Si hay una persona en las altas dignidades del Estado que se caracterice por su ponderación y discreción, es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares.
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A pesar de los reiterados ataques del presidente Iván Duque, del expresidente Álvaro Uribe y en general del Centro Democrático, la magistrada Linares ha conservado su moderación y mesura. Sin embargo, por primera vez responde, con lenguaje respetuoso pero firme.
¿A qué atribuye las constantes críticas que hace el presidente Duque a la JEP?
En mi calidad de juez no me corresponde interpretar el contexto político para identificar por qué en la coyuntura actual, que demanda máxima ecuanimidad y serenidad y el aporte de todos los servidores públicos por la pandemia, se recurre de nuevo al ataque a la jurisdicción y al sistema integral, acudiendo a afirmaciones que no corresponden a la realidad y que desconocen el mandato constitucional que tenemos o que, por imprecisas, desinforman y polarizan aún más.
¿Entonces usted cree que se trata de una estrategia para desprestigiarla?
Los debates, críticas, cuestionamientos y recriminaciones son entendibles y útiles en perspectiva de consolidar los espacios que requerimos para aprender a vivir en paz, aceptando las diferencias. No obstante, algunos sectores han acudido a prácticas desleales que en democracia no son admisibles, como las que los medios de comunicación han denunciado. Esos sectores han querido desprestigiar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en especial a la JEP.
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¿Qué sectores están detrás de esa estrategia?
Los que siempre han creído que el camino que supone un modelo de justicia transicional para superar este conflicto armado interno que sufrimos por más de 50 años es equivocado, que prefieren la vía armada, la cual no logró el desarme de los grupos al margen de la ley. Sectores que consideran que las causas de la confrontación armada no incluyen problemas estructurales históricos, como la desigualdad, la exclusión, el abandono de territorios.
¿Cómo identificarlos?
Son sectores que al ver que se avanza en el acopio de esa verdad, que compromete la responsabilidad de muchos, reaccionan con el propósito de acallarla.
Y con esta sucesión de ataques, tanto del Gobierno como de los sectores políticos que usted denuncia, ¿cree que está en riesgo la autonomía de la JEP?
La autonomía e independencia de los jueces en democracia implica que nadie pretenda ejercer presiones o interferir en las decisiones que deben adoptar. En un Estado de derecho, los poderes públicos deben ser autónomos e independientes.
¿Entonces sí hay una presión?
Cuando uno de ellos le dice a otro cómo debe actuar, qué decisiones debe tomar, qué pruebas debe descartar y con base en cuáles debe decidir, se está ejerciendo una indebida presión e interferencia.
Pero es que una de las críticas ha sido la de falta de resultados en la JEP…
Pese a que llevamos solo dos años y medio de trabajo y a que el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria demoró 11 meses, lo que nos impedía desatar plenamente nuestras competencias, la JEP ha trabajado de manera decidida y fructífera.
A la JEP ya se han sometido más de 12.500 personas, hemos recibido 281 informes de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y organizaciones sociales, que nos han permitido abrir 7
macrocasos...
A la JEP ya se han sometido más de 12.500 personas, hemos recibido 281 informes de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y organizaciones sociales, que nos han permitido abrir 7 macrocasos, en los cuales se han realizado 680 versiones de comparecientes de las Farc, la Fuerza Pública y agentes del Estado.
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Pero ¿cuántas decisiones judiciales han tomado?
La JEP ha adoptado más de 29.000 decisiones judiciales; se han concedido 241 amnistías y se han negado más de 1.400. Hemos dado la libertad a 362 miembros de la Fuerza Pública y a 210 excombatientes de Farc; hemos recibido 66 solicitudes de garantías de no extradición. Se concedió una, se negaron 55 y las demás están en trámite.
Pero ¿no hubo o no hay falta de celeridad en el trabajo de la JEP? Sus críticos dicen que por esa demora, muchos exintegrantes de las Farc tuvieron tiempo para organizar las disidencias...
Cuando se firmó el acuerdo de paz en 2016, se desmovilizaron 13.202 combatientes de las Farc; 9.756 están sometidos a la JEP y se encuentran vinculados a distintos macrocasos; 12 de ellos fueron declarados desertores manifiestos y expulsados del proceso. Si usted hace un análisis objetivo, teniendo en cuenta el período de alistamiento, que durante casi un año carecimos de ley estatutaria y que ahora enfrentamos la pandemia, concluirá que no se puede afirmar que haya falta de celeridad de parte nuestra. Las disidencias deben ser perseguidas, capturadas. Recuerde que el orden público es responsabilidad del Gobierno, no de los jueces.
Las disidencias deben ser perseguidas, capturadas. Recuerde que el orden público es responsabilidad del Gobierno, no de los jueces
Pero observe que la JEP negó la extradición de ‘Jesús Santrich’ y ¡se fugó!
El único responsable de la fuga de ‘Santrich’ es él, que como otros traicionó el acuerdo de paz, a las víctimas, a sus compañeros y al país. Un video inaudible que tardíamente remitió la Fiscalía no podía ser el sustento de una decisión judicial. Antes, el Consejo de Estado le había mantenido a ‘Santrich’ la investidura como congresista y luego la Corte Suprema le reconoció el fuero y lo dejó en libertad.
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Algunos condenados por corrupción o por nexos con grupos paramilitares han pedido su ingreso a la JEP. ¿Existe el riesgo de que la JEP se convierta en una especie de refugio para corruptos y paramilitares?
Los paramilitares no son competencia de la JEP, lo son de la justicia ordinaria, concretamente de Justicia y Paz.
Y los llamados terceros, financiadores del paramilitarismo…
Financiadores o promotores de la guerra, eventualmente pueden entrar en la JEP. Hemos fijado parámetros muy estrictos que condicionan su ingreso. A la fecha se han presentado cerca de 50 solicitudes de los denominados ‘parapolíticos’ y se han admitido 8; en cuanto a paramilitares se han negado casi 900 solicitudes.
Los primeros casos que abrió la JEP fueron los de secuestro y ‘falsos positivos’, ¿cuándo habrá resultados?
El caso de secuestro compromete a 270 excombatientes de las Farc, incluidos los miembros del estado mayor y del secretariado. Tenemos 2.269 víctimas acreditadas que han participado activamente; se han realizado 239 versiones voluntarias y colectivas; todo esto precedido del análisis de cientos de informes y de 382 expedientes judiciales. En el caso de ejecuciones extrajudiciales, ‘falsos positivos’, tenemos 2.000 solicitudes de miembros de la Fuerza Pública comprometidos con este delito; 500 están incorporados en este caso, desde soldados hasta generales; han sido escuchados en versión voluntaria 245 y se han estudiado 280 informes.
Se trata de una tarea de dimensiones que superan sustancialmente el análisis caso a caso, que exigen el diseño de metodologías con base científica y tecnológica y que, reitero, está supeditada a las garantías del debido proceso. Con todo, este año habrá, en ambos casos, escritos de determinación de hechos y conductas, que equivalen a lo que en la justicia ordinaria es imputación, y audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad de máximos responsables.
¿Es decir que ya está prácticamente decidida la lista de militares responsables de ‘falsos positivos’? ¿Ellos irán a audiencias o la JEP expedirá las sanciones?
Como le digo, antes de finalizar el año serán oídos en audiencia de reconocimiento de responsabilidad varios de ellos considerados máximos responsables.
Sobre el reclutamiento de menores por parte de las Farc, ¿tiene razón el presidente Duque cuando dice que no se necesita mucha sofisticación para poder sancionarlos por ese tipo de crímenes?
Los procesos judiciales están supeditados a la Constitución y la ley, deben garantizar principios universales que rigen la administración de justicia en el mundo civilizado. Respetar esas normas no es una sofisticación, es el cumplimiento estricto del debido proceso.
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¿Es decir que el Presidente pide de la JEP decisiones que van contra la ley?
El Presidente, como todo el país, reclama no impunidad. Nosotros garantizamos que no habrá impunidad, pero siempre respetando la Constitución y la ley.
Pero, de todas maneras, el reclutamiento forzado es uno de los delitos de las Farc que más indigna y que más rechazan los colombianos. ¿Qué han encontrado?
Dada la gravedad y recurrencia de este delito, la JEP priorizó el caso de reclutamiento forzado y utilización de niñas y niños en el conflicto. Las cifras demuestran las dramáticas dimensiones de este crimen de guerra, así como la poca efectividad de la justicia ordinaria. Según la información recibida, incluido un informe de la Fiscalía, de 1998 a 2010 se recibieron 4.219 denuncias por el delito de reclutamiento forzoso, que dieron lugar a la apertura de igual número de investigaciones y que dan cuenta de 5.252 víctimas y 5.043 procesados. En 20 años solo se produjeron 10 condenas. De ellas tan solo 3 se profirieron en juicio, las 7 restantes fueron sentencias anticipadas.
Es decir, la justicia ordinaria, y no la especializada, es la responsable…
Los informes presentados, incluidos los de la Fiscalía, muestran una realidad inobjetable pues dan cuenta de décadas de inactividad de la justicia ordinaria frente a este tipo de delitos.
De todas maneras, víctimas de reclutamiento forzado han acudido a la JEP…
El caso abierto por la JEP ha vinculado a la fecha a 37 exintegrantes de las Farc, incluidos miembros del secretariado y el estado mayor, que darán sus versiones en los próximos días; se han acreditado aproximadamente 100 víctimas, y se están documentando los casos de 8.000 víctimas más.
¿Y han cooperado las víctimas?
Es un caso especialmente complejo por la renuencia y el temor de las víctimas de ser visibilizadas y estigmatizadas. Con un trabajo de aproximación y construcción de confianza hemos recibido informes de instituciones como Benposta, Pax Colombia, Women’s Link, Coalico. Con otras organizaciones, como Rosa Blanca, se sigue trabajando y están documentadas las reuniones y acercamientos.
El presidente Duque también le pidió esta semana a la JEP las que llamó ‘sanciones proporcionadas y ejemplarizantes’ para los exguerrilleros de las Farc…
Le puedo decir lo que con todo respeto le expresé al señor Presidente: todos los jueces en el mundo están obligados a aplicar el principio de proporcionalidad a la hora de imponer sanciones, como también están obligados a imponer las sanciones previamente establecidas en la Constitución y la ley. Los jueces transicionales aplicaremos con rigor esas sanciones y el país debe saber que son muy diferentes a las que se aplican en la justicia ordinaria.
El desbordamiento del orden público y el desafortunado nuevo escalamiento de la guerra, que se ha cobrado la vida de 574 líderes sociales y excombatientes, no es culpa de los jueces
¿Usted puede garantizar que habrá sanciones proporcionadas y ejemplarizantes?
Desde luego, siempre en el marco de lo que nos ordenan la Constitución y la ley.
El presidente Duque dijo que si la JEP hubiera actuado más rápidamente el año pasado, se habría podido evitar el rearme de ‘Santrich’ y ‘Márquez’…
El desbordamiento del orden público y el desafortunado nuevo escalamiento de la guerra, que se ha cobrado la vida de 574 líderes sociales y excombatientes, no es culpa de los jueces. El mantenimiento del orden público es obligación del Ejecutivo. No es responsable culpar a la JEP del rearme de unos disidentes de las Farc; es peligroso, pues claramente desvía las responsabilidades asignadas inequívocamente en un Estado de derecho sobre la celeridad de nuestras actuaciones.
El Centro Democrático pide reiteradamente acabar con la JEP…
Los resultados del trabajo de la JEP están a la vista. Se ha conocido más verdad en estos dos años que en muchos años previos de investigación, en temas sensibles como atentados, desminado, fosas comunes, ‘falsos positivos’, etc. Las víctimas han visto reconocidos sus derechos y su dignidad, como en ningún otro escenario judicial. Pero lo mas importante: no debe olvidarse que las sanciones principales que impondrá la JEP no son privativas de la libertad, sino restrictivas de la misma. Así lo dispuso el acuerdo de paz, así lo estipuló el Congreso y así lo avaló la Corte Constitucional. En la JEP cumpliremos lo que la Constitución y la ley nos ordenan.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
