiples obstáculos e interferencias a la JEP constituyen un hecho grave frente a una jurisdicción llamada a procesar a los máximos responsables de los crímenes del conflicto. Es por eso que se impone a todos los poderes públicos el deber de no afectar a la JEP.

Hay víctimas que sostienen que la JEP no tiene capacidad para juzgar a los máximos responsables de crímenes como los ‘falsos positivos’...

Todo lo contrario. La JEP ha señalado que hay más de 6.402 víctimas de los ‘falsos positivos’, ha iniciado con las imputaciones a presuntos máximos responsables y ha encontrado más verdad que las autoridades ordinarias. La Jurisdicción continuará avanzando en la investigación de otras brigadas y unidades militares priorizadas, y muy pronto las personas involucradas podrán reconocer responsabilidad o, de lo contrario, enfrentar sanciones de hasta 20 años de cárcel luego de un juicio adversarial.

(En contexto: Tras 17 años de examen, CPI descarta abrir caso formal contra Colombia).

¿Cuáles serían las situaciones que provocarían la intervención de la Corte Penal Internacional?

La CPI tiene varios criterios para decidir si interviene en un país. Pero en el caso colombiano, el criterio fundamental es el carácter genuino de las investigaciones y, ahora, el cumplimiento del acuerdo. Cualquier intento de interferencia gubernamental, legislativa o de otra naturaleza sobre el mandato, la estructura o las capacidades de la JEP será inmediatamente denunciado para dar paso a una investigación formal.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que la decisión de la Corte Penal puede dejar a la JEP más expuesta que antes a ataques contra su independencia. ¿Qué opina?

El acuerdo entre Colombia y la CPI fortalece a la JEP. La dota de una herramienta poderosa para exigir al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que implementen el acuerdo para la paz y respeten al Poder Judicial. Nunca antes la JEP había tenido a su disposición este mecanismo para solicitar la apertura de una investigación formal por parte de la CPI.

El presidente Duque dijo que varias de las observaciones del fiscal de la Corte se deben responder por la JEP con celeridad en sus investigaciones para que haya sanción contra los culpables...

Las víctimas en Colombia pueden estar tranquilas, que haremos nuestro trabajo con eficiencia y con el mayor compromiso en el cumplimiento de nuestros deberes. Es tarea del Ejecutivo brindar todos los elementos para que esto sea posible. No respondemos a presiones ni a interferencias indebidas de otros poderes públicos. Cada institución tiene unos deberes y, en el marco de este acuerdo, son muy claras las del Gobierno.

¿En qué casos trabaja hoy la JEP?

Tenemos siete macrocasos abiertos por hechos graves y representativos. Paralelamente, la JEP está preparando tres nuevos macrocasos sobre daños a pueblos étnicos; paramilitarismo, terceros y agentes del Estado; y medios y métodos ilícitos de guerra, control territorial y social, y crímenes no amnistiables cometidos por las estructuras urbanas de las Farc-EP. En todos estos casos se investigarán crímenes como la violencia sexual y violencias basadas en género, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las masacres.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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