Para marzo próximo, cuando se cumple el cuarto año de su puesta en marcha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá abiertos tres nuevos casos, para un total de 10, con los que espera cubrir todos los patrones macrocriminales del conflicto armado.
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Así lo dio a conocer, en entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, quien comienza la recta final de su periodo como presidente del alto tribunal.
Además, se refirió a las condenas que prepara la JEP contra exguerrilleros de las Farc, militares y civiles cuyos casos ya avanzan en la justicia transicional.
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Se refirió a las elecciones presidenciales de este 2022 y a los juicios que podrían comenzar luego de que la jurisdicción empezó a remitir expedientes a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que hace las veces de fiscalía del sistema.
¿Cuál es su balance de la gestión de la JEP durante el año que acaba de terminar?
La Jurisdicción hizo imputaciones sin precedentes a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Garantizó la participación masiva de víctimas. Los comparecientes, perpetradores de crímenes graves, han hecho importantes revelaciones de verdad en asuntos cruciales y que hasta ahora no eran conocidos y, de manera creciente, han comenzado, asimismo, a aceptar imputaciones, lo que ha recortado notoriamente el tiempo que se había previsto para dictar sentencias.
La comunidad internacional le ha brindado pleno apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha hecho saber que se trata de una institución esencial para consolidar la justicia y la paz en el país. Lo manifestado en respaldo de la JEP por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan no ha podido ser más rotundo y concluyente.
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¿Qué les quedó pendiente para este año que acaba de comenzar?
Para el 2022 hay tres tareas prioritarias que deben ser atendidas y completadas: la primera, realizar las audiencias de reconocimiento y emitir las resoluciones de conclusiones en los macrocasos 1 y 3, que son los más avanzados; la segunda, proferir los autos de determinación de hechos y conductas (imputaciones) de los otros cinco macrocasos ya abiertos, y finalmente, abrir los nuevos macrocasos, que comprenderán, entre otros, hechos de violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzada. Las investigaciones avanzarán con mayor fuerza, porque lo más complejo ya se hizo, y estaremos cada vez más cerca de las primeras sentencias.
Usted había dicho que las primeras condenas podían llegar en 2021. ¿Cuándo se empezarán a conocer?
La aceptación integral de cargos por los miembros del antiguo secretariado de las ex-Farc apuntaba a que se pudiera haber dictado una sentencia el año pasado, pero la reciente adición del cargo por esclavitud ha dado lugar a un recurso judicial.
Una vez se resuelva este punto, en ese macrocaso y en los más avanzados, en los que se presente igualmente aceptación de imputaciones, lo que está ocurriendo, se activarán las competencias judiciales del Tribunal para la Paz con miras a dictar esas primeras sentencias.
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Ya hay expedientes de exmilitares en manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). ¿Cuánto tiempo pueden tomar esos procesos?
La JEP se rige por el principio de estricta temporalidad. Ello obliga a todos los intervinientes en el proceso a aplicar en sus actuaciones los criterios de celeridad y eficiencia, sin que esto, por supuesto, afecte las garantías procesales de las partes.
Sostengo que los procesos judiciales adversariales en la JEP serán más ágiles y rápidos, pues están antecedidos de la fase no adversarial, en la que se acumula y contrasta a través de los macrocasos un nivel extraordinariamente superior de pruebas, informaciones, versiones, datos y elementos de todo tipo, de suerte que la unidad de acusación de la JEP ventilará desde el principio una acusación singularmente robusta.
¿Para la JEP es indiferente sancionar primero a los excombatientes de las Farc que a los militares?
Tenemos avances significativos en asuntos que involucran tanto a militares como a exguerrilleros. Las sanciones no dependen del título que ostenten. Lo más importante son las víctimas y el progreso en materia de esclarecimiento de la verdad.
Contra quien sea, definir las penas supone un desafío para la JEP. ¿Cómo van las sanciones propias?
Las sanciones propias tienen dos componentes, uno restrictivo de la libertad y uno restaurador o reparador. Las sanciones propias o restaurativas son esenciales si lo que se quiere es contribuir a la reconstrucción del tejido social roto por la violencia. Al Estado corresponde garantizar la oferta de planes, proyectos y programas aptos para reparar en los que los comparecientes puedan insertarse con el fin de cumplir sus sanciones. Esto lo he denominado ‘complejo restaurativo’. Ver a los perpetradores de los peores crímenes cumplir genuinamente trabajos y tareas que mitiguen los daños causados cambia por completo la idea de una justicia vengativa y abre la puerta de la reconciliación nacional. Ese es el camino que la JEP y el Gobierno Nacional conjuntamente abrirán en el curso del presente año. Será una novedad mundial.
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Ante la JEP, víctimas han realizado manifestaciones pidiendo que haya justicia.
Carlos Ortega. EFE
Varias víctimas han dicho que no quieren que los victimarios resulten, por ejemplo, sembrando árboles como condena. ¿Qué pueden esperar de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar) y las sanciones que imponga la JEP?
Las sanciones propias tienen dos componentes, los Toar (con contenido reparador) solo hacen parte de uno de ellos, del componente reparador. La JEP entiende que el contenido de este componente debe estar relacionado con el daño causado. Si sembrar árboles aporta a la reparación, no debería ser visto como algo indeseable.
Piense, por ejemplo, en el caso de crímenes con connotación ambiental. En otro tipo de delitos, seguramente las acciones de reparación serán de otra naturaleza. Debe recordarse que la definición de las sanciones se hace con la participación de las víctimas y que es el resultado de un diálogo que busca acordar las actividades que mejor se adecuen al daño y que generen la mayor reparación posible.
A propósito de las demandas de las víctimas, ¿cuándo van a abrir los nuevos macrocasos que ellas vienen pidiendo?
Tenemos previsto, para este 2022, abrir tres nuevos macrocasos: uno sobre daños a pueblos étnicos; otro sobre paramilitarismo, terceros y agentes del Estado, y uno más, que es el caso sombrilla Farc-Ep, que, a su vez, se compone de tres subcasos: el de medios y métodos ilícitos de guerra, el de control territorial y social, y el de crímenes no amnistiables cometidos por las estructuras urbanas.
En todos estos casos, se investigarán crímenes como la violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las masacres. Con esta nueva priorización que vamos a aplicar se cubrirán todos los patrones de macrocriminalidad ocurridos en el conflicto, y se identificarán y llamarán a reconocer a todos los máximos responsables.
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Vamos a otros temas. En 2021, la JEP recibió uno de los mayores espaldarazos, ¿qué significó la visita de la CPI?
El respaldo de la comunidad internacional ha sido una constante en la vida institucional de la JEP. El reciente apoyo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se suma a esa serie de manifestaciones y acciones provenientes del exterior.
Su decisión de cerrar condicionadamente el examen preliminar que tenía sobre Colombia significa que se reconoce que la JEP es un mecanismo jurisdiccional capaz, necesario y eficaz para acabar con la impunidad y hacer justicia.
El presidente Iván Duque y el uribismo han sido críticos de la JEP. ¿Qué esperan del presidente que será elegido este año?
El acuerdo de paz es ante todo un compromiso de Estado. La JEP, como componente de la Constitución, íntimamente ligado a los derechos de las víctimas, se encuentra sustraída del debate electoral coyuntural. El nuevo presidente, al jurar cumplir con la Constitución y los deberes internacionales de Colombia, debe ser un leal constructor de paz, y estoy seguro brindará a la JEP todo su apoyo material, salvo que quiera precipitar la intervención de la Corte Penal Internacional.
(En contexto: Desde 2016 han asesinado 883 líderes sociales; en 2021 van 130: Defensoría)
¿Cómo ven el asesinato de excombatientes y líderes sociales que se sigue registrando en varias zonas del país?
La JEP es un espacio único de verdad y justicia, cuyo éxito consolida la paz. El asesinato de quienes comparecen ante esta jurisdicción y de líderes comunitarios no puede ser tolerado por la sociedad colombiana y arruina toda posibilidad de futuro. Ello no puede ser considerado como algo que pertenece a la normalidad, cuando en realidad nos degrada a todos.
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La evaluación sobre la verdad de lo dicho, que puede tener incidencia en el régimen de condicionalidad de los comparecientes, debe hacerse en una instancia posterior: luego de que se declare la competencia –si esto llega a pasar– y cuando avance el proceso dialógico de contrastación en el que intervienen las víctimas.
Salvatore Mancuso en una transmisión, durante un evento de laComisión de la Verdad.
Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso volvió a solicitar su ingreso a la JEP…
La Sala de Reconocimiento negó la solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso y esta decisión fue apelada por su representante. La Sección de Apelación, a la que pertenezco, conoce del recurso.
La JEP ya ha aceptado a personas, como el excongresista Álvaro García (de quien la justicia ordinaria dijo que era miembro orgánico de las Auc). ¿Por qué la puerta sigue cerrada para Mancuso?
Una apelación dentro del caso de Álvaro García también está pendiente de decisión en la Sección. En consecuencia, no puedo pronunciarme al respecto.
¿Cuál es el mensaje de la JEP sobre aquellos que no cuenten la verdad, no reconozcan ni aporten información nueva?
Los que no dicen la verdad ante la JEP o la defraudan ya saben que pueden ser expulsados del sistema o arriesgan terminar con penas de prisión hasta de 20 años si resultan vencidos en juicio.
Su periodo como presidente acaba este año. ¿Cuál espera que sea su legado?
Mi única aspiración es dejar más justicia y más verdad. Los resultados efectivos alcanzados se van a multiplicar este nuevo año. En el ámbito de cada uno de los primeros siete macrocasos, así como de los nuevos que se abrirán en los primeros tres meses del año, se abarcará más verdad, mayor asunción de responsabilidad y más posibilidades reales de restauración.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @julianrios_m
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