¿Por qué se demoró tanto el Gobierno en presentar el proyecto de reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el Congreso?
Porque inicialmente la JEP presentó al Gobierno un proyecto que se le devolvió.
¿Se les devolvió para que lo acortaran?
Sí. Primó el criterio de que una regulación de 228 artículos dentro de un realismo político y legislativo estaba completamente condenada al fracaso. Lo redujeron a 76 artículos. La idea del Gobierno es que, con la voluntad del legislador, la JEP pueda tomar cauce y funcionar por fin.
Según usted, la JEP puede empezar a funcionar sin reglamento. En pleno siglo XXI es inimaginable que un juez pueda determinar sus propias reglas del juego. Eso, por decir lo menos, es estalinista o fascista.
Si no hay ley de procedimiento, se aplican los principios generales de procedimiento de un debido proceso, de manera garantista.
Hay códigos en la justicia ordinaria. En esta justicia transicional extraordinaria no hay códigos...
Algunas salas pueden ya funcionar sin necesidad de que haya reglamento. Por ejemplo, las de amnistías no necesitan código. Podrían funcionar.
Pero un trámite de extradición como el de Santrich sí necesita procedimientos muy claros...
El propósito es sacar el reglamento aprobado en menos de dos meses. Pero, mientras tanto, no podemos poner en hibernación semejante aparato
El propósito es sacar el reglamento aprobado en menos de dos meses. Pero, mientras tanto, no podemos poner en hibernación semejante aparato. Creo que la Corte Constitucional va a hacer un pronunciamiento sobre ese tema en la ley estatutaria.
¿Cree que la presidenta de la JEP cometió una falla ética si resulta cierto que compartía chats con el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Alejandro Ramelli, aparentemente consultando la redacción de la gobernabilidad de la JEP y despojando a su secretario ejecutivo de su poder de contratación?
Esa relación de los chats se da diez días después de expedido el comunicado 55. La presidenta de la JEP estuvo analizando cuál era el alcance de la decisión de la Corte, al sacar al secretario del órgano de gobierno de la JEP, como se anunciaba en el comunicado. Sí existieron los chats, y ella no lo niega.
Pero lo que estaban discutiendo era la redacción...
La información que yo tengo no es sobre la redacción, sino sobre la conveniencia de sacar a Néstor Raúl Correa del órgano de gobierno.
¿Y eso por qué?
Era de esperar. Ahí lo que hubo fue una fricción entre el órgano de gobierno y el secretario ejecutivo, y eso no iba a terminar pacíficamente porque Néstor Raúl iba a manejarlo absolutamente todo.
Él sostenía que tenía el mismo rango de un magistrado, e incluso más. Estaba listo para nombrar casi 200 funcionarios en la secretaría antes de salir. Él aspiraba a tener una autonomía total. Ahora, el secretario ejecutivo va a mantener su potestad, pero bajo la orientación y vigilancia del órgano del gobierno. Con Néstor Raúl se generaron muchos incumplimientos.
¿Incumplimientos en la contratación?
Una cantidad de cosas que no hizo. Él, por ejemplo, dijo: ‘Me entregaron un papel y les entrego ya toda una estructura’. ¿Cuál? Eso lo hizo el Ministerio de Justicia. Me tocó con él buscar hasta el edificio. Pero no hizo muchas cosas. No hay sistema de representación judicial ni de apoyo psicosocial de las víctimas, ni siquiera en diseño. No hay siquiera un diseño preliminar de un modelo de seguimiento a las libertades condicionales que se otorgan.
No hay sistema autónomo defensor de los postulados de las Farc. No hay un sistema de información de la envergadura que se requiere
No hay sistema autónomo defensor de los postulados de las Farc. No hay un sistema de información de la envergadura que se requiere. En cambio, sí hubo presiones de él para dar vía a la contratación de un primer componente que vale tres millones de dólares.
¿Para gastar en qué?
No sé, como en la contratación de funcionarios. Y entonces la presidenta se opuso a ello. El órgano de gobierno no está discutiendo que la contratación es una función del secretario ejecutivo, es bueno aclararlo. El órgano de gobierno no la quiere.
¿Entonces, qué fue lo que se ganaron los magistrados con el grupito que llamamos “del comedor”, organizado por la presidenta de la JEP para conspirar contra el secretario ejecutivo?
Lo que se ganaron los magistrados es, y eso lo defiendo, poder nombrar a sus magistrados auxiliares. Su equipo.
Me preocupa el artículo 54 del proyecto de reglamento. ¿Será un mico que la Sección de Revisión puede suspender los trámites de extradición, sea o no de su competencia?
Es un proyecto elaborado por la misma JEP. La función del Gobierno era prácticamente entregárselo al Legislativo. Obviamente, se va a generar un debate en el Congreso para construir, depurar y que haya una coherencia normativa con lo pactado.
Bajo ninguna circunstancia debe un Código de Procedimiento Penal desnaturalizar los puntos sustantivos que fueron materia de ley estatutaria, o que son fruto del acuerdo. Cualquier disonancia que se presente debe ser debatida en el Congreso.
¿La JEP está en condiciones de saber si tiene a mano a Iván Márquez y al ‘Paisa’ para llamarlos ante la justicia?
Tienen que estar en disposición de acudir porque ese fue un compromiso del acuerdo. Si no acuden al llamado, se están poniendo por fuera del acuerdo.
Iván Márquez en este momento puede ejercer su derecho de locomoción por todo el país, pero eso de tomarse un video en la selva es una manera de mandar un mensaje psicológico que creo no es apropiado
Como ministro de Justicia, ¿cómo analiza la situación en la que se ha puesto Iván Márquez?
Es una situación un poco sofisticada, pero inútil. Él en este momento puede ejercer su derecho de locomoción por todo el país, pero eso de tomarse un video en la selva es una manera de mandar un mensaje psicológico que creo no es apropiado porque, obviamente, estamos todos obrando de buena fe, dentro de un contexto de consolidación de paz.
Sobre la huelga de hambre de Santrich, según usted, se enfrentan dos derechos: el de la autodeterminación de la persona y el derecho a la vida. ¿Cuál debe primar?
Es el conflicto de dos concepciones de la existencia. La posición mayoritaria en todo el mundo estima que es prioritario el derecho de cada persona a decidir qué hacer con su vida: ‘Me quiero morir, tengo el derecho’.
Es una postura filosófica, existencialista, de libre autodeterminación, soberana, que tiene un arraigo filosófico en una ética trascendental kantiana. Esa posición, que fue avalada en el pasado por Carlos Gaviria, por Ciro Angarita, en la Corte Constitucional dio origen a sentencias muy importantes, como la de la eutanasia, la dosis personal, entre otras. La otra posición es la de quienes valoran que la vida es un bien indisponible, inclusive contra su propio titular.
¿Qué pasa si una persona en huelga de hambre está ya tan débil que pierde la consciencia?
Si la persona ha dejado expresa voluntad de que no se la atienda porque quiere morirse, el médico no podría hacer la asistencia coactiva.
O sea, ¿el Estado está obligado a dejar morir a Santrich si este lo desea?
No. El Estado colombiano está obligado a respetar la autodeterminación existencial del señor Santrich, ofreciéndole toda la ayuda en este momento, protegiéndole sus derechos, dándole asistencia médica. Que tenga una reclusión digna. Se le ofrecen las comidas. Se le ofrece suero. Se le ofrece canalizarle la vena. Se hace todo y, además, se le da asesoría psicológica si la pide.
A usted lo desautorizó el Presidente de la República cuando presentó en el Congreso una ley para el sometimiento de las bandas criminales. ¿Qué va a pasar con ese proyecto?
Lo vamos a retirar porque nos acaban de hacer una propuesta las bandas. Sus jefes están tan desesperados que ya mandaron a decir que se quieren entregar, aplicándoles el Código de Procedimiento Penal tal como está.
Usted llegó a meter a última hora a las disidencias de las Farc, que tienen claras unas reglas de juego: el que delinca se va derecho a la justicia ordinaria, sin beneficios. ¿Por qué volver a cambiar esas reglas?
Yo nunca he dicho que sometan a las disidencias a la JEP. Son bandidos iguales a ‘Otoniel’, a Úsuga.
Lo acordado es que las disidencias volvían a la justicia ordinaria, y usted sale y dice no, los podemos empaquetar con las bandas criminales, para que hagan una negociación con el Estado.
No, es que ahí no hay negociación. Tampoco aplicación de justicia transicional, ni gabelas ni rebajas.
Si se van a someter bajo la ley a secas, ¿por qué había que meter un nuevo proyecto de ley de sometimiento?
Porque el Estado no está preparado para recibir 2.000 bandidos de una vez. Las cárceles y la Fiscalía colapsarían. ¿De dónde va a sacar tantos fiscales? ¿Y de dónde vamos a sacar cárceles?
Ellos están mandando a proponer cosas, que se los aglutine como en una guarnición o en una cárcel. No sé. Eso es lo que hay que hablar con el Presidente. No creo que sea únicamente el Inpec el que los debe cuidar. No son ángeles propiamente, y están desesperados. Uno tras otro están cayendo. Ahí acaban de incautarles nueve toneladas de cocaína. Están perdidos.
Si eso es lo que cae, ¿cuánto será lo que no cae?
A ‘Otoniel’ ya le cogieron el hermano y le han matado al ‘Gavilán’. La razón que mandó es que quiere entregarse sin ley de sometimiento, que le apliquen el Código como está, porque para él es más valiosa la vida, aunque esté guardado. Ojalá, porque eso sí ayudaría mucho a la pacificación del país. Donde se entreguen unos 1.000 de los 2.000 hombres del ‘clan del Golfo’, porque no se van a entregar todos. Será una solución saludable.
Su ministerio está practicando lo que bautizó como la Conciliatón Nacional. ¿Qué es eso?
Es una estrategia que busca solucionar los conflictos en los estratos 1, 2 y 3 de manera gratuita, y que nos ha permitido en el mes de septiembre del año pasado solucionar 10.000 litigios en una hora. En estos días nos va a permitir, aspiro yo, solucionar entre 15.000 y 20.000 procesos, y eso es precisamente hacer la paz en la familia, descongestionar el sistema judicial y hacer la paz en el país. Hechos concretos de paz a través del dialogo y la razón.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
